Economía
Se viene un “Megacanje” de la deuda en pesos: Massa quiere pasarle la carga al próximo Gobierno
El ministro de Economía anunció un acuerdo con los bancos para la conversión de bonos en pesos. El Gobierno quiere despejar las dudas por un eventual reperfilamiento en el corto plazo, pero a cambio de trasladar toda la carga financiera a las futuras autoridades en 2024.

Con pésimas chances electorales y en plena retirada, el Gobierno kirchnerista busca desenvolverse de las necesidades financieras para la deuda en pesos, al menos, para 2023. El ministro de Economía Sergio Massa anunció un megacanje de la deuda pública en moneda local, tomada por acreedores privados (es evidente que la deuda intra-sector público se va a canjear).
Tal y como estaban postulados los plazos y las amortizaciones de la deuda en pesos hasta la fecha, se concentraba una brutal y peligrosa cuantía de vencimientos entre abril y septiembre. El canje de Massa buscaría una conversión de los bonos para postergar los plazos de pago con vista a 2024 y 2025, ya en el marco de un nuevo Gobierno que deberá cargar con todo el peso de la deuda kirchnerista.
El Ministro anunció que los detalles serán confirmados oficialmente en una semana, por lo que aún no queda del todo claro desde qué mes en adelante se tomará el plazo para los vencimientos de los bonos. Aún así, es casi un hecho que la operación involucrará una suma de por lo menos 8,5 billones, y de hasta 12 billones de pesos.
Las principales razones del canje
“El poder plantearnos en una oferta de dos canastas o la posibilidad de tener un programa de deuda que, inclusive, desactiva esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses está algo por explotar y que le da una curva de vencimiento 2024, 2025, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal”, anunció Massa en el día de la fecha.
Massa afirmó que las medidas se toman para “llevar mayor tranquilidad a los ahorristas”, que son los que en última instancia se perjudican por la insolvencia o la iliquidez de los bancos. Sin embargo, lo cierto es que los vencimientos dudosamente podían ser afrontados sin acudir a un rescate directo del Banco Central vía emisión monetaria.
Así lo confirmó y evidenció el mercado en las últimas colocaciones de títulos en la plaza financiera. El plazo promedio de las licitaciones del Tesoro Nacional se redujo de los 16,7 meses en abril del año pasado, a solamente 3 meses para febrero de este año.
Pero el mercado no solo concedía préstamos a cada vez menos plazo, sino que además exigió tasas cada vez más elevadas. La última licitación de pesos comprometió una tasa efectiva del 118% interanual, mientras la inflación de enero escaló al 98,8% y la inflación de febrero habría superado el 100%.
El mercado no cree en absoluto en el programa fiscal del Gobierno kirchnerista, aunque hasta ahora tampoco descuenta plenamente la idea de un “reperfilamiento” o un default futuro de la deuda en pesos como sucedió en el año 2019.
Cabe señalar que si bien el objetivo del canje es trasladar vencimientos a futuro y, por medio de ello, evitar un rescate monetario mayor, lo cierto es que el Banco Central tendrá un rol activo en la operación.
El BCRA deberá asegurar un mecanismo de recompra automática para que el precio de los bonos canjeados no oscile por fuera de una determinada parametrización, y estas intervenciones significan un costo en emisión monetaria y más inflación. Esta maniobra pretende compensar cualquier tipo de corrida o de shock de expectativas, ya sea desde los propios mercados o por algún eventual anuncio de la oposición de Juntos por el Cambio.
La bomba de tiempo que deja Massa al próximo Gobierno
El ordenamiento fiscal se suponía la principal “ancla” del programa lanzado en agosto del año pasado, pero realmente (y aún cumpliendo con las metas del Fondo) el programa no garantiza ni la estabilidad de la deuda ni la solvencia intertemporal del sector público (y el Riesgo País volvió a aumentar).
La deuda bruta total del Tesoro Nacional volvió a crecer en términos del PBI a partir de octubre del año pasado, y la deuda en pesos llegó a representar el 12,7% del PBI en diciembre. Esta partida acumula un aumento de 2 puntos porcentuales desde noviembre de 2019.
Asimismo, la segunda gran deuda en pesos radica en el Banco Central y representa un monto equivalente al 11% del PBI. El stock de Leliq y Pases es cada vez más grande en relación a la base monetaria, superando el 200% de la misma y ostentando niveles prácticamente similares a los que hubo en el primer semestre de 1989 (la antesala de la hiperinflación).
El mayor para la estabilidad en el corto y mediano plazo los confirma el déficit cuasi-fiscal, los intereses que cada semana se pagan la deuda del Central. Esta factura sideral de recursos ya supera el 4% del PBI (con lo cual el déficit fiscal total es de más de 8 puntos del producto), y se convirtió en el principal factor explicativo para la expansión de la cantidad de pesos día tras día.
Economía
El Fondo Monetario Internacional analiza un nuevo apoyo a la Argentina para la dolarización de Javier Milei
El organismo multilateral podría ofrecer un cierto apoyo a través del Fondo de Resiliencia, pero el equipo económico de Milei apuesta a poder destrabar los recursos pendientes del crédito Stand By de 2018 que finalmente no fueron entregados a la Argentina.

El equipo del Presidente electo Javier Milei se encuentra en la búsqueda de recursos para poder paliar la oleada de desequilibrios que deja el kirchnerismo en el Banco Central. Uno de los desafíos más importantes para llevar a cabo al dolarización sin ningún efecto traumático es la reestructuración de los pasivos remunerados de la autoridad monetaria, y en particular la posición de Pases, lo que aún quedan de las Leliq y las nuevas Levids.
En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza la posibilidad de expandir el apoyo financiero para la Argentina. A diferencia de los intentos de estabilización anteriores, como por ejemplo los que llevó adelante el expresidente Macri entre 2018 y 2019, la dolarización garantiza el cese de la inflación de manera definitiva.
En principio, el FMI podría ofrecer los recursos del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, un fondo que originalmente fue concebido como una suerte de ayuda contracíclica para atenuar el impacto de posibles pandemias y problemáticas vinculadas al cambio climático, pero en el caso argentino podrían ser aprovechados para mejorar el balance del Banco Central por al menos US$ 1.300 millones.
La suma del Fondo de Resiliencia resulta muy poco significativa y el equipo económico del nuevo Gobierno apuesta a un objetivo más grande: existen fondos adicionales de hasta US$ 13.000 millones que quedaron pendientes de ser depositados a la Argentina por el crédito Stand By de 2018.
Los desembolsos de este crédito Stand By fueron eventualmente paralizados a partir de agosto de 2019, en medio de la incertidumbre por el retorno del kirchnerismo al poder. Cuando la situación política se tornó más clara, el FMI ofreció nuevamente estos desembolsos pero Alberto Fernández decidió rechazar la operación y, a través del ministro Martín Guzmán, ordenó una larga e inútil renegociación para reestructurar la deuda argentina.
Si el Fondo Monetario llegó incluso a ofrecer hasta US$ 13.000 millones para un Gobierno sin programa económico, fiscalmente irresponsable y abiertamente inconsciente como lo fue el que presidió Alberto Fernández, la apuesta del equipo de Milei para conseguir financiamiento adicional a cambio de un programa fiscalmente ortodoxo no parece descabellada, y más aún si garantiza la estabilización al cabo de 2 años.
De poderse concentrar estos desembolsos a una tasa de interés más baja de la que cualquier privado podría ofrecer para la operación en el mercado externo, Argentina podría disminuir drásticamente los costos necesarios para dolarizar, facilitando el rescate de los pasivos remunerados a través de una solución voluntaria con los bancos locales.
En principio, el FMI dio su visto bueno sobre los principales lineamientos del programa económico de Milei, entre ellos la consolidación de las finanzas públicas, la apertura comercial, la desregulación de la economía y la simplificación del sistema tributario.
Otra posibilidad será la negociación de un nuevo programa desde cero con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, en lugar de destrabar los recursos pendientes del programa Stand-By anterior, habilitar nuevas líneas de crédito independientemente de este programa a cambio de trazar nuevos lineamientos fiscales y monetarios.
Bolivia
Bolivia al borde del estallido: El Riesgo País se disparó por encima de los 2.000 puntos y se registra el crecimiento más bajo en 22 años
La prima de riesgo en la economía boliviana no deja de crecer ante las expectativas de devaluación y el abultado déficit fiscal. La actividad económica comenzó a resentirse en la segunda mitad del año, y el 2023 podría finalizar con la expansión más baja observada desde 2001.

La implosión del Gobierno socialista de Luis Arce, como parte de una lucha interna con el exdictador Evo Morales, desencadenó una oleada de expectativas negativas que ya comienzan a repercutir en los mercados financieros.
La prima de Riesgo País elaborada por JP Morgan Stanley escaló por encima de los 2.000 puntos básicos, oficialmente la segunda tasa de riesgo más elevada de América Latina sólo por detrás de Venezuela. Bolivia superó a Ecuador y a Argentina en riesgo crediticio, un indicador que mide la diferencia con respecto al bono soberano del Tesoro estadounidense.
Para entender el por qué de esta situación es necesario considerar que el Riesgo País se compone de dos grandes pilares: el riesgo asociado a la devaluación de la moneda local, que llevaría a la revaluación automática de todas las deudas nominadas en dólares, y el riesgo que se explica por la posibilidad de default de la deuda. Desde ambas perspectivas, la situación del país andino es crítica.
El sistema cambiario de Bolivia es insostenible a través del tiempo: el Banco Central perdió la mayor parte de sus reservas (con la excepción de la posición de oro), y la balanza energética del país, principal componente de la balanza comercial boliviana, se torna cada vez menos favorable por la histórica reducción en la producción de gas estatal.
El tipo de cambio nominal lleva fijado (sin mayores alteraciones) desde el año 2008. El sistema permitió anclar la demanda de pesos a pesar de la emisión sin respaldo para financiar al fisco, pero solo a costa de dilapidar completamente las reservas internacionales durante años. Sin reservas, no hay posibilidad de sostener indefinidamente el tipo de cambio.
Por otra parte, el Gobierno socialista de Luis Arce no logró llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios como para mitigar el riesgo de un incumplimiento crediticio. El déficit primario de Bolivia supera el 3,6% del PBI según las estadísticas del FMI, y el rojo financiero supera el 5,1% del producto.
El Gobierno trata de tapar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo e interno, pero el stock de deuda pública total ya supera el 80% del PBI, y no parece sostenible si la prima de riesgo (que denota la confianza de los inversores) es la segunda más alta de la región.
Arce prometió una reforma tributaria para el 2024 con la mira puesta en trasladar el ajuste al sector privado, pero los mercados descreen de la magnitud en la corrección fiscal que pueda llegar a ser explicada por esta reforma.
Por otra parte, los bonos bolivianos sufren una volatilidad adicional asociada al riesgo político por la implosión del socialismo y el enfrentamiento de Arce y Morales por el poder en 2025. Desde el punto de vista de los inversores, el riesgo por suscribir títulos soberanos de Bolivia es cada vez mayor ante el posible regreso de una versión radicalizada de Evo Morales al poder.
Economía
El kirchnerismo expandió el gasto público en $1,87 billones a solo una semana de dejar el poder, expandiendo el déficit a $575.000 millones
Así lo resolvió la Jefatura de Gabinete a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado el 30 de noviembre. Las partidas del Presupuesto 2023 acumulan un alza del 180% con respecto a sus valores originales, y la tasa de inflación efectiva llegó a más que duplicar la que previó Sergio Massa.

El Presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa resolvieron la onceava ampliación presupuestaria del 2023 a solo una semana de abandonar el Gobierno. La operación se llevó a cabo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 647, firmado el pasado 30 de noviembre.
El decreto publicado en el Boletín Oficial resolvió un explosivo incremento del Presupuesto 2023 en $1,87 billones de pesos, concretando así un alza superior al 180% con respecto a los montos nominales presupuestados al momento del lanzamiento del organigrama.
La inflación descontrolada eliminó cualquier tipo de capacidad del Estado para planificar, dejando así al país con un “capitalismo sin mercado y un socialismo sin plan”. El Presupuesto 2023 estipulaba una tasa de inflación anual del 60%, pero la realidad es que para fin de año los precios habrán acumulado un incremento más cercano al 200%.
El sistema de seguridad social recibió una ampliación por $392.000 millones, la cartera de Educación más de $190.000 millones, en materia de subsidios energéticos se resolvió una ampliación de $208.000 millones y el Ministerio del Interior recibió más de $120.000 millones para distribuir en las Provincias, entre muchas otras partidas.
El déficit proyectado para fin de año asciende a los $575.000 millones, y rompe con todas las metas fijadas en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro Massa incumplió sistemáticamente todos y cada uno de los lineamientos que se había comprometido a respetar al momento de su asunción como Ministro en agosto del año pasado.
El equipo del Presidente electo Javier Milei buscará un nuevo acuerdo con el FMI, esta vez en el marco de un programa económico consistente y ortodoxo, para revitalizar la credibilidad del Estado argentino.
Se recortarán fuertemente las transferencias discrecionales para las Provincias, las cuales surgen por la diferencia entre los recursos presupuestados (atados a la inflación proyectada a un año), y los ingresos que efectivamente recauda el Estado (nominalmente inflados por el efecto corrosivo de la inflación).
También se abordará una ambiciosa reforma del Estado que apunta a privatizar las empresas deficitarias más importantes, privatizar y racionalizar la obra pública, simplificar la estructura de personal en la función pública, y rediseñar los pliegues de licitación con las empresas proveedoras de servicios públicos para comenzar a reducir el peso de los subsidios económicos.
Se apunta al déficit financiero cero para diciembre de 2024, es decir, la generación de un superávit primario que sea capaz de compensar la carga por servicios de deuda pública.
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