La decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar los aranceles a la importación de teléfonos celulares y reducir significativamente los impuestos internos que gravan productos electrónicos marca un cambio profundo en la política industrial y comercial de la Argentina.
Esta medida busca reducir los precios que durante años fueron artificialmente aumentados por una estructura tributaria distorsiva, y permite abrir una discusión más realista sobre el rol del régimen industrial de Tierra del Fuego.
El régimen fueguino representa un esquema de exenciones impositivas que ha sido fundamental para fomentar la producción nacional en una región geográfica históricamente desatendida. El beneficio no reside en subsidios ni transferencias directas, sino en una menor carga tributaria para las empresas que eligen radicarse en la isla, generando empleo formal y arraigo en el extremo sur del país.
En una economía como la argentina, con una de las presiones fiscales más altas del mundo producto de décadas de socialismo e intervencionismo económico, bajar impuestos es la política correcta, la cual debe guiar el desarrollo del sector privado.
Durante años, sin embargo, la existencia de aranceles elevados a la importación de productos electrónicos generó una distorsión en los precios. Esos tributos encarecieron artificialmente los bienes de consumo y generaron una percepción errónea, en donde muchas veces se culpó al régimen fueguino del alto costo de los celulares, cuando en realidad eran los impuestos nacionales los que elevaban la diferencia de precios entre los productos importados y los ensamblados en el país.
