Caputo anunció US$685 millones en ofertas por las hidroeléctricas del Comahue. Tres represas ya tienen ganadores.
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La privatización de las cuatro hidroeléctricas del Comahue tuvo hoy su desenlace. Tras semanas de análisis técnico y la depuración de las 9 ofertas iniciales, el Gobierno abrió finalmente los sobres con las propuestas.
El dato clave es que se recibieron 685 millones de dólares por la concesión de las 4 centrales hidroeléctricas. Una cifra que marca uno de los mayores procesos de inversión privada en el sector energético hidroeléctrico desde los años 90'.
El gobierno recibió ofertas por más de USD$685 millones.
De acuerdo con la comunicación oficial del Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya hay adjudicatarios para Alicurá, Piedra del Águila y El Chocón, mientras que Cerros Colorados quedó en una instancia de desempate.
“Recibimos ofertas por un total de 685 millones de dólares por la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas. Piedra del Aguila, El Chocón y Alicurá ya tienen ganadores y Cerros Colorados irá a un desempate”, afirmó el Ministro en su cuenta de X.
Luis Caputo remató con una lectura sobre el significado político de las concesiones: “Se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en Argentina cuando las reglas están claras. Felicitaciones a las compañías ganadoras”.
Publicación de Luis Caputo en su cuenta de X
El resultado marca un nuevo hito para el programa de ordenamiento del sector energético. Además, se confirma el progresivo proceso de retiro del Estado de actividades operativas que pueden ser gestionadas con mayor eficiencia por el sector privado.
Un proceso competitivo con nuevos jugadores
La apertura de sobres consolidó un proceso que comenzó con 9 grupos empresariales interesados en operar las centrales por 30 años. Entre aquellos grupos se encontraban los actuales concesionarios —AES, Central Puerto, Enel y MSU Green Energy— y nuevos actores de peso como Pampa Energía, Central Costanera y el consorcio Futaleufú-Genneia.
También se habían presentado grupos sin experiencia en grandes centrales hidroeléctricas, como Edison Inversiones y el fondo Inverlat, dueño de Havanna.
Tras el análisis del primer sobre, la Comisión Evaluadora había recomendado la precalificación de ocho grupos y había desestimado una oferta por no cumplir las condiciones exigidas en el pliego. Con esa depuración, la etapa económica quedó en manos de un lote competitivo con trayectoria, músculo financiero y capacidad técnica.
Las 4 represas en juego —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados— representan en conjunto el 10% de la potencia eléctrica del país. En conjunto constituyen uno de los activos más relevantes del sistema energético argentino.
Represas hidroeléctricas del Comahue
Su privatización formó parte del paquete de reformas estructurales impulsado por el Gobierno para atraer inversiones, reducir el peso del Estado y mejorar la eficiencia operativa del parque energético.
Impacto fiscal y beneficios para las provincias
Además de la recaudación directa —que se ubica entre US$500 y US$700 millones—, las provincias de Neuquén y Río Negro mantendrán el cobro del 6% de regalías y sumarán un canon del 1% por uso del recurso hídrico. Esta fue una condición clave que los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck exigieron para acompañar el proceso sin litigios.
Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa
El contexto macro también jugó a favor. La prórroga pedida por el sector privado que se otorgó antes de las elecciones, permitió que las ofertas se presentaran en un clima financiero más favorable. Hoy las tasas son más bajas y hay mejores condiciones de capitalización para los grupos interesados.
Una señal de confianza en el rumbo económico
La licitación de las hidroeléctricas se convirtió en una prueba de fuego para medir el apetito inversor después del giro económico del Gobierno. El desenlace fue contundente: competencia real, múltiples oferentes de peso y un monto recaudado que confirma que el sector privado ve oportunidades donde antes había incertidumbre.
Para el Ejecutivo, los US$685 millones representan algo más que una cifra. Son un aval explícito al modelo de reglas claras, apertura económica y desestatización que impulsa la administración Milei.
