La nueva Ley de Integridad Pública transformó la contratación estatal en Ecuador

Otros cambios destacables incluyen que todas las normativas secundarias serán emitidas directamente desde el Ejecutivo, eliminando las resoluciones contradictorias del Sercop. Asimismo, se potenciará el uso de inteligencia artificial y datos abiertos en las plataformas digitales para garantizar trazabilidad, eficiencia y prevención de actos indebidos.

La ley también exige que los servidores públicos involucrados en procesos de contratación estén certificados y capacitados. Y para fortalecer la ética, los proveedores que denuncien corrupción documentada tendrán preferencia en futuras contrataciones, incentivando una cultura de transparencia activa.

Además, se incorporó una visión más moderna al incluir mecanismos de compra corporativa para medicamentos y servicios estratégicos. Esto permitirá al país mejorar el acceso a insumos críticos sin caer en sobrecostos ni demoras, como ha sucedido en administraciones anteriores.

La nueva Ley de Integridad Pública representa un paso concreto en la modernización del Estado, alineada con los objetivos de eficiencia y transparencia del presidente Daniel Noboa. El fortalecimiento de la contratación pública y la eliminación de trabas burocráticas son avances que consolidan una gestión más responsable y proactiva, marcando distancia con los modelos ineficaces heredados del pasado.

Con esta ley se eliminó la obligación de emitir informes de pertinencia por parte de la Contraloría antes de cada contratación, un paso que reduce la tramitología sin debilitar el control posterior. Además, ahora solo las consultorías menores a USD 10.000 pueden hacerse por ínfima cuantía; el resto se deberá adjudicar mediante concursos públicos, aumentando la transparencia.