Yerba mate: el Gobierno elimina trámites y reduce el costo de su comercialización

Como parte de las iniciativas del Gobierno de Javier Milei para fomentar la producción y el comercio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha introducido cambios en la regulación de la cadena de comercialización de la yerba mate.

Con la Resolución General 5555/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, la AFIP ha derogado una serie de normativas vigentes desde 1998 que imponían obligaciones documentales para el transporte e industrialización de este cultivo.

El principal objetivo de esta medida es armonizar la normativa de la AFIP con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que trajo una modernización al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Según el comunicado oficial, el gobierno busca "agilizar las gestiones necesarias para la actividad y reducir los costos innecesarios en los distintos eslabones de la cadena". Esta derogación se enmarca en un esfuerzo más amplio de simplificación administrativa que pretende reducir la burocracia y los costos para los sectores productivos.

Desburocratización del Estado

Una de las principales modificaciones de la Resolución General 5555/2024 es la eliminación de la obligación de emitir la "Hoja de ruta yerbatera", un comprobante que era necesario para el transporte y la industrialización de la yerba mate. Este documento, que había sido un requisito fundamental para los productores y comerciantes, ahora queda abolido, permitiendo una mayor flexibilidad operativa.

Además, la resolución suprime la obligación de los molinos, secaderos y depósitos de yerba mate de registrar los ingresos, egresos y existencias en el "Libro de Movimientos y Existencias". Este libro ahora se elimina para facilitar las operaciones. La AFIP señala que esta eliminación responde a la necesidad de "adecuar la normativa a las nuevas realidades productivas y comerciales del sector".

El proceso de simplificación administrativa en la cadena de yerba mate es parte de un esfuerzo mayor de la AFIP para revisar y ajustar los diversos registros, comprobantes, obligaciones y regímenes de información implementados en administraciones anteriores. Según la AFIP, la revisión busca identificar y eliminar aquellos elementos que "puedan obstaculizar la agilización de los procesos, interferir en el comercio o incrementar los costos". Esta estrategia se alinea con el objetivo de mejorar la competitividad de los productos argentinos en los mercados nacionales e internacionales y de aliviar la carga sobre los pequeños y medianos productores.

Las otras medidas que impulsó el Gobierno de Milei para achicar al Estado

Esta medida se enmarca en una tendencia más amplia de la administración de Javier Milei hacia la desregulación en diversos sectores productivos. La AFIP también ha tomado otras decisiones para simplificar la vida de los contribuyentes y reducir la burocracia en diferentes áreas. Entre estas medidas, se incluye la eliminación de la obligación de registrar contratos de alquiler ante la AFIP, salvo en casos necesarios para acceder a beneficios fiscales. Este cambio busca reducir las cargas administrativas innecesarias y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en un contexto de creciente demanda de alquileres.

Otra medida reciente fue la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), un tributo que gravaba las operaciones de compra-venta de inmuebles, con el objetivo de "fomentar la actividad inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda propia". Asimismo, la AFIP ha eliminado la necesidad de emitir el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), un documento necesario en cada transacción de venta de vehículos, con la intención de simplificar la compraventa de automóviles y reducir el tiempo y los costos asociados.

La simplificación administrativa también ha llegado al sector agropecuario, donde la AFIP ha reducido de cinco a dos el número de declaraciones juradas que deben presentar los establecimientos rurales sobre la producción de la cosecha. Esta medida busca "reducir la carga burocrática sobre los productores rurales y agilizar los procesos de comercialización agrícola". Estas acciones forman parte del esfuerzo del gobierno para fomentar la producción agrícola y mejorar la competitividad del sector en un mercado global cada vez más exigente.