La Fiscalía General del Estado solicitó la vinculación de Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González en el caso Ligados, relacionado con una presunta asociación ilícita que habría operado en el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). La fiscal Diana Salazar presentó la petición a la jueza Daniella Camacho el 19 de mayo de 2025, argumentando que existen pruebas suficientes para extender el proceso penal a estas tres figuras del correísmo.
El expediente incluye conversaciones en chats y audios extraídos del celular de Augusto Verduga, exvocal del CPCCS, en los que se detalla cómo se habrían organizado para manipular designaciones clave, como la del superintendente de Bancos.
En los mensajes aparecen siglas y alias atribuidos a Arauz, como AN y AA, que intercambiaban criterios y estrategias con otros miembros de la llamada ‘liga azul’, brazo político vinculado al correísmo dentro del CPCCS. Uno de los episodios investigados es el retraso deliberado de la posesión de Roberto Romero von Buchwald en la Superintendencia de Bancos, decisión presuntamente motivada por Cuesta para favorecer a González.
Este último ya había sido nombrado en 2022 de forma polémica, ignorando un dictamen previo de la Corte Constitucional, lo que refuerza el presunto entramado de presiones institucionales. Arauz, al reaccionar en redes sociales, afirmó que ha enfrentado numerosas denuncias, pero que esta es la primera vez que se le vincula formalmente. “En realidad me persiguen porque siempre pongo el dedo en la llaga”, declaró.
