Los fondos Attestor Master y Bainbridge, acreedores que mantenían litigios contra la Argentina por bonos en default desde 2001, solicitaron ante la Justicia de Estados Unidos el cierre definitivo de las causas luego de confirmar que ya cobraron los montos pactados con el Gobierno de Javier Milei.
Las presentaciones judiciales marcan un paso clave en los procesos abiertos en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, donde se concentra la mayor parte de las demandas vinculadas a la deuda en default. En ese fuero, actualmente a cargo de la jueza Loretta Preska, Bainbridge comunicó formalmente que la sentencia a su favor fue satisfecha en su totalidad.
El escrito presentado el 29 de julio detalla que el fondo había obtenido un fallo firme el 1° de diciembre de 2020 por sus tenencias de bonos en default. Posteriormente, el 1° de abril de 2026, Bainbridge y la Argentina alcanzaron un acuerdo de cierre que contempló el pago total del capital, intereses y otros reclamos derivados. “El fallo a favor de Bainbridge quedó totalmente satisfecho con el pago”, indicó el documento presentado ante la corte.
Departamento de Justicia de EEUU.
En paralelo, Attestor Master también confirmó haber percibido el monto acordado y avanzó en el mismo sentido al requerir la finalización de los procesos judiciales en los que intervenía. Ambos fondos formaban parte del grupo de holdouts que no habían ingresado a los canjes de deuda posteriores al default.
El pedido de cierre de las causas se produjo luego de que el Congreso argentino ratificara los acuerdos alcanzados con los acreedores, un requisito necesario para habilitar los pagos.
La ley correspondiente fue aprobada a fines de junio y publicada el 1° de julio en el Boletín Oficial, contemplando dos acuerdos diferenciados: uno con Bainbridge y otro con un conjunto de fondos liderado por Attestor Master.
La jueza Loretta Preska.
Según lo informado oficialmente, Bainbridge recibió USD 67 millones en concepto de cancelación total de su reclamo. En el caso de Attestor Master, el monto habría rondado los USD 104 millones, aunque los detalles completos del acuerdo no fueron difundidos públicamente.
A partir de estas presentaciones, ambos fondos dejarán de figurar como litigantes activos contra la Argentina en los expedientes vinculados a la deuda en default. De este modo, las causas avanzan hacia su cierre definitivo en la jurisdicción estadounidense.
El Tesoro había señalado previamente que los pagos se registrarían como “servicios de la deuda”, aunque restaba definir el momento de los desembolsos. La confirmación realizada por los propios acreedores ante la Justicia indica que esa instancia ya fue cumplida.
Con el avance de estas solicitudes de cierre, los expedientes iniciados tras el default de 2001 continúan su proceso de finalización en los tribunales internacionales.
