Rosario acaba de legalizar Uber y DiDi. El Concejo aprobó la nueva regulación por 18 votos contra 10 y permitió que las plataformas funcionen como servicios privados de transporte, sin tarifa mínima. Pero detrás de la discusión sobre aplicaciones, taxis y licencias aparece una pregunta mucho más elemental: si un pasajero quiere pagarle a un conductor para que lo lleve y el conductor acepta hacerlo, ¿por qué necesitan previamente la autorización de alguien que no participa del intercambio?
Este fue el tema sobre el que volví a “conversar” con Murray Rothbard. Porque para él el mercado no era principalmente un lugar ni una institución diseñada por el gobierno. Era una red de intercambios voluntarios entre personas.
—Profesor Rothbard, Rosario acaba de legalizar Uber y DiDi. ¿Es una buena noticia?
—Yo empezaría preguntando por qué estaban prohibidos. Tenemos un pasajero que desea trasladarse, un conductor dispuesto a llevarlo y un precio que ambos aceptan. ¿Quién está siendo obligado a participar?
—Nadie. Pero transportar pasajeros puede afectar su seguridad.
—Entonces castigue a quien engañe, incumpla un contrato o lesione a otra persona. Eso es diferente de presumir que toda persona es incapaz de prestar un servicio hasta que el gobierno la autorice.
—¿Cuál es la diferencia?









