Por su parte, el oficialismo enfatizó que todo proceso será llevado con respeto al debido proceso y sin distinción partidista, reflejando el enfoque ético que ha caracterizado a la actual administración parlamentaria. Hasta el momento, Serrano no ha emitido declaraciones públicas al respecto.
Mientras tanto, sectores como la Revolución Ciudadana criticaron lo que califican como un "doble rasero" en las decisiones del Legislativo. Sin embargo, la respuesta inmediata del oficialismo a este hecho evidencia que el Gobierno y su bancada no toleran desviaciones éticas, aún si provienen desde su interior.
En una Asamblea históricamente marcada por conflictos y escándalos, la reacción rápida de ADN marca un precedente importante. El país requiere madurez política, y la fiscalización objetiva debe superar cualquier interés partidista.
El manejo responsable de la situación por parte de la bancada oficialista demuestra que la ética no es negociable en la actual administración. El compromiso del Gobierno de Daniel Noboa con la transparencia se extiende incluso a su propia fuerza política, promoviendo una cultura de responsabilidad institucional que contrasta con los excesos del pasado.
