El Gobierno de Fernández restableció una serie de ramales abiertamente ineficientes y deficitarios que deberán ser costeados por el grueso de la sociedad. La Operadora ferroviaria proyecta pérdidas de por lo menos 265.833 millones de pesos para 2023.

Completamente abstraído de la realidad, el presidente Alberto Fernández anunció que las empresas del Estado tendrán un peso creciente en el orden de prioridades fiscales para el año 2023, por encima de las necesidades más urgentes como la educación, la salud o los efectos dramáticos que genera la inflación.

El Gobierno restableció oficialmente la ruta ferroviaria para pasajeros que conecta la Ciudad de Buenos Aires con la Ciudad de Palmira, a 25 kilómetros del centro de Mendoza. La decisión involucra un gran costo financiero que deberá ser sostenido por el grueso de la sociedad, en el marco de una situación económica especialmente delicada. Los beneficios puntuales de una zona geográfica limitada deberán ser costeados por la totalidad de los contribuyentes. 

El nuevo tren de pasajeros promete una demora entre 26 y hasta 28 horas para recorrer una distancia de 1.000 kilómetros, lo cual implica un viaje muy poco convencional, agotador y extremadamente incómodo para los usuarios. El mismo viaje por la misma ruta restablecida y por la misma cantidad de kilómetros alcanzaba una duración máxima de hasta 20 horas hacia el momento de su clausura en 1993, por lo que los trenes actuales del Estado son más lentos que hace 30 años.

La calidad de los servicios deja mucho que desear y pone en jaque la viabilidad del proyecto kirchnerista, pero sin lugar a dudas el mayor costo a pagar son las pérdidas monetarias. Solamente la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (la entidad ferroviaria más importante del país) presentó un presupuesto deficitario con un rojo de 265.833 millones de pesos para 2023. 

La mayor ferroviaria estatal de Argentina le costará a la sociedad el equivalente a 3,5 millones de dólares todos los días, y solamente si se cumple exitosamente la meta presupuestaria pautada para la totalidad del año.

Los Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), el holding que centraliza todas las operaciones desde la estatización integral del sistema en 2015, promete liderar el déficit consolidado de las empresas públicas este año. El Presupuesto 2023 presentado por Sergio Massa proyecta un rojo total de por lo menos el 0,24% del PBI para la totalidad de los trenes, una partida únicamente superada por el déficit programado de ENARSA (la empresa estatal importadora de energía).

En plena crisis económica y social, el Gobierno nacional gastará el equivalente a todo el Programa Alimentar (0,3% del PBI de acuerdo al Presupuesto 2023) para mantener el déficit operativo de los trenes estatales, a fin de mantener servicios poco competitivos.

Asimismo, los trenes del Estado consumen el equivalente a la mitad de todos los recursos que se destinan para costear la Asignación Universal por Hijo (AUH). Cabe señalar que las mediciones preliminares de la tasa de pobreza sugieren que ya se habría alcanzado y superado el 42% hacia el semestre móvil finalizado en febrero de 2023.

Los ramales ferroviarios para viajes de pasajeros a larga distancia en regiones con escasa densidad poblacional simplemente constituyen proyectos antieconómicos, que no tendrían mayor asidero en el sector privado. El desarrollo de este tipo de servicios no puede ser rentable, por lo que el Estado siempre deberá asumir una posición subsidiaria que, en última instancia, se traslada al bolsillo del grueso de la sociedad en desmedro de otras prioridades mucho más importantes.

El déficit cuasi-fiscal crece a tasas cada vez más aceleradas, y solo demora 5 meses en generar una nueva base monetaria por la emisión. El Banco Central paga el equivalente al 0,8% del PBI cada mes para mantener los intereses de la deuda remunerada. 

Los desequilibrios monetarios de la economía argentina son los más profundos desde el primer semestre de 1989. La deuda remunerada del Banco Central (la posición de Leliq y Pases) concentra el equivalente al 230% de la base monetaria que efectivamente circula en la economía.

En otras palabras, más de dos bases monetarias se encuentran virtualmente “atrapadas” en los instrumentos remunerados del BCRA, suponiendo un peligro hiperinflacionario siempre latente. Se suma un total de 11,8 billones de pesos reprimidos por el sistema, de los cuales el 76% lo componen las Leliq y el 24% restante se encuentra bajo la posición de Pases. Este fenómeno se conoce como “sobrante monetario” y fue muy usual en las economías socialistas del siglo pasado.

La relación entre pasivos remunerados y la base monetaria es la más alta desde marzo de 1989, precisamente el mes que antecedió al peor episodio hiperinflacionario en la historia de Argentina.

Algunos analistas aún descartan un mayor estallido del sistema, debido a que la mayor parte del crecimiento relativo de la deuda remunerada frente a la base monetaria se debe a que esta última desaceleró notoriamente su expansión (y de hecho está cayendo en términos reales). Desde este punto de vista, se alega que el stock de pasivos remunerados todavía permanece “relativamente estable” en alrededor de los 11 puntos del PBI desde 2017.

Sin embargo, este escenario podría dejar de ser representativo si se tiene en cuenta la dinámica de los intereses que paga esa deuda. La política de esterilización monetaria llevó al BCRA a retirar pesos del mercado mediante la colocación de deuda remunerada por intereses, a fin de combatir la inflación y aminorar al menos una parte del impacto de monetizar el déficit. Pero lo que se encuentra fuera de control es la carga por los propios intereses que este mecanismo genera. 

Solamente en lo que va de marzo, el BCRA debió imprimir hasta 800.000 millones de pesos para pagar los intereses de las Leliq y los Pases, el equivalente al 0,8% del PBI de referencia para ese mes. La posición acumulada de 12 meses por el pago de intereses, formalmente el déficit cuasi-fiscal, escaló al 5% del PBI en marzo de 2023 y no se observaba algo semejante desde 1989. De continuar por este camino a 1 año vista, el BCRA se vería forzado a imprimir dinero para pagar hasta el 9,6% del PBI en materia de intereses por remuneración de sus pasivos. 

La inflación minorista superó el 102,5% interanual en febrero de 2023, mientras que la mayorista alcanzó el 104,5% en el mismo período. Estos resultados se dieron a pesar de que se retiene el equivalente a 2 bases monetarias adicionales dentro del BCRA, dinero que no circula y que, de hacerlo efectivamente, generaría rápidamente una hiperinflación.

La autoridad monetaria dirigida por el radical Miguel Pesce dispuso de un nuevo aumento de la tasa de interés por las Leliq, llevándola al 78% anual y hasta 112,98% en términos efectivos (si se reinvierte el capital por 12 meses). 

Lo que comenzó como una maniobra anti-inflacionaria, ahora genera el efecto inverso: actualmente el pago de intereses por deuda remunerada es el principal factor explicativo para la expansión de la base monetaria cada mes. Aún retirándose pesos del mercado, el mero pago de intereses hace que la tarea se vuelva completamente inútil para bajar la inflación, incluso de manera independiente del déficit fiscal del Tesoro nacional. 

El déficit cuasi-fiscal genera un mecanismo de emisión monetaria endógena, independiente de los déficits y con “vida propia”. Se configura como el principal obstáculo para anclar expectativas inflacionarias a futuro, y la principal piedra en el camino para cualquier tipo de intento de estabilización.

El “socialismo del siglo XXI” decidió nacionalizar y apropiarse de los fondos para el futuro de millones de personas, a fin de obtener recursos frescos con los cuales financiar el abultado déficit fiscal. Al mismo tiempo se recrudece la corrida contra el peso y la escasez de divisas.

La relativa estabilidad macroeconómica que Bolivia mantuvo en las últimas décadas parece poco a poco llegar a su fin. Completamente colmado por problemas de índole fiscal, el Gobierno del presidente Luis Arce anunció la expropiación de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de capitalización que le permitió a los bolivianos acceder al derecho a una jubilación garantizada tras la quiebra del régimen de reparto en 1996.

El Gobierno boliviano llevó adelante una política fiscal extremadamente irresponsable en los últimos años: el déficit fiscal se mantiene por encima del 7% del PBI desde el año 2016, y alcanzó un récord histórico de hasta el 12,7% del producto durante la pandemia. La mayor parte del financiamiento fue la deuda pública (interna y externa), aunque una parte significativa logró monetizarse exitosamente debido a la sólida demanda de dinero que se mantuvo gracias al sistema cambiario del país.

La violenta corrida contra el peso llevó a miles de personas a acudir a los bancos para convertir sus ahorros en dólares, temiendo una posible devaluación y un cambio de régimen en el sistema monetario del país. En esta situación, la monetización del déficit se vuelve inflacionaria (no hay demanda contra la cual contrarrestar la emisión), y el socialismo apuesta a utilizar los fondos acumulados en las cajas previsionales. 

El presidente Arce dispuso la emisión de Bonos soberanos a 20, 30 y hasta 50 años con tasas de interés que fluctúan entre el 4,8% y el 5,1% anual, los cuales serán usados para consumar progresivamente la estatización del sistema previsional hacia mayo del año 2024. 

Bolivia reanudará nuevamente el sistema de reparto estatal, con lo cual los aportes a la seguridad social dejarán de acumularse en cajas de previsión para pasar a respaldar las jubilaciones actuales de acuerdo a los estándares que disponga el Estado. 

Del mismo modo en que lo hizo el kirchnerismo en Argentina durante el año 2008, el Gobierno de Arce se vale de una importante caja de recursos con la cual podrá seguir manteniendo el financiamiento del déficit, a costa de resignar el futuro y el esfuerzo de años de aportes para millones de personas.

Sin embargo, y a pesar de las medidas, el frente cambiario todavía permanece a la deriva. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia cayeron en 11.585 millones de dólares desde el año 2015. La autoridad monetaria mantiene un tipo de cambio fijo y libre de mayores restricciones desde el año 2009, en torno a los 6,9 pesos bolivianos por dólar.

La paridad estable permitió anclar las expectativas inflacionarias, y crear una suerte de contracara en demanda de pesos por cada vez que el Gobierno debió monetizar grandes cantidades de déficit fiscal. Sin embargo, la falta de disciplina monetaria y fiscal se cubrió con reservas, y estas cayeron al nivel más bajo de los últimos 16 años.

Cada vez más ahorristas deciden dolarizarse en temor por las posibles represalias del Gobierno, entre otras operaciones temiendo una posible devaluación del tipo de cambio oficial (hasta negado por el oficialismo) o la introducción de restricciones a la compra de divisas (una respuesta similar a la que dio Argentina en 2011).