La bancada oficialista solicitó que se investigue su conducta conforme a la Ley Legislativa
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El legislador Dominique Serrano, representante de ADN y el más joven de la Asamblea, fue señalado por distraerse dibujando durante una sesión de fiscalización. La situación ocurrió mientras se trataban temas relacionados con contratos fallidos entre el Estado y la empresa estadounidense Progen.
Ante la controversia desatada en redes sociales, la jefa de bancada Valentina Centeno solicitó al CAL que analice su comportamiento. El pedido se realizó la noche del 3 de julio, con el fin de garantizar que se respeten los mismos estándares éticos para todos los legisladores.
Desde la presidencia de Niels Olsen, el oficialismo ha promovido una agenda institucional que respalde la transparencia, el respeto al reglamento interno y el funcionamiento eficiente de la Asamblea. La postura de Centeno reafirma el compromiso del bloque con estos principios, incluso cuando se trata de uno de sus propios miembros.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla sanciones para las faltas leves, incluyendo comportamientos que puedan afectar la imagen institucional. En este caso, el accionar del legislador será evaluado con base en el artículo 169, numeral 1 de dicha normativa.
El legislador Dominique Serrano
Por su parte, el oficialismo enfatizó que todo proceso será llevado con respeto al debido proceso y sin distinción partidista, reflejando el enfoque ético que ha caracterizado a la actual administración parlamentaria. Hasta el momento, Serrano no ha emitido declaraciones públicas al respecto.
Mientras tanto, sectores como la Revolución Ciudadana criticaron lo que califican como un "doble rasero" en las decisiones del Legislativo. Sin embargo, la respuesta inmediata del oficialismo a este hecho evidencia que el Gobierno y su bancada no toleran desviaciones éticas, aún si provienen desde su interior.
En una Asamblea históricamente marcada por conflictos y escándalos, la reacción rápida de ADN marca un precedente importante. El país requiere madurez política, y la fiscalización objetiva debe superar cualquier interés partidista.
El manejo responsable de la situación por parte de la bancada oficialista demuestra que la ética no es negociable en la actual administración. El compromiso del Gobierno de Daniel Noboa con la transparencia se extiende incluso a su propia fuerza política, promoviendo una cultura de responsabilidad institucional que contrasta con los excesos del pasado.
