El próximo Gobierno prepara una masiva oleada de licitaciones para la obra pública en curso, de manera que el sector privado pueda adjudicarse la administración de rutas y caminos con peaje para hacer rentable su construcción. A partir del 10 de diciembre el ajuste fiscal al sector público.

El presidente Javier Milei anunció los principales lineamientos de ajuste fiscal que serán lanzados a partir del 10 de diciembre: la racionalización y privatización de la obra pública, la privatización de las empresas del Estado y el recorte de las transferencias discrecionales para las provincias.

Se apunta al déficit financiero cero en el primer año de gestión, es decir, la generación de un superávit primario lo suficientemente robusto como para compensar todos los cargos por servicios de deuda pública.

Bajo este esquema, el Gobernador Maximiliano Pullaro ratificó su apoyo para la privatización de las obras públicas que actualmente se encuentran en marcha, muchas de las cuales se localizan en la Provincia de Santa Fe.

“Todo lo que sea beneficioso para Santa Fe, y que nos saque de esta situación de terrible desidia que nos ha dejado el kirchnerismo en los últimos años, me van a encontrar primero en la lista defendiéndolo”, explicó el Gobernador radical.

El apoyo de Juntos por el Cambio resulta fundamental para poder poner en marcha el programa de privatizaciones del nuevo Gobierno. Esto permitiría no solamente eliminar el flujo de recursos destinados a mantener las funciones de las empresas estatales, sino además recuperar importantes acreencias (por única vez) como resultado de las ventas. 

Cabe señalar que durante la década de 1990 los ingresos por privatizaciones llegaron a representar entre un 0,4% y hasta un 1% del PBI en recursos adicionales para el fisco cada año. Estos recursos pueden ser útiles para cancelar deudas, robustecer las reservas del Banco Central o financiar obras públicas donde el sector privado no tenga interés para invertir, entre muchas otras posibles aplicaciones.

La nueva administración propone un amplio llamado a licitaciones para que el sector privado pueda comenzar a hacerse cargo de las obras en curso, sin nuevos costos para el Estado hacia adelante. A cambio, el Estado ofrece un marco regulatorio flexible para que las empresas puedan recuperar su inversión mediante el cobro de peajes en rutas y caminos.

“Si el Gobierno nacional viene con un plan, y ese plan es aprobado por el Congreso y a Santa Fe le viene bien, lo vamos a aprobar. Ese es el programa que plantea el Gobierno nacional. Ellos ven rentabilidad en rutas y autopistas nacionales y entienden que con fondos privados se podrían llevar adelante esas importantes obras”, anunció Pullaro.

Se trata de la primera fase de aplicación del sistema de iniciativa privada que opera exitosamente en Chile desde hace décadas. Asimismo, la obras pública planificada pero no ejecutada que no resulte una prioridad será recortada, y todos los proyectos en donde el sector privado pueda tener interés inversor serán transferidos al mismo como ocurre en Chile.

Así lo informó la consultora Orlando Ferreres & Asociados sobre el índice desestacionalizado del nivel de actividad. La economía acumula 14 meses de recesión, mientras que la tasa de inflación interanual se disparó al nivel más violento de las últimas 3 décadas.

La actividad económica registró un nuevo sendero descendente tras el efecto temporal del “plan platita” entre agosto y septiembre. La consultora Orlando Ferreres estimó que su Índice General de Actividad Económica (IGA-OJF) se desplomó un 1,2% en el mes de octubre, cayó un 0,8% con respecto al mismo mes del año pasado, y acumuló un retroceso total del 1,4% en lo que va del 2023 en comparación con los primeros 10 meses de 2022.

Se observó el derrumbe más fuerte de los últimos 5 meses, y la sexta variación mensual negativa en lo que va del año. Y aunque la caída interanual de la actividad real fue del 0,8%, la intermediación financiera se contrajo un 2% en los últimos 12 meses, la industria manufacturera cayó un 3,7%, la actividad de la construcción se desplomó un 4,3% y las actividades empresariales y de alquiler retrocedieron hasta un 5,1% interanual.

De esta forma, la economía acumuló un total de 14 meses en una situación de estanflación desde agosto del año anterior. En este período, el nivel de actividad real se contrajo casi un 2%, la producción industrial acumuló una caída cercana al 3% medida por el IPI manufacturero del INDEC, y la tasa de inflación saltó del 70% a más del 142% al término de octubre.

“En cuanto a las perspectivas que plantea el cambio de gobierno, sin dudas el ajuste redundará, al menos en los primeros meses, en un impacto negativo en la actividad. En un escenario optimista, en la medida en que el plan de gobierno del nuevo ejecutivo sea efectivo podríamos comenzar a ver un rebote en el agregado, aunque la situación será distinta en cada sector, con los orientados al mercado externo en una mejor posición”, explica el informe de la consultora.

De acuerdo a los datos proporcionados por el INDEC, el índice EMAE de actividad económica ajustado por población retrocedió a niveles similares a los que había en 2019, y se contrajo hasta un 2,6% en la gestión de Sergio Massa como Ministro de Economía. El nivel de vida promedio de los argentinos se deterioró sistemáticamente por el efecto de la estanflación.

El Presidente Javier Milei anunciará un plan de estabilización que se pondrá en marcha a partir del próximo 11 de diciembre, pero la transición hacia el control definitivo del proceso inflacionario llevaría entre 18 y 24 meses, con lo cual las expectativas para el 2024 no son favorables.

El próximo Gobierno tendrá la ardua tarea de reestructurar los pasivos remunerados del Banco Central para poder unificar y liberalizar el cepo cambiario, condiciones fundamentales para que cualquier plan de estabilización pueda tener éxito.

Las perspectivas mejoran notoriamente de cara al año 2025, esperando un Banco Central saneado y conducente al proceso de dolarización de la economía. El futuro ministro Luis Caputo será el encargado de dirigir este proceso, aprovechando su vasta experiencia tanto en finanzas como en el propio Banco Central. 

La gestión de Sergio Massa le deja el camino minado a la próxima administración, entre las obligaciones por los Pases, las Leliq y las Levid en el Banco Central, la reservas netas negativas, la deuda comercial con proveedores extranjeros, el pago pendiente de dividendos y los juicios por la expropiación de YPF. 

Además de haber dejado una situación macroeconómica completamente desequilibrada, los cuatro años de gestión kirchnerista (y especialmente los 16 meses de Massa) dejaron una serie de “bombas” que traerán aparejado un profundo costo para la próxima administración del presidente Javier Milei. 

El economista Fernando Marurll estima que la bomba total que el kirchnerismo le deja a Milie asciende a por lo menos US$ 86.300 millones al cierre de 2023, más del doble en comparación con la pesada herencia del año 2015, cuando la acumulación de contingencias y desequilibrios llegaba a los US$ 42.200 millones respectivamente.

Para llegar a este cómputo, Marull señaló que las reservas netas del Banco Central finalizarán el año marcando un rojo de US$ 11.000 millones. Esto surge por sustraer de las reservas brutas a la posición de encajes en dólares para respaldar depósitos, los seguros bancarios y el fondo de resiliencia, y los recursos del swap con China. Se hereda un Banco Central completamente quebrado.

Por otra parte, debido a la colocación de contratos de dólar futuro y más recientemente LEVIDs del BCRA se llega a una carga de por lo menos US$ 9.300 millones para fin de año. Desde el punto de vista del Banco Central, el total de la “bomba” que deja el kirchnerismo se incrementa hasta los US$ 20.300 millones, una cifra similar a los US$ 20.500 millones que dejaba la administración de Alejandro Vanoli en diciembre de 2015.

Pero esta vez la pesada herencia no finaliza solamente con estos pasivos. En lo que respecta al Tesoro Nacional, los vencimientos acumulados por deuda dollar-linked y por bonos duales (que se ajustan o bien por el coeficiente CER o bien por la evolución del tipo de cambio) ascienden a US$ 20.000 millones.

El juicio millonario por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York le significó a la Argentina una carga por US$ 16.000 millones, y aunque el Estado podría evitar pagar la suma total en el corto plazo, de todos modos se vería obligado a entregar activos a modo de garantía. 

Como si todo esto fuera poco, la deuda comercial de las empresas privadas con sus proveedores en el exterior, deuda virtualmente “congelada” por el Banco Central al no habilitar el acceso al mercado oficial, asciende a más de US$ 54.000 millones. De este monto, Marull estima que por lo menos US$ 22.000 millones se corresponden al flujo de la deuda, exigible para la próxima administración.

El BCRA no solamente intervino para boicotear los pagos de los importadores, sino que además limitó la distribución de dividendos de las empresas multinacionales operativas en el país hacia sus respectivas casas matrices en el exterior. Por esta partida se acumuló un pasivo de hasta US$ 8.000 millones, el doble que en el año 2015.

La administración de Milei tendrá la titánica tarea de sanear el Banco Central en las pésimas condiciones en las que el kirchnerismo lo entrega a partir del 10 de diciembre. La reestructuración de la institución es fundamental para llevar a cabo un plan de estabilización creíble que le ponga fin a la inflación.