La Asamblea Nacional aprobó el 24 de junio de 2025 la Ley de Integridad Pública, una normativa presentada con carácter económico urgente. La ley incluye reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) que han despertado preocupación por posibles excesos en la administración de justicia.
Uno de los cambios más debatidos fue la inclusión del artículo 269.1, que habilita al Consejo de la Judicatura a declarar una emergencia judicial sin plazo definido. Esta figura otorga al organismo amplias facultades que podrían debilitar los principios de estabilidad y transparencia judicial.
Con esta reforma, el Consejo podrá realizar contrataciones por emergencia, reasignar recursos presupuestarios y aplicar un régimen especial de ingreso a la carrera judicial. También se contempla la evaluación anticipada de jueces y fiscales, sin garantías explícitas de independencia institucional.
