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Economía

El “Plan Aracre”: Cómo era el grotesco programa del jefe de asesores de Alberto que ligó su expulsión

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El economista eyectado del Gobierno había presentado un programa que incluía una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial, un congelamiento generalizado de precios y la autorización de aumentos de suma fija para salarios y jubilaciones. La posición de Massa terminó prevaleciendo y ganó la pulseada dentro del oficialismo.

El economista y ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, fue el protagonista del mayor episodio de tensión política dentro del Frente de Todos en estas últimas semanas. En su cargo como jefe de asesores de Alberto Fernández, puso a un equipo de economistas a trabajar en un plan económico alternativo a lo que está llevando a cabo el ministro Sergio Massa.

El osado funcionario intentó presentarle este plan a Alberto Fernández unas semanas atrás, lo que generó enormes fricciones con el Ministerio de Economía, quien a pesar del colapso económico que atraviesa Argentina, se mantiene firme en su cargo con un amplio apoyo interno del Frente de Todos.

Cuando Massa se enteró de lo que estaba pasando, una guerra civil interna estalló en la Casa Rosada, de la cual poco se supo hasta esta semana, cuando el pasado martes, Aracre tuiteó sin previo aviso a sus colegas que abandonaba el cargo.

A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata”, publicó en sus redes sociales.

Es claro que finalmente terminó prevaleciendo la posición de Massa, quien no por resultados pero por habilidad política ha logrado permanecer en el cargo mientras la inflación está descontrolada, el dólar llega a máximos históricos y se desata la pobreza que rompió el techo de 40 puntos y se acerca a niveles alarmantes.

Las medidas propuestas apuntaban a generar una cierta normalización de la situación cambiaria, ya que el nivel de reservas netas del Banco Central se encuentra en niveles históricamente bajos y la corrida contra el peso parece cada vez más incontenible en las paridades alternativas del dólar. Sin embargo, también pretendía aminorar la inflación a través de “políticas de ingresos” típicamente heterodoxas, que nunca dieron resultado. 

Los principales puntos del “Plan Aracre”

Devaluación “segmentada” del tipo de cambio oficial

La propuesta de Aracre pretendía generalizar la paridad cambiaria preferencial de $300 para una serie de importaciones que hoy se comercializan a través del tipo de cambio oficial. Por la propia dinámica del cepo cambiario, el BCRA compra dólares a $300 por la facturación de exportaciones pero los vende a $225 (el cambio oficial minorista) para las importaciones. La propuesta consistía en “acortar” la brecha entre ambas operaciones.

Si bien no se proponía una devaluación abierta y convencional (algo que el propio Aracre se encargó de desmentir), en la práctica implicaba una devaluación “en cuotas” o administrada, todo esto sobre las importaciones que discrecionalmente se vieran afectadas por el nuevo tipo de cambio. La medida apuntaba, además, a tratar de aminorar la sangría de reservas y los incentivos para la sobrefacturación de importaciones

Sin embargo, el costo inflacionario de una devaluación de estas características en un contexto de nula confianza podría ser eventualmente violento, y este punto es especialmente resistido por la actual conducción de Sergio Massa al frente de la cartera de Economía. El Gobierno teme que la devaluación, por más acotada que pueda llegar a ser, derive en un episodio similar al Rodrigazo de 1975.

Masivo congelamiento de precios

El segundo punto del programa consistía en aplicar un congelamiento masivo de precios por un período de hasta 6 meses. Esta política pretendía reemplazar a Precios Justos y cualquier tipo de “acuerdo” voluntario con empresas, para dar paso a precios completamente congelados en términos nominales. 

Este tipo de medidas se adoptaron muchas veces en la historia argentina, aunque en ningún caso se consiguió un mayor éxito en materia de inflación. Los congelamientos generalizados se implementaron con Gelbard en 1973 y con el Plan Austral en 1985, entre muchos otros ejemplos.

Con esto se pretendía “compensar” el efecto inflacionario de la devaluación, simplemente con más represión financiera y “política de ingresos”.  El desabastecimiento es uno de los efectos potenciales más temidos para este tipo de regulaciones, pero también la posterior aceleración inflacionaria cuando colapsan los controles y cuando proliferan los mercados alternativos.

Aumentos de suma fija para salarios y jubilaciones

El tercer punto pretende ser otra medida compensatoria del shock devaluatorio e inflacionario. Se proponía un aumento de suma fija de hasta 50.000 pesos para salarios y jubilaciones, recobrando así una herramienta que no se había utilizado desde mediados de la década de 1980.

Asimismo, el plan recomendaba el adelantamiento de paritarias para actualizar los salarios fijados por los convenios colectivos de trabajo en los meses subsiguientes a la devaluación. Con estas directrices se corre el riesgo de precipitar un “espiral” de precios y salarios que rápidamente podría conducir a acelerar aún más la inflación por el colapso de la demanda de dinero y las expectativas.

Las Leliq y el dólar

La propuesta del economista pretendía evitar la dolarización gradual de las Letras de Liquidez que emite cada semana el Banco Central. No está clara la metodología por la cual se pretendía llevar a cabo esto, pero la herramienta más tradicional empleada por el BCRA es el aumento de la tasa de política monetaria para evitar su atraso relativo en términos reales

El juego entre las tasas de interés y la dolarización de carteras (una puja que se refleja en la brecha cambiara de los mercados alternativos) pretende aminorar el desanclaje de expectativas, pero al mismo tiempo provoca una mayor presión sobre el déficit cuasi-fiscal.

Economía

La Argentina que dejó el kirchnerismo: Milei recibió un país sin consumo privado, sin inversión y sin exportaciones

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El modelo kirchnerista demostró un agotamiento notable que finalmente condujo a la recesión desde la segunda mitad de 2022. La crisis se profundizó a lo largo del año pasado, y el cuatro trimestre de 2023 finalizó con los principales indicadores macroeconómicos en rojo.

El INDEC anunció los resultados sobre el avance del nivel de actividad y sus principales componentes correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, el último de la administración del exministro y fallido candidato Sergio Massa.

Los resultados publicados demuestran el agotamiento de un modelo económico obsoleto. El organismo oficial de estadísticas determinó que la variación desestacionalizada del PBI (a precios constantes) marcó un rojo del 1,9% en el último trimestre del año pasado. El principal termómetro de la economía argentina registró un magro resultado hacia el final de la gestión massista.

La producción industrial sufrió una caída de hasta el 6% interanual en el último cuarto de 2023, el sector del comercio minorista y mayorista registró un retroceso del 3,9%, la producción de electricidad, gas y agua se desplomó un 5,1% interanual, los servicios de intermediación financiera cayeron un 4,4%, y la construcción sufrió un declive de casi un 1% en el mismo período.

No obstante, y pese al arsenal de medidas artificiales y cortoplacistas adoptadas por el exministro, el consumo del sector privado se desplomó hasta un 1,5% entre octubre y diciembre de 2023. 

Los paliativos de corto plazo, las ayudas y los subsidios temporales, poco y nada pudieron hacer para compensar la estampida inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los salarios (especialmente en el sector informal).

La inversión real de la economía argentina se contrajo casi un 11% en el cuarto trimestre de 2023, superando holgadamente a la variación negativa del mismo período pero del 2022 (que había llegado al 4,5% respectivamente).

El país dejó de invertir cada vez más en renovación de maquinaria, infraestructura, tecnología, etc. Bajo las reglas de juego del exministro Massa, la Argentina se había convertido en un destino fallido para el desarrollo de la iniciativa privada y la inversión a largo plazo.

En otras palabras, el nuevo Gobierno del Presidente Javier Milei no solo heredó una economía en recesión y estanflación (con los precios aumentando a un ritmo del 1% diario), sino que además el retroceso de la inversión en formación bruta de capital deterioró la capacidad instalada del país para poder recuperarse de la crisis. La Argentina se descapitalizó por cuatro años.

Todo esto se suma a la oleada de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios y de precios relativos que dejó plantados el Gobierno anterior. Al menos un 200% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, un saldo de reservas netas en rojo por US$ 11.000 millones de dólares, un stock de pasivos remunerados equivalente a casi el 300% de la base monetaria (11 puntos del PBI) y un déficit fiscal nacional superior al 6% del producto. Se trata de una de las peores herencias macroeconómicas de la historia argentina.

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Economía

Se desarma la bomba de pasivos remunerados que caen al 5% del PBI y se acerca la salida del cepo

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El stock de las letras del Banco Central se redujo a la mitad desde que el Presidente Milei asumió la dirección del país el pasado 10 de diciembre. También disminuyó notoriamente la emisión monetaria a cuenta de los intereses asociados a los pasivos remunerados.

Las condiciones macroeconómicas idóneas para la liberalización total del mercado cambiario están cada vez más cerca de ser una realidad. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Gobierno desplegó un amplio programa de saneamiento sobre el balance del Banco Central, al mismo tiempo en que el Ministerio de Economía equilibró sus finanzas y mitigó la dominancia fiscal sobre la política monetaria.

En solo tres meses de gestión, la administración de Santiago Bausili al frente del BCRA logró reducir el stock de pasivos remunerados del 10,5% al 5% del PBI según estimaciones de las consultoras privadas. La carga por la “bola de nieve” de las Leliq se reconvirtió en el stock de Pases, y este último se vio rápidamente licuado por la evolución inflacionaria.

En tiempo récord, la magnitud de la emisión monetaria a cuenta de pagar los intereses por los pasivos remunerados también se redujo a la mitad, del 10% al 5% del PBI respectivamente desde diciembre de 2023. Este monto también es conocido como el “déficit cuasi-fiscal”, y significaba un verdadero peligro para la estabilización de la economía.

Para poder liberalizar los controles cambios y permitir la libre compra-venta de divisas, el Gobierno apuntó primero a operar sobre los desequilibrios de sobrante de pesos que dejó la gestión anterior. 

Ante una liberalización cambiaria, los agentes (bancos, pequeños ahorristas, etc) podrían verse atraídos por huir del peso hacia el dólar de manera rápida y violenta, provocando así un colapso de la demanda de pesos y de la renovación de los pavos remunerados. 

Esto llevaría rápidamente a la hiperinflación, ya que la cantidad de dinero en circulación podría incrementarse de forma dramática en poco tiempo (y cuando más elevada es la inflación, más rápido es el efecto de la emisión de dinero en el sistema).

El Gobierno del Presidente Milei se propuso evitar a toda costa un escenario hiperinflacionario, por lo que el saneamiento del balance del BCRA haría posible una muy pronta liberalización cambiaria sin el riesgo de provocar la violenta espiral inflacionaria.

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Las jubilaciones subirán 7 puntos por encima de la inflación en abril y luego aumentarán según IPC de manera automática

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Entre el aumento por inflación, el adicional del 12,5% y el bono de $70.000, las jubilaciones subirán un 62% en abril, lo cual le ganará a la inflación por 7 puntos en términos reales, y se darán incrementos cada mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó con más detalles la nueva fórmula previsional, publicada este lunes a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, la cual establece que los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12,5% de recomposición y el bono de $70.000 pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año, unos 7 puntos por encima de la inflación acumulada del 55% entre enero y marzo.

Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula. El aumento a los jubilados iba a ser de 0% en abril y en mayo”, advirtió el vocero. “En julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y se va a hacer el cálculo de cuánto hubiese sido el ajuste sólo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados”.

“Esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener discutida una reforma previsional y una reforma laboral más integrales que hagan que el sistema jubilatorio sea sustentable”, concluyó.

En la misma línea, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente anunció el lanzamiento de una nueva fórmula previsional para ajustar los haberes a partir de junio de manera automática, con el objetivo de detener la masiva pérdida de poder adquisitivo en la que se vieron alcanzados los jubilados en los últimos cuatro años.

El equipo económico presidido por el ministro Luis Caputo dispuso que a partir de abril, todos los haberes previsionales (sin ninguna excepción) serán actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes y en mayo, el ajuste será por decreto, mientras que a partir de junio se hará de manera automática sin la necesidad de una intervención presidencial.

Este último aumento tiene el objetivo de evitar que la transición entre la nueva fórmula previsional y la anterior pueda provocar cualquier tipo de erosión sobre el poder adquisitivo de los jubilados (como por ejemplo ocurrió entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018).

En otras palabras, el poder adquisitivo de los jubilados dejará de licuarse con las nuevas reglas de juego del sistema, al mismo tiempo en que se espera un fuerte descenso de la tasa de inflación para los próximos meses. Conforme disminuya la inflación, las jubilaciones podrían aumentar en términos reales debido a que la fórmula siempre se ajusta por el dato del IPC del mes anterior (y viceversa cuando la inflación aumenta).

Asimismo, el nuevo esquema presentado garantiza una mayor estabilidad en la relación del gasto previsional con respecto al PBI. De esta manera se facilita la tarea de confeccionar presupuestos, y de destinar los recursos correspondientes a los jubilados y pensionados sin incurrir en errores por falta de actualización.

La fórmula previsional kirchnerista ajustaba los haberes de acuerdo al índice RIPTE de salarios (el cual perdió contra la evolución de los precios en los últimos 15 años), y al mismo tiempo se componía por la recaudación de la seguridad social (también muy inestable debido a la gran cantidad de empleo informal). Esta fórmula fue directamente responsable de que el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayera casi un 40% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

El Gobierno anterior desplegó una serie de bonos adicionales para tratar de compensar (parcialmente) la debacle sobre las jubilaciones, pero estos únicamente se aplicaron sobre el haber más bajo. Las jubilaciones medias y altas no se vieron alcanzadas por los bonos, y esto deterioró todavía más los escasos incentivos existentes para aportar al sistema previsional.

La legislación laboral vigente demostró ser abiertamente disfuncional en vista a la tamaña proporción del empleo no registrado en relación al total del trabajo de la Argentina, y los incentivos nocivos del sistema de reparto estatal no hacen más que acrecentar la tendencia.

El Gobierno también apunta a erradicar el déficit del sistema previsional operando desde el punto de vista de sus ingresos. En este sentido, se apunta a la flexibilización de la legislación laboral (más puestos formales potenciales para aportar al sistema) y la mejora de los incentivos para el esfuerzo.

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