El Gobierno de Milei eliminó impuestos e impulsa la competitividad en Tierra del Fuego

La decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar los aranceles a la importación de teléfonos celulares y reducir significativamente los impuestos internos  que gravan productos electrónicos marca un cambio profundo en la política industrial y comercial de la Argentina.

Esta medida busca reducir los precios que durante años fueron artificialmente aumentados por una estructura tributaria distorsiva, y permite abrir una discusión más realista sobre el rol del régimen industrial de Tierra del Fuego.

El régimen fueguino representa un esquema de exenciones impositivas que ha sido fundamental para fomentar la producción nacional en una región geográfica históricamente desatendida. El beneficio no reside en subsidios ni transferencias directas, sino en una menor carga tributaria para las empresas que eligen radicarse en la isla, generando empleo formal y arraigo en el extremo sur del país.

En una economía como la argentina, con una de las presiones fiscales más altas del mundo producto de décadas de socialismo e intervencionismo económico, bajar impuestos es la política correcta, la cual debe guiar el desarrollo del sector privado.

Durante años, sin embargo, la existencia de aranceles elevados a la importación de productos electrónicos generó una distorsión en los precios. Esos tributos encarecieron artificialmente los bienes de consumo y generaron una percepción errónea, en donde muchas veces se culpó al régimen fueguino del alto costo de los celulares, cuando en realidad eran los impuestos nacionales los que elevaban la diferencia de precios entre los productos importados y los ensamblados en el país.

La eliminación de estos aranceles, anunciada esta semana por el Gobierno de Milei, permite avanzar en el fin de esa distorsión. Al eliminar esas barreras, se logra una competencia más sana entre producción local e importación, y se fortalece la libertad de elección de los consumidores.

A la vez, se deja al descubierto que el verdadero desafío no es terminar con las ventajas fiscales de Tierra del Fuego, sino expandirlas a todas las regiones del país para fomentar la inversión,  la innovación y el empleo.

El menor costo de los productos electrónicos para millones de argentinos se traducirá en una mejora del poder adquisitivo y una reasignación más eficiente del gasto de los hogares. Pero esa ganancia tiene por que ir en detrimento de la industria nacional.

Por el contrario, liberar la economía de aranceles y mantener esquemas fiscales competitivos, como el de Tierra del Fuego, son pasos que van en la misma dirección: reducir el peso del Estado, promover la eficiencia y alentar el crecimiento genuino.

Además, el régimen fueguino cumple una función estratégica de desarrollo del país. Ha permitido sostener una población estable en condiciones climáticas extremas y consolidó un polo productivo que genera miles de empleos directos e indirectos.

La verdadera distorsión más que el régimen fueguino es la estructura fiscal y aduanera que durante décadas elevó los precios al consumidor argentino. Ahora, bajo el Gobierno de Milei, se empiezan a corregir esas fallas. El objetivo de fondo es extender esa lógica a todo el país.