El Gobierno nacional avanzó con la derogación de varias normas que regulaban la ganadería bovina, ovina, caprina y bubalina, algunas en vigencia durante décadas.
Mediante la Resolución 98/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (funcionando a partir del 1 de enero de 2026), se suprimió el peso mínimo de faena para ganado bovino impuesto desde 2007. Esta limitación establecía umbrales como 165 kg para machos y 140 kg para hembras, con sanciones para quienes faenaran por debajo.
El Ejecutivo justificó la medida alegando que el sector dispone hoy del conocimiento técnico suficiente, tornando innecesaria la intervención estatal.
Régimenes promocionales eliminados
Complementariamente, a través del Decreto 408/2025, se disolvieron regímenes históricos de promoción para ganadería ovina, caprina, bubalina y bovina en zonas áridas, creados entre 2001 y 2006 bajo leyes específicas.
Se argumentó que dichos programas perdieron impacto en términos de productividad y estaban desalineados con las nuevas condiciones del sector. En su lugar, el Gobierno declaró que apuesta a líneas de crédito privadas en vez de subsidios.
Pesca: también se eliminaron normas anticuadas
Aunque el foco central fue la ganadería, la desregulación también alcanzó normas vinculadas a la pesca.
Si bien no se listan en detalle en el Boletín oficial, la comunicación oficial menciona una batería de derogaciones que afectan regulaciones obsoletas en servicios, comercio e industria, fortaleciendo la libertad económica.
Objetivo de la medida
Las reformas se enmarcan en el Decreto 70/2023, que promueve una amplia desregulación como filosofía económica del actual Gobierno. El propósito fue “eliminar distorsiones, reducir burocracia y dar autonomía a productores y empresarios”. Desde Casa Rosada se afirmó que estas reglas resultaban anticuadas y contraproducentes: “obstaculizaban la planificación productiva y encarecían procesos”.
Reacciones del sector
La Sociedad Rural Argentina recibió positivamente la eliminación del peso mínimo, destacando que su fin favorece la desburocratización y la competitividad. Expertos consultados remarcaron que históricamente estas normas ignoraban factores climáticos y de mercado, y no lograban mejorar la productividad.
