La Ley de Inteligencia fortaleció el combate estatal contra el crimen organizado

Además, se reconoció legalmente que los agentes de inteligencia puedan usar identidades ficticias como herramienta legítima de su labor. Esta medida, común en agencias internacionales, responde a la creciente sofisticación de redes delictivas que operan en Ecuador y que requieren acciones encubiertas para su neutralización.

El Sistema Nacional de Inteligencia estará compuesto por siete subsistemas especializados, incluyendo inteligencia militar, policial, financiera, penitenciaria, tributaria y aduanera. La entidad rectora será designada por el Ejecutivo y deberá superar pruebas de confianza, asegurando transparencia y profesionalismo.

Uno de los avances clave fue incluir una auditoría específica por parte de la Contraloría General del Estado para la supervisión de gastos reservados. Este control garantiza que los recursos utilizados en inteligencia no se desvíen y cumplan fines estrictamente legales y operativos.

Expertos en seguridad afirman que esta legislación posiciona al país en una mejor capacidad de reacción frente al crimen organizado. Mientras tanto, los sectores que votaron en contra, principalmente de la Revolución Ciudadana, no ofrecieron una alternativa sólida ante el problema de inseguridad que su gobierno dejó sin resolver.

Con esta ley, el gobierno de Daniel Noboa priorizó la protección ciudadana y la institucionalidad, marcando distancia con posturas que, bajo pretexto de libertades, desarmaron al Estado frente a mafias internacionales. Ecuador avanza hacia una inteligencia moderna, legal y supervisada.