Córdoba debate la prohibición total de los cuidacoches ilegales
La Legislatura de Córdoba se prepara para retomar una discusión sobre la erradicación definitiva de los cuidacoches ilegales
porLeonel Elokdi
politica
La Legislatura busca eliminar la extorsión en la calle ante el hartazgo social por la violencia de estos delincuentes.
El Poder Legislativo de Córdoba se prepara para retomar una discusión crucial sobre la erradicación definitiva de los cuidacoches ilegales. Estos sujetos suelen adueñarse del espacio público mediante métodos extorsivos que generan una profunda inseguridad en todos los ciudadanos locales. La población exige terminar con esta actividad delictiva para evitar represalias físicas y daños materiales al estacionar sus vehículos particulares.
El ministro Juan Pablo Quinteros impulsa una reforma severa que pretende eliminar el artículo 60° del actual Código de Convivencia en la provincia. Dicha normativa permite el trabajo de cuidacoches ilegales bajo la falsa premisa de una supuesta y dudosa voluntad en el pago que el usuario realiza. Borrar este apartado legal es un paso necesario para que las fuerzas policiales puedan actuar con contundencia frente a estas conductas tan agresivas.
Es imperativo que la política de Córdoba prohíba esta práctica abusiva en lugar de intentar regular un delito que resulta evidente en cada esquina. Permitir que ciertos cuidacoches ilegales sigan operando mediante cooperativas solo perpetúa un sistema de protección para quienes violan las normas. La seguridad de los vecinos debe primar sobre cualquier intento de formalizar una tarea que se basa en la intimidación constante y el cobro ilegal.
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Fin de la extorsión en las calles
La Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas, recibirá a intendentes para analizar la aplicación de medidas en toda la provincia. Es fundamental que el rechazo a estos delincuentes sea uniforme en cada localidad para impedir que se trasladen de una jurisdicción a otra libremente. La coordinación entre los diferentes niveles del Estado será la clave para desarticular a estas mafias que lucran con el miedo de los conductores.
El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda sostiene con firmeza que esta actividad es simplemente una extorsión disfrazada de falsa seguridad urbana. No se puede permitir que la convivencia pacífica se vea alterada por individuos violentos que exigen dinero a cambio de no dañar la propiedad ajena. El debate parlamentario debe enfocarse en soluciones drásticas que devuelvan el orden y el respeto por el derecho a transitar y estacionar libremente.
Los ciudadanos de bien ya manifestaron su hartazgo total ante la presencia de estos cuidacoches ilegales que violentan constantemente la vida cotidiana en los barrios de Córdoba Capital. Los legisladores tienen la oportunidad y la obligación de limpiar el espacio público y garantizar que nadie sufra agresiones por negarse a pagar un canon. Una prohibición estricta, total y sin concesiones es la única respuesta válida ante un problema social que escaló hacia niveles de violencia intolerables.
