"Las provincias fijarán su propia tasa en función del ingreso que se genere en cada jurisdicción", explicó Fernanda Laiún, socia fundadora del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt. Esta descentralización de potestades tributarias marcaría un cambio de paradigma: obligará a las provincias a rendir cuentas con mayor transparencia y competir por inversiones bajando su presión fiscal.
El nuevo esquema no implicaría una ruptura con el régimen de coparticipación vigente. Tal como explicó el asesor financiero Federico Domínguez, "bastaría con una ley sancionada por mayoría simple en ambas cámaras para reemplazar el IVA actual por uno no coparticipable con alícuota nacional fija, dejando libertad a las provincias para agregar una tasa provincial". Según Domínguez, este mecanismo aumentaría los incentivos para una administración más eficiente del gasto público y fue respaldado públicamente por el presidente Milei en su cuenta de X.














