Máximo Kirchner afrontará su primer juicio oral por lavado de dinero junto a su madre

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°5 y se desarrollará presencialmente en Comodoro Py, con audiencias los lunes, viernes y sábados. El tribunal incluso habilitó los sábados 24 y 31 de octubre y parte de la feria judicial de enero con el objetivo de mantener la continuidad del debate.

La situación judicial de Máximo Kirchner no terminará allí. Los magistrados resolvieron separar Los Sauces de Hotesur, otro expediente en el que también está acusado y cuyo juicio comenzará el 19 de marzo de 2027, apenas unos meses después del inicio del primer proceso.

En Hotesur, la acusación se concentra en pagos realizados por empresas de Báez mediante la contratación de habitaciones en hoteles pertenecientes a la familia Kirchner que, según la fiscalía, presuntamente no eran utilizadas.

Los dos expedientes habían sido tratados conjuntamente durante años, pero el tribunal decidió separarlos al considerar que poseen objetos procesales distintos y que mantenerlos unidos podía extender el debate durante más de dos años.

Así, Máximo Kirchner ingresará el 23 de octubre a una nueva etapa judicial, esta vez sentado por primera vez ante un tribunal oral para responder por las acusaciones formuladas en Los Sauces y con un segundo juicio ya programado para 2027.

La empresa Los Sauces S.A. fue creada en noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner y comenzó a facturar años después mediante el alquiler de distintos inmuebles. Según la acusación, entre 2009 y 2016 las compañías vinculadas a Báez y al Grupo Indalo pagaron $25.968.042,30, equivalentes a aproximadamente el 88% de la facturación de la firma familiar.

La hipótesis que llegará a juicio sostiene que esos contratos inmobiliarios habrían funcionado como una vía para transferir dinero hacia las sociedades de la familia Kirchner bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas. En particular, la investigación analiza pagos relacionados con propiedades alquiladas por empresas de Báez y de Cristóbal López y busca establecer si existió una conexión entre esos fondos y beneficios previamente obtenidos por los empresarios.