El Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con una medida de fuerte impacto fiscal y simbólico: eliminará los subsidios a las tarifas de electricidad y gas para los hogares ubicados en barrios cerrados, countries y zonas de alto poder adquisitivo de todo el país.
La iniciativa, que ya había sido implementada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se extenderá a nivel nacional como parte del plan de ajuste del Gobierno de Milei.
Segmentación más estricta por ubicación
La Secretaría de Energía será la encargada de aplicar un nuevo criterio para excluir usuarios del esquema de subsidios. A diferencia del sistema vigente, que se basa en la autodeclaración de ingresos a través del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), el nuevo enfoque tomará en cuenta variables objetivas como la ubicación georreferenciada del inmueble y el nivel de las expensas.
Esto implica que los usuarios que vivan en zonas catalogadas como de ingresos altos perderán automáticamente el subsidio, sin importar si figuraban como beneficiarios. “El Estado no puede subsidiar a quienes viven en barrios de lujo”, señalaron fuentes oficiales para justificar la nueva modalidad.
Ahorro fiscal y apoyo a las provincias
Según estimaciones del Gobierno, en el AMBA más de 15.500 hogares fueron dados de baja del régimen subsidiado, lo que representó un ahorro fiscal cercano a los $3.000 millones anuales. Ahora, se busca replicar esa política en distritos como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Salta, con la colaboración activa de los gobiernos provinciales.
Además, se habilitarán herramientas digitales como la aplicación “Mi Argentina” y el sitio web de la Secretaría de Energía para que los usuarios puedan consultar su situación, actualizar datos, presentar reclamos y pedir reconsideraciones si consideran que la medida los afecta injustamente.
Nueva lógica de subsidios
El nuevo esquema apunta a concentrar la ayuda estatal en los sectores verdaderamente vulnerables y reducir el gasto público. En paralelo, las autoridades trabajan en una segunda etapa que incluiría auditorías cruzadas con organismos fiscales para detectar inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de los usuarios
