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Economía

Massa lanza otro “Plan Platita” pero solo para los Gobernadores alineados con el kirchnerismo y a costa de los cordobeses

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Massa le declara la guerra a Schiaretti y a los ciudadanos de Córdoba en represalia por no haberlo apoyado. El Gobierno autorizó una suba del 45% sobre los giros para las Provincias por fuera de la coparticipación, pero el grueso de los fondos lo recibirá Axel Kicillof y otros gobernadores ultra-kirchneristas alineados con el oficialismo.

El Gobierno encabezado por Sergio Massa lanzó una descomunal maniobra para transferir recursos a las Provincias con gobernadores kirchneristas, por fuera del régimen de la coparticipación. Se autorizó un incremento real del 45% interanual sobre los giros arbitrarios para las provincias.

En otras palabras, estos recursos son asignados a dedo, de manera completamente discrecional, no hay ninguna ley que los regule o que imponga algún tipo de criterio racional para su correcta distribución. Funcionan como una herramienta de extorsión de la cual Massa se vale para premiar o castigar gobernadores según su propia conveniencia política.

Aquellos gobernadores ultra-kirchneristas que decidieron respaldar al ministro Massa fueron recompensados, siendo Axel Kicillof el más beneficiado de las transferencias. Los recursos discrecionales para la Provincia de Buenos Aires se incrementaron en un 52,7% interanual en términos reales con respecto a octubre del año pasado. Estos fondos llegaron a representar prácticamente la mitad de todos los recursos girados por el Gobierno nacional a las provincias en ese mismo mes.

Se trata de un nuevo “plan platita” para financiar dádivas meramente temporales con el objetivo de comprar voluntades de cara al balotaje del domingo 19 de noviembre. El kirchnerismo hará uso de todas las cajas que disponga para financiar el despilfarro fiscal, sin importar el costo que esto le pueda traer al país en términos de inflación y marginalidad.

Las provincias oficialistas fueron premiadas, pero aquellas que mostraron resultados electorales adversos con el kirchnerismo fueron brutalmente castigadas. Córdoba fue, y con diferencia, la Provincia más severamente penalizada por la selección discrecional de Massa.

Los recursos girados para la Provincia liderada por Juan Schiaretti se desplomaron hasta un 32,2% interanual en términos reales al cierre de octubre, aún cuando el Gobernador inició una juicio contra el Estado nacional por la estafa contra los jubilados cordobeses.

Massa podría haber elegido cumplir los compromisos del Gobierno nacional y girar a Córdoba los recursos adeudados por las cajas previsionales locales, recursos que se usan para pagar jubilaciones y pensiones.

Pero como solamente cosechó un magro 13% de los votos en las elecciones generales de esta jurisdicción, los jubilados cordobeses no son ninguna prioridad para el Ministro. En lugar de saldar deudas, Massa optó por profundizar el despilfarro para Kicillof con el fin de mejorar su propia competitividad electoral de cara al balotaje.

La Provincia de Mendoza también fue una de las más severamente castigadas por el reparto injusto que perpetró el Ministro Massa en octubre. Los recursos girados a esta jurisdicción solamente aumentaron un 1,9% interanual en términos reales, y al mismo tiempo el Gobierno nacional le cortó el financiamiento a los subsidios del transporte público provincial como represalia política.

Los ciudadanos mendocinos debieron afrontar aumentos superiores al 70% en las tarifas de transporte público, únicamente porque Sergio Massa no los consideró una prioridad por no haberlo votado en las elecciones. El gobernador Rodolfo Suárez denunció una maniobra de discriminación deliberada contra la Provincia, pero no hubo ninguna solución concreta del Gobierno nacional para poner fin a la disputa por el reparto de los subsidios. 

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

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El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

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Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

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Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

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Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

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La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

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