La moción impulsada por la Revolución Ciudadana (RC) para archivar el informe del Caso Triple A, que investiga un presunto tráfico ilegal de combustibles y vincula al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no logró los votos necesarios en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Con solo cuatro votos a favor, la estrategia del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) fracasó, permitiendo que la investigación siga su curso.
El intento de cerrar el caso fue liderado por el asambleísta Leonardo Berrezueta (RC), quien argumentó que la investigación había superado el plazo sin una prórroga, intentando deslegitimar el proceso. Sin embargo, la presidenta de la comisión, Inés Alarcón (ADN), aclaró que la interpretación de Berrezueta era errónea y que la fiscalización no estaba sujeta a ese límite de tiempo. La votación reflejó el intento del socialismo correísta de bloquear la transparencia: Alexandra Arce (RC), Otto Vera (PSC) y Alexandra Castillo (PSC) respaldaron la moción, mientras que los legisladores del oficialismo votaron en contra y dos asambleístas se abstuvieron.
El Caso Triple A se originó en julio de 2024, cuando el Gobierno de Daniel Noboa denunció ante la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables un esquema irregular en la comercialización de combustibles.
