El primer ministro Kishida prepara una reforma del sistema impositivo que combina aumentos y desgravaciones, y comprende un aumento neto de ingresos fiscales que serán destinados para alcanzar a duplicar el gasto público en defensa en 2027.

La administración del derechista Partido Liberal Democrático japonés, presidida por el primer ministro Fumio Kishida, lanzó oficialmente una gran reforma fiscal y tributaria que afecta a los principales impuestos del país, entre ellos Ganancias de Personas Físicas, Sociedades, Patrimonios y Consumo.

La reforma oficialista combina rebajas tributarias específicas destinadas a favorecer la inversión privada, y al mismo tiempo aumentos impositivos discrecionales para financiar la duplicación del gasto público en defensa nacional. Se estima que el gasto en defensa logre superar el 2% del PBI para el año 2027. Se trata de una reforma de índole mixto, ni expansiva ni contractiva en relación al nivel de actividad.

Impuestos corporativos

La reforma contempla una amplia revisión de los incentivos sobre la inversión en investigación y desarrollo (I+D). Las bonificaciones fiscales sobre la actividad inversora se amplían por 3 años más, y la tasa mínima para los créditos subsidiados caja del 2% al 1% anual.

También se modifica el monto máximo de crédito fiscal que puede suscribir una empresa. Hasta ahora existía un tope por el 25% de la obligación tributaria anual, pero ahora se aplicará un sistema de límites variables dependiendo del grado de inversión en investigación y desarrollo y se podrán permitir límites más altos.

Se amplían las bonificaciones impositivas por un período de 5 años para empresas que aumenten sus ventas anuales en 1,7 veces, o que alcancen una facturación anual superior a los 3.300 yenes, entre otros requisitos posibles para acceder al beneficio.

Por otra parte, se extiende por un período de 2 años la tributación rebajada para las empresas pymes en Japón, con una tasa reducida de 15% en lugar del 30,6% aplicable para las empresas con una facturación anual superior a los 4 millones de yenes.

Desde el punto de vista contractivo, la reforma crea una sobretasa que varía entre el 4% y el 4,5% sobre el impuesto general de sociedades. Al mismo tiempo se añade una deducción estándar general de 5 millones de yenes anuales para que las empresas pymes no se vean afectadas por el sablazo fiscal.

El llamado “Impuesto sobre la renta especial de reconstrucción”, destinado para asegurar recursos por desastres naturales, tendrá una rebaja del 1% sobre su alícuota nominal aplicable a empresas y cooperativas. También se extenderá su duración hasta más allá del año 2037 (como originalmente estaba previsto).

Impuesto a las Ganancias, sucesiones y consumo

El Gobierno japonés creará una nueva deducción estándar equivalente a los 1,1 millones de yenes sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, lo cual facilita que muchas personas dejen de pagar el tributo. Pero por otra parte, se amplía de 3 a 7 años el período de exigencia en el cual se deben incluir las donaciones percibidas para el cómputo del impuesto al momento de producirse la herencia.

El impuesto a las Ganancias para personas físicas tendrá un recargo máximo del 1% sobre las alícuotas marginales más elevadas, que ya de por sí fueron aumentadas del 50,8% a casi el 56% durante la reforma impositiva del año 2016.

Otra gran fuente de recursos para financiar el aumento del gasto militar será el aumento impositivo al tabaco hasta 3 yenes por cigarrillo, implementado progresivamente en 3 etapas. Aún así, no se incluyeron modificaciones sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Por primera vez en 10 años el aumento en el techo de la deuda pública incluirá un fuerte ajuste fiscal nominal para el Presupuesto 2024. La oposición logró una reducción de casi el 20% en comparación a la propuesta fiscal original presentada por Biden.

Después de semanas de negociaciones y con un default a la vuelta de la esquina, la agenda fiscalmente conservadora del Partido Republicano terminó por imponerse a la excesiva laxitud demostrada por el presidente Joe Biden en los primeros dos años de su administración.

A partir de la próxima Ley de Responsabilidad Fiscal, el levantamiento legal en el tope de la deuda pública incluirá una fuerte reducción nominal sobre el gasto público por primera vez en más de 10 años, una clausula que impuso el presidente de la Cámara de Diputados, Kevin McCarthy.

Las sucesivas actualizaciones sobre el techo de la deuda no habían podido delimitar un sendero creíble de reducción de déficit, a pesar de los esfuerzos de la administración Trump entre 2017 y 2018 de implementar la norma de ajuste fiscal PAYGO, que quedó postergada cuando los demócratas tomaron control del Congreso en 2019.

Los republicanos lograron un acuerdo para que el gasto público nominal del Gobierno federal estadounidense caiga a los US$ 583.000 millones en el año fiscal 2024, frente a los US$ 722.000 millones que pretendía aprobar Biden. Esto implica un fuerte ajuste nominal equivalente al 19,25% considerando ambas propuestas.

De hecho, el gasto público nominal correspondiente al año fiscal 2024 será incluso un 6,7% inferior al que efectivamente se aprobó para 2023, y un 1,35% más modesto en comparación con el año 2022. En términos del PBI, esto supone un ajuste fiscal contundente que sin lugar a dudas disminuirá el déficit fiscal del Gobierno. 

Posteriormente, la propuesta republicana establece un tope de aumento nominal fijado en el 1% anual entre 2025 y 2030. El gasto público reducirá constantemente su participación en relación al tamaño de la economía, aún habiéndose calculado un aumento relativo en partidas como la seguridad social y el pago neto de intereses por la deuda pública.

Con la propuesta original del presidente Biden, el gasto público nominal hubiera continuado creciendo hasta superar los 1,9 billones de dólares en el año 2030. El acuerdo patrocinado por la oposición permite que el gasto nominal no supere el los 1,7 billones de dólares para el mismo período.

El ajuste recaerá exclusivamente sobre el gasto público no vinculado a la defensa nacional y las erogaciones militares. El acuerdo con los demócratas también incluye que ni los gastos previstos para la seguridad social ni tampoco los del Medicare se verán afectados, aunque fueron incluidas pequeñas reformas parciales sobre los requisitos para acceder a los programas sociales.

“En otras palabras, gastaremos menos dinero el próximo año que este año, deteniendo el gasto inflacionario y financiando completamente nuestra defensa nacional, cumpliendo con nuestras obligaciones con nuestros veteranos y preservando y protegiendo el Seguro Social y Medicare”, explica el comunicado de Kevin McCarthy.

El déficit fiscal también se reducirá permanentemente, ya que las previsiones sugieren que la recaudación federal se mantendrá relativamente estable entre el 31% y el 32% del PBI hasta 2028, mientras que la previsión para la participación del gasto es cada vez más baja. El proyecto de acuerdo entre Biden y la oposición no incluye aumentos impositivos.

No one thought @HouseGOP would be able to secure a deal that cuts spending & reduces the deficit. In a divided government, no deal is perfect but this is more consequential than any in recent history. pic.twitter.com/PDAIgTecoV

— Congressman Nick Langworthy (@RepLangworthy) May 29, 2023

Se aplicará un cepo absoluto para la compra de vehículos y piezas automotrices a través del mercado cambiario legal. La cancelación efectiva de las operaciones tendrá lugar sólo después del 10 de diciembre de 2023, pasando la bomba a la próxima administración sin importar quién gane.

En plena retirada, el Gobierno kirchnerista autorizó un cepo cambiario absoluto, 100% de inhabilitación para acceder al dólar oficial, para la importación de automóviles y piezas de ensamblaje por parte de las automotrices. No habrá ni un sólo dólar para estos efectos hasta el 10 de diciembre de 2023, con lo cual se traslada toda la carga para la próxima administración.

Hasta ahora, el Gobierno en coordinación con el Banco Central estipulaba un período de 120 días en el cuál las empresas importadoras debían usar sus propios dólares para financiar operaciones con el exterior, y sólo pasado ese período se podía acceder al tipo de cambio oficial. Pero el plazo se amplió hasta los 195 días y de esta manera el acceso al mercado cambiario legal solo comenzará hacia la primera semana de diciembre.

En caso de que algunas operaciones puedan adaptarse a este caótico sistema y cuya cancelación efectiva pueda darse en diciembre, en la práctica se configura una bomba de tiempo para el próximo Gobierno porque deberá hacerse cargo de la obligación retenida por el Banco Central.

De hecho, la postergación del pago de importaciones crece todos los días y el BCRA acumula cada vez más obligaciones de cambio a futuro, mientras que al mismo tiempo el nivel de las reservas netas ya opera en terreno negativo.

Desde el punto de vista de las empresas la incertidumbre es casi total, ya que no solo no hay garantías para que efectivamente puedan cancelarse las operaciones una vez pasados los 195 días (como tampoco las hubo tras los 120 días), sino que tampoco se sabe a ciencia cierta a qué tipo de cambio deberán reclamar el cobro de esos dólares.

El sector automotriz se perfiló como uno de los principales impulsores de la actividad hasta el momento, uno de los pocos que logró compensar la fuerte caída de la producción agropecuaria y la retracción del consumo minorista. Pero las nuevas restricciones amenazan con poner fin a esta situación, apagando uno de los últimos motores que aún le quedaban a la economía.

El problema cambiario parece irresoluble sin una drástica devaluación oficial. La brecha entre el dólar paralelo y el oficial continúa fluctuando entre el 97% y el 100%, a pesar de las fuertes intervenciones sobre los mercados financieros alternativos y los sucesivos lanzamientos del “dólar soja”.

La renegociación del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hoy constituye el último salvavidas para evitar un desborde inflacionario y cambiario mayúsculo, ya que el Gobierno necesita urgentemente la garantía para la llegada de los próximos desembolsos, e incluso con adelantos.

Mientras se produce la renegociación, el Gobierno “administra” la escasez de divisas al tipo de cambio oficial mediante nuevas extensiones del cepo, y más endeudamiento externo con China o con organismos de crédito multilateral como el BID y el Banco Mundial.