La ciudad de Córdoba diseña un plan para afrontar millonarios vencimientos de deuda externa

El Palacio 6 de Julio enfrenta un compromiso financiero de gran magnitud para finales de marzo con el vencimiento de la sexta cuota de capital. Se trata de una deuda contraída originalmente en el año 2016 dividida en 8 cuotas, que obliga a la gestión actual a pagar unos 25 millones de dólares. El intendente Daniel Passerini busca alternativas de financiamiento que permitan estirar los plazos de pago y aliviar la presión sobre el tesoro local.

Durante los últimos dos años, Córdoba capital ya logró cancelar casi 100 millones de dólares correspondientes a este pasivo emitido en el exterior. Todavía resta saldar la mitad de ese monto total, por lo que el municipio debe disponer en marzo de unos $57.000 millones para los vencimientos. La secretaría de economía local indaga distintas herramientas financieras para cubrir las dos cuotas anuales que suman unos US$50 millones.

El plan oficial contempla la solicitud de autorización al Ministerio de Economía de la Nación para lanzar nuevos títulos de deuda en moneda nacional. La intención es concretar emisiones de letras y bonos por una cifra que supera los $200.000 millones para cubrir obligaciones previas inmediatas. Se proyecta un bono a 24 meses por $155.000 millones junto a una letra a 12 meses por un valor cercano a los $50.000 millones.

Estrategias para captar nuevo financiamiento externo

Existe una marcada expectativa por la posible reapertura del mercado internacional tras la colocación de US$800 millones de la Provincia. No obstante, las negociaciones con los tenedores privados de Nueva York, liderados por el grupo chileno Moneda, no han arrojado resultados positivos. Hasta el momento, el municipio asume que deberá afrontar los US$100 millones restantes entre los años 2026 y 2027 de manera inevitable.

A pesar de la negativa para un reperfilamiento directo, los funcionarios locales apuntan a gestionar esquemas que otorguen un mayor plazo de pago. La gestión nacional impone criterios de responsabilidad fiscal que obligan a las jurisdicciones a buscar soluciones propias sin depender de salvatajes. El objetivo es salir de este atolladero financiero mediante la captación de recursos en el mercado de capitales bajo condiciones mucho más favorables.

La municipalidad también decidió modificar su postura histórica respecto al Acuerdo Federal impulsado por la administración del gobernador. Tras la aprobación en el Concejo Deliberante durante diciembre pasado, la ciudad comenzó a ceder mensualmente un 2% de su coparticipación local. Este esquema permite regularizar pasivos con la Caja de Jubilaciones y Epec mediante planes de pago que se extienden hasta los 10 años.

Apoyo provincial para sostener la infraestructura

La consolidación de estas deudas con organismos estatales representa un alivio significativo para el flujo de caja diario de la administración local. Aunque el monto total de la refinanciación aún no se ha determinado con exactitud, se espera que este mecanismo fortalezca la capacidad de gestión. Gracias a este convenio, la ciudad accede a fondos para obras de infraestructura.

Actualmente, se registra un avance del 50% en los trabajos de pavimentación de 800 cuadras que cuentan con el financiamiento del gobierno provincial. También se llevan adelante tareas críticas de bacheo y construcciones viales de envergadura, como el altonivel ubicado sobre la avenida Vélez Sársfield. La sistematización de la avenida Bodereau forma parte de este conjunto de mejoras que buscan optimizar la movilidad en los diferentes barrios.

Sin embargo, proyectos relevantes para la zona sur, como el Camino a 60 Cuadras y San Antonio, sufrieron bloqueos legales en el Tribunal de Cuentas. Estas licitaciones fueron frenadas por la mayoría opositora, lo que posterga las mejoras en iluminación y sistematización vial para dichos sectores. La gestión de Passerini deberá aguardar nuevas instancias administrativas para retomar estas obras que se ubicarán en la periferia de la ciudad.