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Economía

El día que la izquierda le cerró las puertas al progreso de América Latina: a 16 años del rechazo al ALCA

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Este 5 de noviembre se cumplieron 16 años de la IV Cumbre de las Américas, marcada por un lamentable rechazo al que podría haber sido el mayor acuerdo de libre comercio de la historia del continente. El Foro de Sao Paulo le cerró las puertas al progreso económico y social de la región.

Un 5 de noviembre de 2005 era rechazado el famoso proyecto ALCA, formalmente el Área de Libre Comercio de las Américas, que proponía un pacto multilateral que buscaba incluir a todos los países americanos (con la sola excepción de la dictadura cubana) y suponía la apertura comercial más grande de la historia del continente.

Los primeros acuerdos preliminares fueron establecidos en 1994, cuando la región latinoamericana se mostraba entusiasta por el Consenso de Washington, las privatizaciones, la desregulación y la apertura comercial. Esta tendencia era practicada en la mayor parte de los países del mundo.

En 2005, el presidente republicano George W. Bush se encontraba completamente comprometido con el avance en la liberalización comercial de América, una condición necesaria para el desarrollo económico y la generación de competitividad. Esta visión fue llevada adelante en la IV Cumbre de las Américas bajo la iniciativa del Presidente estadounidense.

Bush se propuso concretar un acuerdo de libre comercio a nivel continental como una de sus principales metas para su segunda administración. Esto suponía, además, seguir profundizando las “reformas estructurales de segunda generación” plasmadas en el Consenso de Washington para que los países adherentes al acuerdo pudieran adaptarse exitosamente.

Entre otros objetivos, el ALCA prometía ser una herramienta efectiva para lograr competitividad frente a China, India, y otros mercados emergentes. Este proyecto hubiera sido particularmente efectivo frente a las políticas comerciales desleales que practica China.

Pero a contramano de lo que ocurría en el mundo, el Foro de Sao Paulo buscó dar un giro de 180° con respecto a las políticas de la década de 1990 para volver a aislar a la región del comercio internacional. Este movimiento conformó el llamado “socialismo del siglo XXI”, que propone extender el modelo cubano hacia la región latinoamericana.

El presidente George W. Bush tratando de mostrar las ventajas del libre comercio en respuesta a los caprichos del Foro de Sao Paulo.

La izquierda latinoamericana, representada en aquel entonces por los Gobiernos de Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales y Lula da Silva, formó un bloque de rechazo al ALCA y logró boicotear el proyecto, condenando a la región al inexorable atraso comercial y económico.

La agenda ultra-proteccionista socavó cualquier posibilidad de integración comercial y financiera en aquellos países que más lo necesitaban, principalmente los miembros del Mercosur, entre otros.

Venezuela y Argentina impulsaron las mayores medidas de aislamiento dentro de la región. El arancel MFN promedio de Argentina trepó del 11,2% en 2005 al 13,64% en 2015, junto un arsenal de restricciones cuantitativas para importaciones. Venezuela aplicó el mismo esquema, el arancel MFN promedio de ese país pasó del 12,4% en 2005 al 14% en la actualidad, nuevamente junto violentas restricciones cuantitativas para importar.

Brasil y Bolivia aplicaron medidas arancelarias igualmente restrictivas, aunque evitaron incursionar en mayores limitaciones cuantitativas o la instalación de licencias de importación como las que establece Argentina.

Las medidas proteccionistas retrasaron el progreso económico y social, pero la agenda aperturista cobró nuevamente relevancia a partir de los acercamientos preliminares para un eventual acuerdo Mercosur-Unión Europea, y la actual convicción de Jair Bolsonaro para impulsar a la región hacia el camino de la apertura comercial.

Economía

El Gobierno destinará 400 millones de dólares en el gasoducto de Vaca Muerta, sin financiamiento internacional

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Alberto Fernández dio el visto bueno para la ampliación presupuestaria que permite girar US$ 400 millones del Tesoro a la construcción del nuevo gasoducto, pero no habrá financiación internacional debido a la pésima reputación del kirchnerismo.

En una reunión con el secretario de Energía, Darío Martínez, el presidente Fernández decidió ampliar el presupuesto y girar US$ 400 millones desde el Tesoro para comenzar la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. El gasoducto será bautizado como “Presidente Néstor Kirchner”, siguiendo así la vieja manía de bautizar con “Kirchner” a todos los proyectos que hace el gobierno kirchnerista.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, poco y nada pudo hacer para llevar confianza al exterior en representación del Gobierno argentino. La pésima reputación del kirchnerismo sentenció al país a quedarse sin financiamiento internacional, y la obra deberá costearse enteramente con recursos propios en un momento delicado para el mercado cambiario.

La gran abundancia de dólares en el mundo, a bajos tipos de interés, no podrá ser de ninguna forma utilizada por la Argentina para financiar proyectos estratégicos como la ampliación de la infraestructura energética.

La mayor parte de los países en el mundo obtuvieron una enorme cantidad de recursos en concepto de crédito a baja tasa de interés y esta dinámica no estuvo solamente presente en los desarrollados, muchos países de la región latinoamericana como Chile, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay también consiguieron acceso al financiamiento internacional. Argentina se ve renegada junto con Venezuela.

Aun así, el Gobierno decidió utilizar los pocos recursos que le quedan para comenzar las obras, buscando relanzar nuevamente el potencial de Vaca Muerta. El gran aumento de la producción petrolera, levemente interrumpido por la pandemia, responde al ordenamiento realizado desde 2016 sobre la producción de hidrocarburos no convencionales.

El gasoducto de Vaca Muerta busca canalizar el aumento de la producción energética para poderla distribuir exitosamente. En la actualidad, y a pesar de que aumenta la capacidad productiva, no es posible comercializar la totalidad del petróleo y el gas extraídos. El proyecto busca esencialmente resolver este problema de distribución.

Se busca también generar la capacidad técnica para poder exportar hidrocarburos, especialmente al mercado de Brasil por su enorme tamaño y dinamismo. Sin embargo, las políticas del kirchnerismo provocaron la dependencia energética y el fin del saldo exportador positivo desde mediados del 2005, una posición que aún no logra ser revertida por completo.

Si bien la producción de petróleo aumentó levemente tras haberse derrumbado en la pandemia, los niveles actuales son un 41,2% inferiores a los que había en 1998, el máximo histórico registrado para la producción petrolera argentina.

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Economía

Impuestazo del kirchnerismo: la Ley de Envases podría provocar un alza de casi 5% en los alimentos

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El oficialismo pretende lanzar una Ley de Envases con un fuerte impuesto implícito sobre los alimentos envasados. El impacto social de las medidas equivaldría a subir el IVA del 21 al 24% y afectará especialmente a las familias de más bajos ingresos.

El proyecto del kirchnerismo para sancionar una nueva Ley de Envases ya cosechó un amplio rechazo en diversos sectores de la sociedad. La ley busca introducir un tributo sobre una amplia canasta de alimentos envasados, buscando desalentar su consumo y favoreciendo la “agenda verde” del Gobierno.

Se estima que solamente esta medida provocaría un aumento del 4,6% sobre el promedio de los productos alcanzados, según asegura el economista Fausto Spotorno. De producirse este escenario, y considerando el nivel de inflación mensual, prácticamente se conseguiría añadir un mes extra de inflación para los productos envasados sujetos al impuesto.

Tradicionalmente, y como es de esperar, los impuestos sobre los productores se trasladan en mayor o menor medida a los consumidores. La parte que recaerá sobre los productores desalentará la producción y la oferta, mientras que la penalización sobre los consumidores finales desalentará la demanda.

El resultado de las medidas será que los productos se volverán menos accesibles, especialmente para las familias de bajos ingresos que destinan la mayor parte de su consumo a la compra de alimentos. La Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep) es abiertamente regresiva y anti-productiva.

Por otro lado, este tributo generará un fuerte desincentivo para la inversión. Considerando que la inversión bruta interna fija del país no alcanza ni siquiera para compensar la reposición del capital, un intento tributario en contra de la inversión parece algo completamente descabellado.

El efecto del aumento tributario es similar a lo que ocurriría si el IVA fuera aumentado del 21% al 24%, en torno a los productos alcanzados por la Tarep. Lejos de ser un proyecto solamente “ecologista”, la ley persigue un claro objetivo recaudatorio que acompaña al ajuste fiscal por el lado de los ingresos que preparan Martín Guzmán y Alberto Fernández.

El economista Fausto Spotorno estima que la medida podría aspirar a recaudar hasta $426.000 millones, una cifra extraordinariamente alta. Estos recursos serían transferidos en un 85% al Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER), un 10% al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y todo lo restante quedará para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Se espera que, tal y como está planteado el proyecto en el Congreso, sea de muy difícil aprobación incluso dentro del propio bloque del oficialismo si no se proponen cambios sobre la tasa a los alimentos.

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Economía

En respuesta al alza de precios, Estados Unidos utilizará 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas

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En medio del alza de precios más intensa en 30 años, el gobierno de Biden anunció el uso de las reservas estratégicas de petróleo, en un intento por contener los precios de los combustibles.

El presidente Joe Biden anunció que el Estado federal dispondrá de 50 millones de barriles de petróleo contenidos en las reservas estratégicas del país, que se guardan para catástrofes naturales o situaciones de guerra. Estados Unidos enfrenta el alza inflacionaria más alta desde 1990, y los aumentos se tornan más violentos en el rubro energético y de transporte.

La administración demócrata buscará generar un paliativo para el nivel de los precios energéticos, aunque la medida va en contra de su propia agenda “ecologista” que pretende encarecer los precios para energías provenientes del combustible fósil acosta de los contribuyentes.

La liberación de los barriles de petróleo constituye, además, una política coordinada a nivel global con el objetivo de evitar una mayor disparada de los precios energéticos. Medidas similares serán aplicadas en China, India, Reino Unido y Corea del Sur.

Además, la agenda de Biden avanza con presionar a la OPEC para que también aumente su oferta de petróleo. La política energética de Biden carece de sentido, pues tan solo horas después de su asunción, el Presidente dedicó todos sus esfuerzos por cancelar la construcción del Oleoducto XL Keystone, y volvió a instaurar decenas de regulaciones que habían sido eliminadas por Trump.

Las medidas en contra de la producción petrolera junto el actual incentivo activo a la oferta de hidrocarburos parecen completamente contradictorias.

Por su parte, si bien estas medidas constituyen un paliativo temporal para los precios de las tarifas públicas familiares, lo cierto es que no se han tomado mayores medidas contra la inflación, el principal problema económico que enfrenta hoy en día Estados Unidos.

El Gobierno demócrata aseguraba en los primeros meses del año que la inflación sería simplemente un fenómeno transitorio que compensaría a corregirse en el segundo semestre. Sin embargo, el índice de precios no solo no se corrigió, sino que comenzó a acelerarse en septiembre y octubre. La inflación interanual llegó al 6,2% en octubre, y solamente en ese mes los precios subieron un 0,9%.

El economista e histórico funcionario demócrata, Larry Summers, cuestionó la excesiva pasividad del Gobierno y aseguró que se está subestimando el peligro potencial que podría generar la inflación en la economía.

En la misma dirección, el premio Nobel de economía Robert Barro advirtió que, de no aplicar políticas correctivas sobre la inflación, se corre el peligro de dilapidar la reputación generada por la “Regla de Volcker”, una suerte de ancla nominal sobre las expectativas que logró consolidarse a lo largo de 3 décadas sin mayores sobresaltos.

Biden continúa insistiendo en su programa de infraestructura como una respuesta ante la escalada de precios. Según explicó el Presidente en reiteradas oportunidades, su programa reducirá los “cuellos de botella” que erróneamente responsabiliza por toda la inflación actual.

El economista y ex asesor de Ronald Reagan, Steve Hanke, se pronunció abiertamente en contra de las explicaciones de Biden y lo culpó por su falta de acción.

Hanke explicó que la inflación se debe al enorme crecimiento de la oferta monetaria con la llegada de la pandemia, bajo el liderazgo de Jerome Powell en la Reserva Federal.

A su vez, las políticas fiscales expansivas que se impulsan desde el Gobierno federal solo agregaron incluso más presión sobre los precios.

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