El proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado inició en medio de una creciente desconfianza hacia el sistema judicial. La renuncia de Diana Salazar, quien se mantuvo en funciones prorrogadas hasta mayo, aceleró la necesidad de conformar la comisión ciudadana que ejecutará el concurso público.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debe garantizar la integridad del proceso. Para ello, se analiza solicitar a los postulantes la autorización para acceder a su información patrimonial y fiscal. Esta medida permitiría detectar inconsistencias o posibles casos de defraudación tributaria.
La propuesta parte de la Federación Nacional de Abogados, que considera que la probidad ética, política y patrimonial debe ser el principal filtro. En respuesta, el CPCCS evalúa incluir en el formulario de postulación la declaración voluntaria para revisar ingresos, cuentas y antecedentes.
La urgencia se debe a antecedentes como los casos Metástasis y Purga, donde el crimen organizado habría manipulado a funcionarios judiciales. Estas revelaciones han alimentado el temor ciudadano sobre la infiltración en instituciones clave del Estado.
En junio se reformó el reglamento que rige el concurso. Se amplió la inhabilidad a quienes estén procesados o condenados por 42 delitos, además de infracciones contra la administración pública. Sin embargo, no se prohíbe postular a abogados que hayan defendido a personas acusadas de narcotráfico, un vacío que podría ser aprovechado.
