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Economía

El proyecto de Vidal y Larreta en CABA: más Estado, más impuestos y más empleo público

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Desde diciembre de 2007 la Capital Federal mantiene el mismo signo político bajo el tutelaje del PRO. La actual candidata María Eugenia Vidal propone llevar el proyecto político de CABA a todo el país, suponiendo un “Estado presente”, mayor presión tributaria y más empleo público.

Tras los recientes resultados de las PASO, María Eugenia Vidal se convrtió oficialmente en la principal candidata a diputada nacional representando el proyecto político del PRO en la Capital Federal.

El PRO administra la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2007 y construyó un proyecto regional que se propone proyectar hacia todo el país en amplios sectores dentro de Juntos por el Cambio, siendo Rodríguez Larreta su figura principal.

Pero si bien se presenta como un “cambio”, muchos de los lineamientos principales del proyecto político del PRO guardan estrechas similitudes con el proyecto que el propio kirchnerismo llevaba adelante a nivel nacional entre 2003 y 2015.

Entre 2008 y 2019, antes de la llegada de la pandemia, el tamaño del sector público en CABA pasó de representar el 5,7% de la economía regional a un 9,2%, midiendo la economía regional a partir del Producto Bruto Geográfico (PBG). La gestión del PRO prácticamente duplicó los gastos del Estado, incluso sin considerar las erogaciones por seguridad.

Evolución del tamaño del sector público en la Ciudad de Buenos Aires entre 2004 y 2019.

Cabe recordar que en 2016 la Capital Federal se hizo cargo del traspaso de la policía federal, a cambio de una recepción consistente en materia de ingresos por coparticipación. Sin tener en consideración estos gastos, el proyecto político del PRO contribuyó a agrandar el peso del Estado en la vida de los porteños.

El grueso del aumento de los gastos gubernamentales en CABA se concentró en “servicios sociales”, produciéndose un aumento notable en partidas presupuestarias que responden a “Promoción y asistencia social” y “Vivienda y urbanismo en servicios sociales”.

Por su parte, los gastos en la administración pública duplicaron su participación en el presupuesto de CABA. En 2007 representaban el 5% de los gastos totales y para 2019 llegaron al 10%. En el mismo período, la cantidad de cargos públicos en CABA pasó de los 171.000 en 2007 a los 216.600 en 2019, un importante crecimiento del 26,7%.

En el mismo período, la población en el distrito se mantuvo casi constante y el empleo dejó de crecer desde 2011, por lo que la expansión del empleo público no tiene una mayor justificación en términos de eficiencia.

Como contrapartida, las autoridades locales debieron disponer de más recursos para cubrir los gastos. La presión tributaria en CABA pasó del 5,3% del PBG en 2007 al 8,7% del PBG en el año 2019. Excluyendo los ingresos por coparticipación, la presión impositiva representaba el 4,7% de la economía local en 2007, y esta cifra aumentó al 6,7% para 2019.

Recaudación tributaria de la Ciudad de Buenos Aires según el “Informe de Estado de las Cuentas Publicas” de 2019

El aumento de la recaudación propia se explica a partir de las actualizaciones en impuestos como el ABL. Desde 2008 el ABL sufrió múltiples actualizaciones, pero estas superaron notoriamente al avance de los precios al consumidor, con lo cual la recaudación real del tributo fue incrementada bajo la gestión del PRO.

El otro tributo que explica el grueso de la recaudación en la CABA es Ingresos Brutos (IIBB). La presión de este impuesto se vio aumentada desde 2007, aunque en diciembre de 2017 las autoridades locales suscribieron a un pacto fiscal que suponía una muy gradual reducción en el impuesto que ahora se encuentra paralizada.

Acumulación de deuda pública en la Ciudad de Buenos Aires según el “Informe de Estado de las Cuentas Publicas” de 2019

Aun así, el aumento de la recaudación no fue suficiente y se produjo un aumento de la deuda pública local para cubrir los desequilibrios fiscales, algo similar a lo que ocurrió más tarde en la administración de Mauricio Macri a nivel nacional.

El resultado fiscal financiero, que marcaba un rojo de solo el 0,1% del PBG en 2007, registró un pico de casi un punto del PBG en 2016. La Capital Federal no logró tener superávit fiscal ni un solo año hasta la actualidad, y la deuda pública aumentó en consecuencia.

A pesar de proclamar un “cambio”, y como reconoce el propio informe de Estado de las Cuentas Públicas que publicó el Gobierno de CABA en 2019, la trayectoria fiscal entre 2008 y 2015 no fue muy distante de la que tuvo Argentina a nivel federal, y tampoco se diferenció demasiado con respecto al promedio de las provincias.

Este proyecto político es actualmente representado por el espacio que lidera María Eugenia Vidal en cara a las elecciones de noviembre, y a nivel local es encabezado por Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno porteño.

Economía

Evergrande, el “Lehman chino” se desploma un 11% y muestra signos de una nueva crisis financiera mundial

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El segundo promotor inmobiliario más grande de China adelantó que no podrá cumplir los vencimientos a fin de mes y tiene una deuda equivalente al 2% del PBI chino, que en caso de defaultearla generaría una crisis con condimentos similares a la del 2008 en Estados Unidos

El gigante inmobiliario chino Evergrande se desploma un 11% este lunes en la Bolsa de Hong Kong, registrando su menor nivel de cotización en más de 11 años ante el miedo de que la firma no pueda hacer frente a sus compromisos financieros.

El segundo promotor inmobiliario más grande de China está a punto de colapsar: la semana pasada la empresa aseguró que probablemente no pueda honrar la deuda de alrededor de 254.000 millones de euros que tiene con los acreedores que equivalen aproximadamente el 2% del PBI del país asiático.

Los títulos de la firma inmobiliaria cayeron hasta los 2,28 dólares hongkoneses y es el peor registro desde mayo de 2010. Además, la valoración bursátil de la empresa se ha desplomado un 93% en ese periodo. En los últimos dos meses, el desplome superó el 80%.

La quiebra de Evergrande no solo significaría la destrucción de millones de empleos directos e indirectos, sino una catástrofe económica que los especialistas ya están calificando como un potencial “Lehman Brothers” chino, en referencia a la compañía norteamericana de servicios financieros que estaba sobreinvertida en hipotecas subprime, y su quiebra fue el síntoma más grande de la severidad de la crisis que estaba azotando a Estados Unidos en 2008.

Uno de los grandes temores es el posible “efecto contagio”. Los principales acreedores de Evergrande son bancos e inversionistas chinos, que perderían miles de millones si el gigante defaulteara sus obligaciones financieras. Por otra parte, Standard and Poor’s indicó en agosto que la empresa tenía deudas pendientes con los proveedores y contratistas de sus proyectos, a quienes debe aproximadamente 37.160 millones de dólares.

De acuerdo con la agencia de noticias Bloombergeste jueves la firma deberá afrontar el vencimiento de un bono de cinco años de 71,3 millones de euros, y si defaultea este compromiso, podría ser el primer paso de un crash financiero en China. Hasta finales del año, la firma tiene que afrontar pago de intereses por 571,3 millones de euros, que casi seguro que no podrá hacer.

Esta caída tiene que ver con la brutal cuarentena que impuso China durante el 2020 por la pandemia. En agosto de 2021, la empresa reportó una disminución interanual del 29% en las ganancias netas y advirtió que la falta de liquidez podía poner en riesgo la conclusión de proyectos inmobiliarios que había paralizado por la pandemia.

El Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo, el mayor regulador financiero de China, ha dado luz verde para que la empresa libre sus pagos y renegocie los términos de sus deudas con sus acreedores, pero sin una ayuda estatal sin precedenes, Evergande colapsará.

Y aquí es donde el Partido Comunista Chino debe tomar una decisión, así como la Casa Blanca la tuvo que tomar en 2008. ¿Le conviene inyectar liquidez en la empresa para rescatarla del colapso, sabiendo que así como Evergande van a estar otras miles de empresas en todo el país y va a tener que rescatar a todas, o le conviene dejar que colapse y que la misma economía haga el ajuste necesario para liberar los recursos mal invertidos?

Bush en 2008 decidió en un primer momento salvar a Bear Sterns, la primera empresa del sector financiero que empezó mostrando signos de colapso, con un préstamo sin precedentes del Banco de Nueva York para financiar sus deudas, y luego fue adquirida a un precio extremadamente bajo por JP Morgan Chase.

Sin embargo, después de Bear empezó a colapsar Lehman, y Bush tomó la decisión de no ayudar a Lehman ya que si no tendrían que ayudar a todos los bancos de inversión del país. Sin embargo, tras la quiebra y desaparición de Lehman, más empresas siguieron colapsando y finalmente Ben Bernanke, el director de la Reserva Federal en ese entonces, tuvo que inyectar 700.000 millones de dólares para salvar a empresas como Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup, y tantas otras más.

Por el momento no se sabe si el régimen de Xi Jingping permitirá que la inmobiliaria colapse o si la rescatará. El Banco Popular de China se ha visto obligado este viernes a inyectar 14.000 millones de dólares para tranquilizar al mercado, que se mostraba nervioso por la posible caída del gigante y había empezado a deshacerse de sus inversiones más riesgosas.

Si China no maneja bien esta situación, utilizando la experiencia de Estados Unidos en 2008, todo indicaría que haber promovido la pandemia no los habría beneficiado como esperaban. El Partido Comunista Chino aprovechó la crisis del coronavirus para poner gobiernos afines a ellos en todo el mundo, conquistando territorios como Hong Kong y sacándole distancia al resto del mundo en asuntos comerciales luego de la guerra de tarifas con Trump. Pero la crisis financiera que se desprende de semejante crisis mundial se llevará puesto a China antes que al resto.

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Paquetazo de medidas: el Gobierno anunció un aumento del salario mínimo, bonos a jubilados y créditos subsidiados

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El Gobierno kirchnerista lanzó un nuevo paquete de medidas sin ninguna mesura por el desequilibrio fiscal, en busca de recuperarse después de la amplia derrota electoral en las PASO.

La relativa pasividad fiscal impulsada por el ministro Martín Guzmán llega a su fin dada la intervención de Cristina Kirchner sobre la política económica. El Gobierno vuelve a radicalizarse hacia la izquierda e impulsa un nuevo paquete de medidas para tratar de comprar votos en cara a las elecciones de noviembre.

En primer lugar, el oficialismo resolvió una revisión del salario mínimo pactado para fin de año. El cronograma original preveía un aumento del 35%, pero la suba efectiva llegará hasta el 45%, un aumento notable en términos reales. Los efectos negativos de esta medida sobre el mercado laboral podrían decantar incluso en el corto plazo.

El segundo punto fuerte de los anuncios es el lanzamiento de un nuevo “bono de emergencia” por $6.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos. Dado el oportunismo de las medidas, el carácter de emergencia de los bonos no parece ligado a un aspecto social sino más bien una emergencia electoral.

En la misma dirección, el Gobierno actualmente analiza la posibilidad de no aplicar el tope que establecía la fórmula previsional fijada por el propio Martín Guzmán el año pasado. La reforma de la fórmula jubilatoria incluye un cierto límite sujeto a la recaudación efectiva de la ANSES, cuando antes simplemente se aplicaba una fórmula matemática sobre la evolución de los salarios o la inflación.

Aunque Alberto Fernández trató de defenderse de las críticas durante todo el 2020, afirmando que su nueva fórmula previsional no constituía un ajuste, ahora las críticas desde su propio espacio político volvieron a contradecirlo, críticas que provienen de la propia Vicepresidente y la diputada Fernanda Vallejos.

En tercer lugar, el Gobierno se prepara para extender la red de créditos subsidiados a tasa cero, con el fin de estimular el consumo en el corto plazo a costa de mayores desequilibrios futuros. En este sentido, se evalúa un esquema similar al del “Ahora 12” para casi un millón de asalariados.

La medida más extremista en términos de desequilibrio fiscal posiblemente sea la propuesta para un nuevo IFE a nivel generalizado, similar a los que hubo en 2020. Esta propuesta fue especialmente resistida por el ministro Guzmán, ya que es prácticamente infinanciable y podría terminar de desequilibrar la economía.

Aún sin haber las mismas restricciones a la circulación como había el año pasado, la izquierda kirchnerista presiona por la vuelta de un nuevo paquete IFE antes de las elecciones de noviembre, nuevamente buscando comprar votos.

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Guzmán se queda pero con la condición de usar los dólares del FMI para la campaña

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Tras el colapso del Frente de Todos en las urnas, la Vicepresidente se impuso al propio Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, y decidió emplear una maniobra para utilizar recursos brindados por el FMI para disparar el gasto público en cara a la campaña electoral.

En las últimas horas, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner demostró nuevamente tener el control real de la coalición oficialista, e impuso su voluntad por sobre la del ministro de Economía y la del propio Alberto Fernández.

A través de un decreto, el Gobierno utilizará los dólares del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central para encarar una violenta expansión del gasto público como campaña para las elecciones de noviembre. El kirchnerismo apuesta por el despilfarro de recursos para mejorar su posición política hasta las últimas consecuencias y bajo cualquier costo.

De la misma manera en que se hizo en 2009, el Gobierno colocó Letras intransferibles al Banco Central por las cuales podrán hacerse de unos US$ 4.334 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), una suerte de divisa internacional convertible con el dólar y establecida por el FMI.

Estas medidas fueron establecidas para eludir las restricciones que establece la Carta Orgánica del BCRA, las cuáles indican que la autoridad monetaria solo puede girar a Tesorería hasta un 20% de la recaudación acumulada en 12 meses y hasta un 12% de la base monetaria si es preciso.

Al emplear las Letras intransferibles, las restricciones no se ven violentadas en términos contables y legales, pero en términos económicos el BCRA pierde recursos propios que habían sido otorgados por el FMI para fines muy específicos, y el Tesoro adquiere recursos para fomentar políticas socialistas.

Pero esta maniobra no resulta fortuita para el funcionamiento de la economía. Hasta ahora, el ministro Martín Guzmán se había negado a utilizar estos recursos e intervenir el Banco Central debido a la presión inflacionaria que deriva directamente de este tipo de políticas arbitrarias.

Para concretar las operaciones, y dado que los DEGs depositados en el Banco Central son del Tesoro y que este debe emplear gastos en pesos, el BCRA compra esos DEGs con una agresiva emisión monetaria y estos recursos son finalmente lanzados a la economía mediante una política fiscal extremadamente expansiva.

Las consecuencias esperables de estas medidas son claras: una mayor presión sobre el dólar en el mercado paralelo, mayor desequilibrio externo, mayor brecha cambiaria, y finalmente una mayor presión inflacionaria.

El kirchnerismo podría desarticular completamente toda la corrección fiscal realizada desde diciembre del año pasado y desequilibrar la economía, pues el sobrante monetario es actualmente el principal problema que enfrenta Argentina.

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