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Economía

El plan Ocampo-Cachanosky para dolarizar: La arquitectura financiera que permitiría la dolarización a un tipo de cambio actual

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Los economistas Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky presentan una propuesta superadora para implementar una dolarización ordenada de la economía sin la necesidad de shocks traumáticos, y preservando los derechos de propiedad de los depositantes.

Una de las críticas más frecuentes a la dolarización es el hecho de que implicaría convalidar un tipo de cambio exorbitante e inalcanzable, por el cual el proceso se volvería prácticamente inviable de llevar a la práctica. Sin embargo, lo cierto es que existe una propuesta concreta para dolarizar sin la necesidad de este tipo de sobresaltos extremos.

Los economistas Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky desarrollaron su propia propuesta de dolarización como parte de su libro “Dolarización: Una Solución para la Argentina”, también desarrollada en su propio blog personal y presentada de manera independiente frente a la mayor parte de los espacios políticos de oposición.

El esquema propone desarrollar una arquitectura financiera que sea capaz de resolver el problema cuasi-fiscal que tiene el país (uno de los principales limitantes para la estabilidad de precios), preservar los derechos de propiedad de los depósitos de los ahorristas y converger hacia una dolarización a un tipo de cambio perfectamente razonable, al nivel que hoy podrían ser las distintas paridades alternativas del dólar, como el dólar blue o el dólar CCL.

¿Por qué está mal el cálculo del tipo de cambio al que suelen apelar algunos economistas para criticar la dolarización?

Suele escucharse que para implementar una proceso de dolarización es necesario contar con un elevado nivel de reservas netas, algo que hoy el Banco Central no tiene. En este sentido, muchos economistas postulan que el BCRA sólo cuenta con una posición neta de US$ 2.000 millones en sus activos de reserva, y para rescatar los pesos circulante en la economía haría falta un tipo de cambio sideral en torno a los $1.000 o incluso $2.000 pesos por dólar, dependiendo de cómo se haga la dolarización. 

Esto es falso. Como explican los autores de la propuesta, el BCRA no solo cuenta con reservas de divisa netas en sus activos, sino que también retiene una determinada posición de Adelantos Transitorios del Tesoro Nacional (AT) y Letras Intransferibles (LI). Para muchos economistas estos activos no valen absolutamente nada porque se rollean automáticamente cada vez que vencen, pero lo cierto es que sí tienen un valor de mercado, aunque a una cotización extremadamente baja por falta de interesados.

Este es el principal punto de discusión con respecto a los enfoques de los economistas en Juntos por el Cambio (JxC) u otros espacios. A valores actuales (algo que puede variar pero por el momento sirve para el cálculo), los autores estiman que los activos del BCRA en concepto de AT y LI ascienden a los US$ 70.000 millones de valor nominal con el dólar CCL.

Si bien esta relación es muy variable por la coyuntura, contabilizando estos activos, la dolarización es factible a un tipo de cambio mucho más cercano al dólar paralelo o el dólar financiero de la actualidad. Ocampo ha contado en sus redes sociales que el número al que llegar se ubica entre los $350 y los $600 pesos por dólar.

¿De dónde saldrían los dólares para dolarizar y como se eliminaría el déficit cuasi-fiscal?

Los autores dividen su programa en dos segmentos: por un lado la solución al déficit cuasi-fiscal (la deuda remunerada del BCRA y sus intereses), y por otro lado el proceso de dolarización propiamente dicho.

Se propone un canje entre Adelantos Transitorios y Letras Intransferibles por nuevos bonos emitidos bajo ley New York. Es una maniobra para que los inversores puedan aceptar los bonos y además es factible, ya que en diciembre de 2015, la gestión de Federico Sturzenegger logró un canje similar, sin una promesa de dolarización. Se genera así una suerte de recapitalización implícita del Banco Central.

Estos bonos canjeados serían transferidos a un denominado “Fondo de Estabilización Monetaria (FEM)” en conjunto con los pasivos financieros del BCRA (la deuda remunerada que genera el déficit cuasi-fiscal), un fideicomiso establecido en Estados Unidos bajo una legislación segura y no dependiente de los vaivenes políticos de la Argentina. Asimismo, el Estado capitalizaría ese fondo por ejemplo con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) o ciertos ingresos fiscales a modo de garantía. 

A partir de este fideicomiso capitalizado, el objetivo del programa es negociar un refuerzo crediticio o “Credit Enhancement” para revaluar el perfil de riesgo del fondo. Esta negociación se llevaría a cabo con organismos de crédito multilateral y bancos internacionales, a fin de obtener una serie de garantías para atraer a los inversores.

Es una estrategia muy similar a la que se llevó a cabo durante el famoso Plan Brady y que pretende transformar títulos “radiactivos” o rechazados por otros más confiables.

Con esta operación, el FEM estaría en condiciones para emitir un papel comercial colateralizado con la garantía de los bancos internacionales que decidan participar a fin de pagar las Leliq y la deuda remunerada del BCRA.

El déficit cuasi-fiscal se vería completamente eliminado sin ningún tipo de confiscación a los ahorristas o a los bancos locales. Algo completamente distinto de lo que fue el Plan Bonex de los 90s, otro “cuco” que muchos economistas disidentes a la idea de dolarizar traen de manera incorrecta.

De esta manera, los dólares para implementar la dolarización al tipo de cambio sugerido vendrán desde el exterior, a través del mecanismo que instrumenta el Fondo de Estabilización Monetaria. Este fideicomiso permite la financiación de toda la deuda del BCRA con el sistema financiero local, para entonces sí facilitar enormemente la dolarización a un tipo de cambio razonable.

Economía

La Eurozona entró oficialmente en recesión: La actividad económica se contrajo por dos trimestres seguidos

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El derrumbe de la economía alemana arrastra a la totalidad del bloque de la zona Euro, ya que representa hasta el 29% del PBI del bloque. Las fuertes caídas observadas sobre el consumo y las exportaciones lideraron el proceso recesivo.

El desempeño de la economía europea es cada vez más decepcionante, ahogada por regulaciones y elevados márgenes impositivos. El PBI ponderado para el total de los 19 países europeos que adoptan el Euro cayó un 0,1% en el primer trimestre del año, y de esta manera la Eurozona entró oficialmente en recesión después de haber sufrido una caída similar en el último cuarto de 2022.

Se observó un desplome del 0,3% sobre los gastos de consumo privado para el bloque, mientras que los explicados por el sector público (infraestructura, inversión y gasto en defensa) aumentaron un 0,9%. 

Las exportaciones de la Eurozona sufrieron una caída trimestral del 0,1%, y las importaciones llegaron a caer hasta un 1,3% (principalmente explicadas por la baja en el sector energético). Este bloque representa uno de los tres grandes motores de la economía mundial, junto con China y Estados Unidos, por lo que la tendencia recesiva enciende las alarmas por una eventual recesión internacional.

La economía alemana fue virtualmente responsable de una gran parte de la incidencia sobre el bloque general, ya que por sí sola representa hasta el 29% del total. Alemania entró oficialmente en recesión después de que su PBI cayera un 0,3% en el primer trimestre de 2023 y 0,5% en el cuarto trimestre de 2022.

Por otra parte, se observó una fuerte tendencia hacia el estancamiento en Francia y España, que juntos alcanzan a representar hasta el 30% del PBI de la Eurozona. En otras palabras, casi el 60% de la economía del bloque se encuentra en recesión o en una situación de estancamiento.

La fuerte caída de la actividad económica en la economía de Holanda (alrededor del 0,7% en el primer trimestre) también fue un factor con mucha incidencia en la merma del bloque europeo para este período, aunque el país todavía evita la recesión técnica.

Asimismo, la tasa de inflación interanual para la Eurozona alcanzó el 6,1% en el mes de mayo, y si bien se mantiene en un sendero bajista desde octubre del año pasado lo cierto es que todavía permanece en niveles muy por encima de la meta de 2% que fija el Banco Central Europeo.

La tasa de política monetaria dispuesta por Christine Lagarde se ubica en el 3,75% anual, por lo que en términos reales sigue siendo negativa y aún insuficiente para controlar la inflación de manera definitiva.

El frente fiscal del bloque europeo tampoco luce prometedor, ya que las finanzas públicas arrojan desequilibrios crecientes en Alemania, Francia, España y Portugal, a pesar de las contadas excepciones como Grecia e Italia (ambos bajo Gobiernos del signo político de la derecha).

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Argentina

Se agranda el Estado y se achica la Nación: El déficit de las empresas públicas alcanzó los US$ 4.000 millones en los últimos 12 meses

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Las pérdidas operativas del conglomerado de empresas estatales ya superaron el 0,73% del PBI sobre el acumulado anual de abril. La administración kirchnerista prácticamente duplicó el déficit desde diciembre de 2019.

De acuerdo al último balance de base caja publicado por el Ministerio de Economía, el déficit operativo de las empresas del Estado alcanzó los $108.700 millones solamente en abril de 2023, y hasta $882.143,6 millones para el acumulado total de los últimos 12 meses.

El déficit acumulado durante los primeros cuatro meses del año registró un brutal aumento del 246,33% con respecto al acumulado del mismo período para 2022, una cifra que supera cómodamente a la tasa de inflación interanual de abril en torno al 108,8% (según la última medición del INDEC). Asimismo, el déficit acumulado en el último año subió un 118,5% respectivamente. 

Al tipo de cambio oficial de referencia para abril el desequilibrio representa un rojo de 3.991,6 millones de dólares en un año. La misma operación para el déficit acumulado de hace un año arroja un monto de US$ 3.533 millones, por lo que sin importar cómo se lo mida la tendencia alcista es más que evidente.

El Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner llevó al déficit de las empresas del Estado al equivalente del 0,73% del PBI en abril de 2023, prácticamente el doble de lo que recibieron en diciembre de 2019, a pesar de que una de las promesas de campaña del Presidente era precisamente atacar estas pérdidas.

Una de las empresas más implicadas en la generación de déficit es ENARSA, una empresa de energía creada en 2003 por iniciativa de Néstor Kirchner. Los ferrocarriles se perfilan como la otra gran fuente de déficit que se traslada al bolsillo de los contribuyentes, en gran medida debido a la apertura de nuevos ramales económicamente inviables.

Desde 2003 se abortó completamente cualquier avance en dirección a la privatización de empresas del Estado. Los sucesivos Gobiernos terminaron su mandato con déficits igual o superiores a los que heredaron sin excepción, incluyendo la última gestión de Cambiemos (que no produjo ningún cambio en este aspecto).

Déficit operativo de las empresas del Estado entre 1993 y 2023.

Pero no solo se mal-administraron las entidades que ya se tenían, sino que incluso se crearon nuevas. En 2020 el Gobierno kirchnerista anunció la estatización de todas las rutas nacionales con peaje, y trató de crear una empresa estatal para intervenir el mercado de granos aunque afortunadamente la medida quedó trunca.

A mediados del año 2021 el oficialismo nuevamente avanzó hacia la estatización, esta vez con la mira puesta en la histórica Hidrovía Paraná-Paraguay, el transporte nacional de ferrocarril de cargas. Más tarde, en 2022 se decidió eliminar completamente todos los contratos de concesión por obra pública con participación público-privada (PPP).

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Colombia

Petro anuncia una peligrosa reforma de los servicios públicos para manipular las tarifas a discreción

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Tras el rechazo del tribunal supremo de Colombia al decreto que intervenía las tarifas, el Presidente socialista va por todo y presentará una reforma en el Congreso para boicotear la independencia de las comisiones reguladoras de manera definitiva.

El Gobierno de la extrema izquierda colombiana presidido por Gustavo Petro encabeza un nuevo capítulo en el avance contra la seguridad jurídica. El Poder Ejecutivo debió retroceder con su Decreto 0227 por medio del cual intervenía todas las tarifas de los servicios públicos, debido a un fallo del Consejo de Estado de Colombia (el tribunal supremo del país).

El decreto dotaba al Presidente de poderes especiales para asumir el control y la dirección de las facultades delegadas en las comisiones reguladoras de servicios públicos, entre ellas encargadas de relevar la provisión de agua potable y saneamiento, la electricidad y el sector energético.

Las medidas le permitían a Petro el poder para fijar tarifas a discreción, modificar deliberadamente las condiciones pactadas para la liberalización gradual de la competencia en los mercados regulados, la definición misma para la metodología sobre los cálculos tarifarios, y la determinación de los cargos por servicios de despacho y coordinación en los servicios alcanzados. Esto implicaba una lisa y llana violación de los contratos de concesión con las empresas prestadoras de servicios.

Ante la negativa de la Justicia, el Gobierno del socialismo anunció públicamente que presentará una reforma integral sobre el sistema de servicios públicos del país, precisamente para convalidar todas las potestades que enunciaba el fallido decreto, pero ya no con un carácter meramente transitorio como antes (que se limitaba un período de 3 meses).

Un total de 15 exministros de Energía, 2 exviceministros y 8 excomisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) advirtieron por las consecuencias catastróficas que provocarían las medidas que pretende aprobar el presidente Petro.

Este grupo de implicados y expertos en energía y regulación de servicios expidió una carta abierta al público, en donde señalaron lo siguiente: “La intención anunciada por el Gobierno de retomar las facultades regulatorias de la CREG, de llegar a materializarse, es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos”.

Se corre el riesgo de producir un deterioro sobre la capitalización y el mantenimiento de los servicios afectados, de la misma manera en que ocurrió en Argentina y Venezuela cuando las tarifas fueron deliberadamente intervenidas.

La distorsión de precios relativos demostró ser una herramienta increíblemente ineficaz para combatir la inflación, y con brutales costos en materia de asignación eficiente de recursos. Este tipo de medidas fracasan irremediablemente en todas las experiencias del “socialismo del siglo XXI”.

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