La nueva Ley de Integridad Pública transformó la contratación estatal en Ecuador

La Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio de 2025, marcó un cambio profundo en la forma en que se ejecutan las contrataciones estatales en Ecuador. Impulsada inicialmente por el presidente Daniel Noboa, la propuesta buscó reducir y simplificar los mecanismos de compra pública, eliminando figuras obsoletas como la cotización y la menor cuantía.

La versión original del Ejecutivo fue modificada ampliamente en la Asamblea, expandiéndose de 17 a más de 150 páginas. Sin embargo, el núcleo de la reforma la simplificación del sistema de contratación se mantuvo como eje central, apuntando a resolver la excesiva burocracia y la falta de eficiencia en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Con esta ley se eliminó la obligación de emitir informes de pertinencia por parte de la Contraloría antes de cada contratación, un paso que reduce la tramitología sin debilitar el control posterior. Además, ahora solo las consultorías menores a USD 10.000 pueden hacerse por ínfima cuantía; el resto se deberá adjudicar mediante concursos públicos, aumentando la transparencia.

Otros cambios destacables incluyen que todas las normativas secundarias serán emitidas directamente desde el Ejecutivo, eliminando las resoluciones contradictorias del Sercop. Asimismo, se potenciará el uso de inteligencia artificial y datos abiertos en las plataformas digitales para garantizar trazabilidad, eficiencia y prevención de actos indebidos.

La ley también exige que los servidores públicos involucrados en procesos de contratación estén certificados y capacitados. Y para fortalecer la ética, los proveedores que denuncien corrupción documentada tendrán preferencia en futuras contrataciones, incentivando una cultura de transparencia activa.

Además, se incorporó una visión más moderna al incluir mecanismos de compra corporativa para medicamentos y servicios estratégicos. Esto permitirá al país mejorar el acceso a insumos críticos sin caer en sobrecostos ni demoras, como ha sucedido en administraciones anteriores.

La nueva Ley de Integridad Pública representa un paso concreto en la modernización del Estado, alineada con los objetivos de eficiencia y transparencia del presidente Daniel Noboa. El fortalecimiento de la contratación pública y la eliminación de trabas burocráticas son avances que consolidan una gestión más responsable y proactiva, marcando distancia con los modelos ineficaces heredados del pasado.