El Gobierno de Milei oficializó la eliminación de los controles al comercio exterior
De esta manera, se le reduce el costo al sector privado y se facilita la operación de las pequeñas y medianas empresas.
Con el objetivo de desregular el comercio exterior, el gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la eliminación del estampillado en productos importados, así como la supresión de los valores criterio y de referencia.
Esto se dio a conocer a través de las Resoluciones Generales 5581 y 5582 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que fueron publicadas en el Boletín Oficial.
Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, se comunicó la eliminación de los valores de referencia para las exportaciones y de supervisores externos en los despachos de importación. El objetivo es "disminuir el costo argentino para el sector privado" y facilitar las operaciones de las pequeñas y medianas empresas.
Respecto a la eliminación del estampillado, que había estado vigente desde 1987, se explicó que será reemplazado por el "Sistema Digital de Identificación de Productos" (SiDIP).
"La identificación mediante el Código IMEI (Identidad Internacional de Equipos Móviles) será obligatoria para las mercancías", afirmó el artículo 2° de la Resolución 5581. Sin embargo, el cambio en la norma no afectará la función de control primario de la Aduana cuando un producto ingrese al país.
Además, el Gobierno de Milei eliminó los valores criterio para las garantías exigidas a los importadores. Estos eran valores mínimos establecidos por un equipo de Aduana, que provocaban que, si una mercancía se introducía por debajo de dicho umbral, debía ser retenida y sometida a verificaciones sin plazo, además de requerir una garantía de las compañías de seguros, lo que generaba un "sobrecosto" del 1%.
Los productos que debían cumplir con esta regulación incluían hilados, tejidos, calzado, neumáticos, grifería, acero, productos plásticos y juguetes, entre otros.
Con la nueva normativa, la Aduana podrá solicitar avales únicamente en situaciones donde se considere que hay un riesgo para el interés fiscal. Esto implica que, en la mayoría de los casos, las empresas no tendrán que presentar garantías financieras al momento de importar. Si se requiere un respaldo y no se detectan problemas en un plazo de 120 días, este será devuelto automáticamente a la empresa.
"Las nuevas medidas beneficiarán a las pequeñas y medianas empresas, ya que hasta ahora solo se favorecía a 'la casta' de manera explícita. Este era un típico ejemplo del sobrecosto argentino, pero las resoluciones de la AFIP mejorarán el tipo de cambio", declaró Sturzenegger en el comunicado emitido por el Gobierno, que también anticipó que "la próxima semana se anunciarán nuevas normas de simplificación".
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