
RIGI: ya hay dos proyectos aprobados y USD 15.200 millones en inversiones en curso
El RIGI se perfila como una herramienta clave para dinamizar sectores productivos.
A ocho meses de la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno de Javier Milei comienza a mostrar avances concretos.
Según información difundida por Bloomberg Línea, hasta el momento se inscribieron 11 proyectos bajo este esquema, con dos ya aprobados y otros nueve en proceso de evaluación. En total, se proyectan inversiones por USD 15.200 millones, principalmente en sectores estratégicos como energía, petróleo, gas y minería.
Primeros proyectos aprobados
Dos iniciativas ya recibieron luz verde por parte de las autoridades nacionales. Una de ellas es el Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz en Mendoza, con una inversión estimada de USD 211 millones para una planta fotovoltaica de 305 MW. La otra es un ambicioso proyecto de infraestructura de VMOS S.A., que invertirá USD 2.486 millones en un oleoducto de 437 kilómetros desde Río Negro hasta Punta Colorada, con instalaciones complementarias para el almacenamiento y exportación de crudo.
Nueve iniciativas en análisis
Los nueve proyectos restantes, aún en evaluación, representan miles de millones de dólares y abarcan una amplia variedad de industrias clave. Entre ellos se destacan:
- Southern Energy – Proyecto GNL: USD 6.878 millones para una planta de licuefacción de gas en Río Negro.
- Rio Tinto – Proyecto Rincón: USD 2.724 millones para plantas de carbonato de litio en Salta.
- Minas Argentinas – Gualcamayo: USD 1.000 millones para explotación aurífera y energía renovable en San Juan.
- Posco Argentina – Sal de Oro: USD 633 millones en instalaciones para distintos compuestos de litio.
- PCR y Acindar – Parque Eólico Olavarría: USD 255 millones para generación renovable en Buenos Aires.
Ganfeng, Galan Litio, McEwen Mining y Sidersa también tienen proyectos de más de USD 200 millones en Salta, Catamarca, San Juan y Buenos Aires.
Cómo opera el RIGI
El régimen, sancionado y reglamentado en 2024, ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes inversiones, con garantías jurídicas por 30 años. Existen dos categorías: proyectos de más de USD 200 millones y los de largo plazo, que superan los USD 2.000 millones.
Para conservar los beneficios, las empresas deben cumplir metas parciales: 40% de inversión comprometida en los primeros años para proyectos estándar y 20% en el caso de los estratégicos. Cada solicitud debe evaluarse en un máximo de 45 días hábiles, aunque ese plazo puede extenderse ante requerimientos adicionales.
“Este régimen no tendrá impacto fiscal en 2025, ya que los beneficios recién se activan cuando hay ingresos o postergación del pago de tributos”, aclaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante diputados.
Perspectiva de crecimiento
Desde el Gobierno insisten en que el RIGI busca consolidar un entorno de previsibilidad y confianza para atraer capitales. Con un plazo de adhesión vigente hasta agosto de 2026 —prorrogable por un año más—, se espera que las condiciones macroeconómicas y la flexibilización parcial del cepo acelerarán el ingreso de inversiones.
Fuentes empresariales consultadas por Bloomberg Línea manifestaron cierto optimismo moderado: si bien celebran el nuevo marco, advierten sobre desafíos pendientes, especialmente en materia de infraestructura y estabilidad regulatoria.
Aún en etapa inicial, el RIGI se perfila como una herramienta clave para dinamizar sectores productivos. El oficialismo espera que entre 2025 y 2026 comiencen a materializarse las obras, impulsando la generación de empleo y exportaciones.
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