El Gobierno estableció que solo se informarán transferencias de más de $50 millones

En una nueva medida de desregulación y simplificación del sistema fiscal argentino, el Gobierno de Javier Milei anunció una serie de medidas que apuntan a reducir la burocracia excesiva en el control de operaciones financieras de los ciudadanos.

En el marco del lanzamiento del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Argentino (ARCA), Juan Pazo, confirmó la eliminación de diversos regímenes informativos y un aumento significativo en los umbrales de control bancario.

Una de las medidas más destacadas establece que, a partir de ahora, los bancos sólo deberán reportar a ARCA las transferencias y acreditaciones superiores a $50 millones en el caso de personas físicas, y $30 millones para personas jurídicas. Asimismo, el nuevo umbral para extracciones en efectivo se elevó a $10 millones, sin distinción entre individuos o empresas.

Estas modificaciones tienen como objetivo terminar con un sistema de vigilancia permanente sobre los ciudadanos de bien, que no sólo no lograba aumentar la formalización de la economía, sino que, por el contrario, incentivaba la informalidad y generaba desconfianza.

La administración anterior de lo que hoy es ARCA "nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad”, denunció el funcionario.

Otras medidas anunciadas

La nueva política incluye la derogación de exigencias como el informe de compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, el “Citi de los escribanos” (que obligaba a reportar toda operación notarial), la información sobre la compraventa de vehículos usados, pagos de expensas a partir de $32.000, y el consumo de servicios públicos como luz, agua, gas y telefonía.

Además, se prohibió a los bancos exigir la presentación de la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. Si alguna entidad insiste, los usuarios podrán rechazar el pedido y presentar un reclamo formal ante Defensa del Consumidor.

Desde el Gobierno de Milei sostienen que estas decisiones representan un paso fundamental para recuperar la confianza en el sistema bancario y fiscal, que fue destruida por las administraciones anteriores, al restablecer el secreto fiscal y reducir prácticas invasivas que afectaban a ciudadanos de bien.

Según explicó Pazo, los nuevos umbrales están en línea con “los estándares internacionales” y permitirán concentrar recursos en la detección de verdaderos delitos fiscales, sin hostigar al contribuyente promedio.