El Gobierno de Javier Milei formalizó el primer ajuste en el Presupuesto 2025 mediante el decreto 186/2025, tras la falta de aprobación de una ley presupuestaria por parte del Congreso, presentada el 15 de septiembre de 2024.
La medida contempla más fondos para educación, salud y seguridad, mientras mantiene un ajuste en otras partidas. Además, establece un esquema renovado de pago para las deudas del sector eléctrico, permitiendo saldar obligaciones con bienes estatales.
Aunque la norma fue firmada ayer, cuando el Ministerio de Economía asignó una partida extraordinaria de $200 mil millones para asistir a los afectados por el temporal en Bahía Blanca y General Cerri, dicha partida no está incluida en este decreto y será objeto de una reasignación presupuestaria por separado.
Principales puntos del decreto
Reasignación de fondos: Se incrementan las partidas para el Ministerio de Seguridad, con el propósito de fortalecer el control sobre personas procesadas o condenadas. También se asignan más recursos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, enfocados en la auditoría de pensiones por invalidez. En contrapartida, se reducen las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Inversión energética: Se refuerzan los aportes a Energía Argentina S.A. (Enaersa) para financiar gastos vinculados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff - La Barrancosa, ubicada en Santa Cruz.
Regularización de deudas eléctricas: Se establece un régimen especial para regularizar las deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), permitiendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos destinado a las distribuidoras que han cumplido con sus compromisos.
Financiamiento para provincias: El Gobierno de Milei queda habilitado para otorgar avales que permitan a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acceder a financiamiento externo. También se autoriza la cancelación de deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.
Aportes internacionales: Se aprueban pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 436,9 millones en siete cuotas.
Educación: Se restituye la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075, asegurando la distribución automática de fondos educativos hacia provincias y municipios.
El decreto también confirma la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025, manteniendo el esquema de reducción gradual de subsidios. Además, establece un cupo fiscal de $195.000 millones para los beneficios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
