En un paso firme hacia la transformación estructural del modelo productivo nacional, el Gobierno de Javier Milei celebró la aprobación del primer proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una de las piedras angulares de la Ley Bases. La inversión, que supera los USD 2.500 millones, proviene del gigante angloaustraliano Rio Tinto, la segunda minera más grande del mundo, y se concretará en la provincia de Salta, en el estratégico sector del litio.
El anuncio fue realizado este martes por la tarde en el marco del evento ArMinera, por el secretario Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, quien destacó el objetivo del RIGI: “El RIGI es para incentivar y acelerar inversiones, y no para premiar otras ya existentes”. Con estas palabras, González disipó especulaciones y dejó claro que no habrá excepciones ni “RIGIs puntuales” para sectores como el oro o la plata, aunque estos lo estén solicitando para extender grandes proyectos ya en marcha.
Extracción de litio en Salar del Rincón, en Salta, Argentina.
El proyecto aprobado pertenece a Rio Tinto, firma con más de 150 años de historia y operaciones en 35 países, que genera cerca de 60.000 empleos a nivel global. En marzo de 2022, la multinacional había adquirido Rincón Mining por USD 825 millones. Desde entonces, trabajó en la planificación de una planta de demostración con capacidad para producir 3.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, utilizando tecnología de extracción directa (DLE).
La planta, denominada “Rincón 3.000”, tuvo como objetivo testear en condiciones comerciales el diseño, construcción, operación y calidad del producto, así como capacitar a operarios y optimizar los procesos antes de escalar a un desarrollo industrial de mayor envergadura.
El verdadero salto llegó en diciembre de 2024, cuando el Directorio de Rio Tinto aprobó, en función de las exitosas reformas económicas de Argentina y el nuevo RIGI, el desarrollo completo del proyecto para producir 53.000 toneladas por año de carbonato de litio grado batería, convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos del continente en el rubro.
La construcción de la planta comercial comenzará una vez obtenidos los permisos provinciales en Salta. De concretarse sin dilaciones, significará una reconfiguración del rol argentino en la transición energética global.
El presidente, Javier Milei y Jakob Stausholm.
El respaldo político a este desembarco fue evidente en marzo pasado, cuando el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a la cúpula de Rio Tinto. Participaron del encuentro el CEO global Jakob Stausholm; el CEO de Rio Tinto Lithium, Paul Graves; la Directora de Asuntos Exteriores para América Latina, María Paula Uribe; y el referente local de la compañía, Guillermo Enrique Calo. También estuvieron presentes figuras clave del gabinete: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Minería, Luis Lucero.
El respaldo del Ejecutivo no es menor: días antes, Rio Tinto había completado la adquisición de Arcadium Lithium por USD 6.700 millones, consolidándose como una de las principales productoras de litio del mundo. La operación implicó no solo la absorción del know-how y los activos de Arcadium, sino también el control de dos de los seis proyectos actualmente en producción en la Argentina, lo que convierte a la firma en la mayor productora de litio del país.
Como corolario del evento ArMinera, también se confirmó que otros grandes jugadores del sector siguen de cerca los beneficios del RIGI. El proyecto Vicuña, de cobre, ya evalúa su incorporación al régimen. En tanto, Rio Tinto adelantó que presentará dos proyectos adicionales: Sal de Vida y la expansión de Fénix, ambos en la provincia de Catamarca, lo que augura un sendero sostenido de inversiones de altísima magnitud.
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), su presidente Roberto Cacciola insistió en la necesidad de prorrogar la primera etapa del RIGI, en línea con la propia posibilidad que contempla la Ley de Bases. El pedido apunta a brindar previsibilidad y ampliar el horizonte de ingreso a nuevos proyectos.
