El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sancionó al legislador correísta Ronal González con 60 días de suspensión sin remuneración por una falta administrativa muy grave. La decisión, unánime entre los miembros del CAL, respondió a una acción que alteró el normal funcionamiento del Parlamento. El 26 de mayo, González llegó al Pleno con un megáfono y lanzó insultos, entre ellos la frase “¿sí me escuchas, sinvergüenza?”, en un acto considerado confrontativo e irrespetuoso. Su objetivo era protestar contra el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, por supuestamente bloquear intervenciones del correísmo.
La legisladora Diana Jácome, de Acción Democrática Nacional (ADN), presentó la denuncia formal ante el CAL, acusando a González de violar la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el reglamento interno. Jácome solicitó la sanción más severa, pero el CAL optó por una medida intermedia, dentro del rango permitido para faltas muy graves. Las autoridades señalaron que este castigo es el primero de su tipo en el actual período legislativo, y subrayaron que su aplicación responde a la necesidad de mantener la institucionalidad. Se trata de un claro mensaje frente a conductas que obstaculicen las sesiones y afecten el respeto dentro del órgano legislativo.
El correísmo ha intentado posicionar este acto como una protesta legítima, pero el uso de un megáfono y el lenguaje ofensivo han sido fuertemente cuestionados. Estas formas de confrontación exponen una estrategia de provocación que ya no goza del blindaje institucional que tuvo en gobiernos pasados. Esta no es la primera vez que miembros de la Revolución Ciudadana son señalados por conducta inapropiada o uso indebido de sus funciones. A lo largo de los últimos años, varias figuras vinculadas al movimiento han enfrentado sanciones, investigaciones judiciales y cuestionamientos éticos.
