Se trata de un indicador multidimensional que difiere de la metodología que emplea el INDEC. Se contabilizan las necesidades básicas insatisfechas, el efecto del gasto social y la pobreza por ingresos, entre otras variables. No se veía un nivel de semejante marginalidad social desde la crisis de 2001-2002.

La Universidad Católica Argentina (UCA) confirmó que su medición particular de la pobreza se ubicó en el 44,7% al término del tercer trimestre de 2023, muy similar al pico observado durante el peor momento de la pandemia en 2020.

Se trata de un indicador multidimensional que discrepa de la metodología del INDEC, e incluye otros factores que no son capturados por la encuesta EPH. Pese a que el Presidente Alberto Fernández se mostró escéptico del nivel de pobreza y llegó a negar públicamente las estadísticas del INDEC, lo cierto es que cuando se mide el indicador desde un punto de vista más amplio que aquella encuesta los datos resultan aún peores.

Siguiendo un enfoque basado en las necesidades básicas insatisfechas, la UCA concluyó que el 67% de los argentinos sufren al menos una carencia económica o habitacional, un dato que refleja el nivel de deterioro en el cual incurrió el país después de una década de estanflación.

Y si bien la tasa de pobreza general con la metodología de la UCA llegó al 44,7%, cabe resaltar que casi el 36% de los hogares reciben algún tipo de ayuda social o transferencia del Estado. Sin estas transferencias, la pobreza llegaría a casi el 50% de la población, una cifra verdaderamente inédita para un país que alguna vez fue comparado con el estándar de vida de Europa a principios del siglo XX.

La cobertura por planes sociales superó el 61% entre los hogares que conforman el 25% de los ingresos más bajos del total. Asimismo, la pobreza multidimensional entre los menores de 17 años de edad se disparó al 62,9% en el tercer trimestre del año.

La “recuperación” del mercado laboral prometida por Sergio Massa y Alberto Fernández solo fue posible por el efecto del brutal deterioro del salario real, especialmente en el segmento privado no registrado. 

La caída real de los ingresos (salarios, jubilaciones y ventas) es actualmente el principal factor explicativo detrás del aumento de la pobreza coyuntural. Por otra parte, el delicado contexto macroeconómico y la estanflación acumulada de la última década contribuyó a incrementar el piso para la pobreza estructural. 

El Presidente electo Javier Milei anunció que la contención social será una de sus principales prioridades de su Gobierno, y será un elemento indispensable durante el transcurso de las reformas estructurales que debe afrontar el país.

El Ministerio de Capital Humano tendrá vía libre para desarrollar los gastos que considere necesarios para atender la cuestión social, siendo esta la única cartera de fondos que permanecerá abierta dentro del Gobierno de Milei. El resto de los ministerios, secretarías y dependencias del Estado tendrán que ajustarse en consecuencia.

El organismo multilateral podría ofrecer un cierto apoyo a través del Fondo de Resiliencia, pero el equipo económico de Milei apuesta a poder destrabar los recursos pendientes del crédito Stand By de 2018 que finalmente no fueron entregados a la Argentina.

El equipo del Presidente electo Javier Milei se encuentra en la búsqueda de recursos para poder paliar la oleada de desequilibrios que deja el kirchnerismo en el Banco Central. Uno de los desafíos más importantes para llevar a cabo al dolarización sin ningún efecto traumático es la reestructuración de los pasivos remunerados de la autoridad monetaria, y en particular la posición de Pases, lo que aún quedan de las Leliq y las nuevas Levids.

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza la posibilidad de expandir el apoyo financiero para la Argentina. A diferencia de los intentos de estabilización anteriores, como por ejemplo los que llevó adelante el expresidente Macri entre 2018 y 2019, la dolarización garantiza el cese de la inflación de manera definitiva.

En principio, el FMI podría ofrecer los recursos del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, un fondo que originalmente fue concebido como una suerte de ayuda contracíclica para atenuar el impacto de posibles pandemias y problemáticas vinculadas al cambio climático, pero en el caso argentino podrían ser aprovechados para mejorar el balance del Banco Central por al menos US$ 1.300 millones.

La suma del Fondo de Resiliencia resulta muy poco significativa y el equipo económico del nuevo Gobierno apuesta a un objetivo más grande: existen fondos adicionales de hasta US$ 13.000 millones que quedaron pendientes de ser depositados a la Argentina por el crédito Stand By de 2018.

Los desembolsos de este crédito Stand By fueron eventualmente paralizados a partir de agosto de 2019, en medio de la incertidumbre por el retorno del kirchnerismo al poder. Cuando la situación política se tornó más clara, el FMI ofreció nuevamente estos desembolsos pero Alberto Fernández decidió rechazar la operación y, a través del ministro Martín Guzmán, ordenó una larga e inútil renegociación para reestructurar la deuda argentina.

Si el Fondo Monetario llegó incluso a ofrecer hasta US$ 13.000 millones para un Gobierno sin programa económico, fiscalmente irresponsable y abiertamente inconsciente como lo fue el que presidió Alberto Fernández, la apuesta del equipo de Milei para conseguir financiamiento adicional a cambio de un programa fiscalmente ortodoxo no parece descabellada, y más aún si garantiza la estabilización al cabo de 2 años.

De poderse concentrar estos desembolsos a una tasa de interés más baja de la que cualquier privado podría ofrecer para la operación en el mercado externo, Argentina podría disminuir drásticamente los costos necesarios para dolarizar, facilitando el rescate de los pasivos remunerados a través de una solución voluntaria con los bancos locales.

En principio, el FMI dio su visto bueno sobre los principales lineamientos del programa económico de Milei, entre ellos la consolidación de las finanzas públicas, la apertura comercial, la desregulación de la economía y la simplificación del sistema tributario.

Otra posibilidad será la negociación de un nuevo programa desde cero con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, en lugar de destrabar los recursos pendientes del programa Stand-By anterior, habilitar nuevas líneas de crédito independientemente de este programa a cambio de trazar nuevos lineamientos fiscales y monetarios.

La prima de riesgo en la economía boliviana no deja de crecer ante las expectativas de devaluación y el abultado déficit fiscal. La actividad económica comenzó a resentirse en la segunda mitad del año, y el 2023 podría finalizar con la expansión más baja observada desde 2001.

La implosión del Gobierno socialista de Luis Arce, como parte de una lucha interna con el exdictador Evo Morales, desencadenó una oleada de expectativas negativas que ya comienzan a repercutir en los mercados financieros.

La prima de Riesgo País elaborada por JP Morgan Stanley escaló por encima de los 2.000 puntos básicos, oficialmente la segunda tasa de riesgo más elevada de América Latina sólo por detrás de Venezuela. Bolivia superó a Ecuador y a Argentina en riesgo crediticio, un indicador que mide la diferencia con respecto al bono soberano del Tesoro estadounidense.

Para entender el por qué de esta situación es necesario considerar que el Riesgo País se compone de dos grandes pilares: el riesgo asociado a la devaluación de la moneda local, que llevaría a la revaluación automática de todas las deudas nominadas en dólares, y el riesgo que se explica por la posibilidad de default de la deuda. Desde ambas perspectivas, la situación del país andino es crítica.

El sistema cambiario de Bolivia es insostenible a través del tiempo: el Banco Central perdió la mayor parte de sus reservas (con la excepción de la posición de oro), y la balanza energética del país, principal componente de la balanza comercial boliviana, se torna cada vez menos favorable por la histórica reducción en la producción de gas estatal.

El tipo de cambio nominal lleva fijado (sin mayores alteraciones) desde el año 2008. El sistema permitió anclar la demanda de pesos a pesar de la emisión sin respaldo para financiar al fisco, pero solo a costa de dilapidar completamente las reservas internacionales durante años. Sin reservas, no hay posibilidad de sostener indefinidamente el tipo de cambio.

Por otra parte, el Gobierno socialista de Luis Arce no logró llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios como para mitigar el riesgo de un incumplimiento crediticio. El déficit primario de Bolivia supera el 3,6% del PBI según las estadísticas del FMI, y el rojo financiero supera el 5,1% del producto.

El Gobierno trata de tapar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo e interno, pero el stock de deuda pública total ya supera el 80% del PBI, y no parece sostenible si la prima de riesgo (que denota la confianza de los inversores) es la segunda más alta de la región.

Arce prometió una reforma tributaria para el 2024 con la mira puesta en trasladar el ajuste al sector privado, pero los mercados descreen de la magnitud en la corrección fiscal que pueda llegar a ser explicada por esta reforma.

Por otra parte, los bonos bolivianos sufren una volatilidad adicional asociada al riesgo político por la implosión del socialismo y el enfrentamiento de Arce y Morales por el poder en 2025. Desde el punto de vista de los inversores, el riesgo por suscribir títulos soberanos de Bolivia es cada vez mayor ante el posible regreso de una versión radicalizada de Evo Morales al poder.