El gobierno de Santa Fe presentó ante la Legislatura su propuesta de Ley Tributaria para 2025, que generó reacciones negativas en distintos sectores económicos y sociales, en especial por la introducción de un polémico impuesto del 2% sobre aquellos que participaron del blanqueo.
Esta nueva carga fiscal, que se aplicará sobre los bienes regularizados bajo el Régimen Nacional de Regularización de Activos, busca destinar los fondos recaudados como un supuesto "incentivo para los contribuyentes cumplidores".
Según se anunció, la Ley Tributaria 2025 incluye, además del impuesto al blanqueo, un aumento del 22% sobre el impuesto inmobiliario urbano y rural, lo cual incrementará aún más la presión fiscal en la provincia.
Esta actualización, basada en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se suma a una serie de medidas tributarias que, en conjunto, impactan directamente en el bolsillo de los santafesinos, perjudicando muchas personas.
