El Gobierno presentó a las provincias el Plan de Reparación Histórica del Ahorro

En lo que ya es considerada una de las mayores reformas tributarias desde la recuperación democrática, el gobierno del presidente Javier Milei dio un paso histórico en su cruzada por desmantelar el aparato de control estatal que asfixiaba a los contribuyentes. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaron  este martes a 17 gobernadores el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos, una iniciativa diseñada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que busca eliminar mecanismos fiscales arbitrarios, fomentar la formalización de la economía y garantizar el pleno ejercicio del derecho de propiedad.

El encuentro, realizado por videoconferencia y dividido en dos tandas, contó además con la participación de Juan Pazo, director ejecutivo de ARCA, y Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior. La propuesta fue recibida por los gobernadores y ministros provinciales con atención y apertura al diálogo, en lo que representa un punto de inflexión en las relaciones fiscales entre Nación y provincias.

Desde su cuenta oficial, Francos  sintetizó el espíritu del encuentro:

“Junto al ministro de Economía, @LuisCaputoAR, @catalanlisandro, el vicejefe de Gabinete del Interior y Juan Pazo, director ejecutivo de ARCA, presentamos el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos a gobernadores y ministros de distintas provincias”.

Entre los aspectos más innovadores del plan se destacan la derogación de regímenes informativos abusivos, la modernización de los umbrales de control fiscal y la implementación de un nuevo régimensimplificado de Ganancias, que comenzará a regir el 1° de junio.

En declaraciones, Juan Pazo fue tajante al explicar el espíritu de la reforma:

“¿Te acordás cuando ibas al supermercado y te hacían pagar en cuatro veces o mostrar el DNI por una compra de 100 mil pesos? Eso no existe más. Hoy podés consumir hasta 10 millones de pesos sin identificación”.

Pazo recordó que durante el kirchnerismo, los controles eran tan absurdos que “la cajera nos decía que tenía que cortar el ticket porque si no nos tenía que informar”.

Entre las principales eliminaciones de regímenes informativos, se destacan:

Compras personales con tarjetas, débito o billeteras virtuales.

CITI Escribanos: operaciones notariales.

Compraventa de autos usados.

Reportes de expensas (antes desde $32.000).

Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI).

Consumos de servicios públicos.

Además, se prohíbe a los bancos exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales como condición para operar. Según Pazo, “las personas podrán negarse y acudir a Defensa del Consumidor si les imponen esa exigencia”.

ARCA también modificó los valores mínimos a partir de los cuales comercios y entidades financieras deben reportar operaciones. Algunos ejemplos del nuevo régimen:

Transferencias bancarias: de $1.000.000 a $50.000.000 (personas físicas).

Extracciones en efectivo: antes cualquier monto, ahora desde $10.000.000.

Plazos fijos: de $1.000.000 a $100.000.000 (físicas).

Billeteras virtuales: ahora desde $50.000.000.

Sobre estos cambios, Pazo aclaró que no significan falta de control, sino un cambio de paradigma: “No es que no vemos. Podemos ver cuando lo necesitamos, pero ahora no lo hacemos por sistema. Queremos que la gente pueda operar con libertad, sin ser tratada como sospechosa por mover su propio dinero”.

Uno de los pilares del nuevo sistema será el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que regirá desde el 1° de junio. Pazo explicó: “Vamos a mirar tus facturas y gastos deducibles, sin controlar tus consumos personales ni tu incremento patrimonial”.

Esto implica que comprar un auto o una propiedad  con ahorros legítimos no será penalizado con impuestos retroactivos, eliminando una fuente histórica de hostigamiento al contribuyente de clase media.

Como parte del plan, se presentó también un nuevo convenio de intercambio de información con las provincias. ARCA fue clara: “Aquellas provincias que no adhieran al régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a consumos por encima de los umbrales fijados ($50.000.000)”.

Ante consultas sobre el impacto en la recaudación, Pazo fue enfático:  “Hoy tenemos un 50% de economía informal. Invitamos a la gente a ingresar al sistema por las buenas razones: acceder a crédito, tener historia financiera, comprar una casa”.