La Ley Orgánica de Inteligencia entró en vigencia este 11 de junio, tras su publicación en el Registro Oficial y sin recibir observaciones por parte del presidente Daniel Noboa. Esta decisión refuerza el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento institucional para enfrentar amenazas criminales complejas en todo el país.
La norma permite a las oficinas de inteligencia requerir a las empresas de telecomunicaciones información de los usuarios bajo ciertos parámetros legales. Aunque sectores del correísmo expresaron temores de supuestas intromisiones, la ley establece con claridad los principios de necesidad, proporcionalidad y control judicial.
Además, se reconoció legalmente que los agentes de inteligencia puedan usar identidades ficticias como herramienta legítima de su labor. Esta medida, común en agencias internacionales, responde a la creciente sofisticación de redes delictivas que operan en Ecuador y que requieren acciones encubiertas para su neutralización.
El Sistema Nacional de Inteligencia estará compuesto por siete subsistemas especializados, incluyendo inteligencia militar, policial, financiera, penitenciaria, tributaria y aduanera. La entidad rectora será designada por el Ejecutivo y deberá superar pruebas de confianza, asegurando transparencia y profesionalismo.
