El concurso para nuevo fiscal general inició entre demoras y falta de definiciones cla

El proceso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado se mantiene en una fase preliminar, sin avances concretos desde que Diana Salazar dejó el cargo el pasado 8 de abril. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) apenas convocó esta semana a sus vocales para conformar el equipo técnico responsable de organizar el concurso público.

Aunque el reglamento para este proceso está vigente desde octubre de 2024, no se ha iniciado ninguna convocatoria oficial para seleccionar a la comisión ciudadana encargada del concurso. Este retraso coincide con la reelección de Andrés Fantoni en la presidencia del CPCCS, quien prometió acelerar al menos siete procesos pendientes durante su segundo mandato.

Para elegir al nuevo fiscal general, primero se debe conformar una comisión ciudadana de selección compuesta por cinco delegados de la ciudadanía y cinco del Estado. Este proceso, según el reglamento, puede tomar entre cuatro y cinco meses, siempre que no existan trabas legales o administrativas.

Una vez conformada dicha comisión, se abrirá el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana. Este procedimiento adicional puede demorar entre siete y ocho meses, por lo que la Fiscalía podría permanecer bajo una figura interina durante casi un año, generando incertidumbre institucional.

Mientras tanto, Wilson Toainga, fiscal subrogante, continuará en funciones tras ser facultado por la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, su permanencia en calidad provisional refleja la falta de previsión del CPCCS, órgano que debía activar este proceso desde antes de la salida oficial de Salazar.

La lentitud del CPCCS no solo afecta a la Fiscalía, sino también a otras instituciones con autoridades en funciones prorrogadas, como el CNE, el TCE y el Consejo de la Judicatura. Estos vacíos en la renovación de autoridades debilitan la institucionalidad y abren espacios para la inestabilidad jurídica.

La falta de celeridad del CPCCS para iniciar el proceso de selección del nuevo fiscal general evidencia una deficiente capacidad de respuesta institucional. En un contexto marcado por la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la demora en designar autoridades de control debilita la gobernabilidad y la confianza ciudadana.