La Etapa II de la Red Federal de Concesiones contempla ocho corredores viales estratégicos que cruzan cinco provincias.
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El Gobierno nacional se prepara para lanzar una licitación pública nacional e internacional destinada a concesionar 4.428 kilómetros de rutas estratégicas distribuidas en ocho corredores que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.
Se trata de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, un programa mediante el cual se busca trasladar la responsabilidad del mantenimiento, operación y obras de estas trazas al sector privado bajo control estatal.
La publicación de la convocatoria se haría en el Boletín Oficial en los próximos días, según confirmaron fuentes oficiales. Los pliegos preliminares ya están disponibles, mientras que las revisiones legales finales están siendo supervisadas por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia.
Este programa es parte de una transformación estructural en la política vial del Gobierno de Javier Milei. La Red Federal de Concesiones abarca un total de 9.154 kilómetros, equivalentes al 20% de la red vial nacional, pero que concentran el 80% del tránsito.
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A diferencia de la Etapa I, que licitó solo dos tramos (741 km) de la denominada Ruta del Mercosur, esta segunda etapa involucra ocho corredores de mayor extensión y complejidad operativa.
Los ocho tramos que se licitan:
Tramo Sur: Ruta Nacional 3 (Cañuelas - Bahía Blanca) y Ruta 205 (hasta Bolívar).
Tramo Atlántico: Ruta 226 (Mar del Plata - Bolívar).
Tramo Pampa: Ruta 5 (Luján - Santa Rosa y Realicó).
Tramo Mediterráneo: Rutas 7 y 35.
Tramo Puntano: Ruta 8 (Pilar - Villa Mercedes) e integración logística con corredores portuarios del Paraná.
Tramo Portuario Sur: Campana - Rosario.
Tramo Portuario Norte: San Nicolás - centro del país.
Acceso Sur: Autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
El nuevo modelo de concesión incluye la obligación de ejecutar obras de puesta en valor, rehabilitación de calzadas, mejoras estructurales y la implementación del sistema Free Flow en peajes, eliminando las barreras físicas y migrando al cobro electrónico en todas las estaciones hacia mediados de 2027.
También se fijan estándares mínimos de mantenimiento, iluminación, señalización y seguridad, que estarán sujetos a auditorías estatales. Las empresas adjudicatarias deberán presentar garantías técnicas, financieras y contractuales.
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Marco normativo y cambios institucionales
La licitación está respaldada por el Decreto 97/2025, que autoriza la privatización de los corredores, la extinción de contratos vigentes y la futura disolución de Corredores Viales S.A. El proceso es coordinado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher.
En paralelo, sigue vigente la suspensión judicial del Decreto 461/2025, con el que el Poder Ejecutivo había intentado disolver la Dirección Nacional de Vialidad. A pesar del freno judicial, el Gobierno insiste en que su eliminación responde a un rediseño del esquema de obra pública.
En la visión oficial, se trata de abandonar la ejecución directa de obras para enfocarse en planificación, control de inversiones y administración de contratos bajo un modelo de tercerización.
