La destitución de Guarderas reveló una operación política coordinada

Juan Esteban Guarderas, exconsejero del CPCCS, solicitó ser admitido como acusador particular en el caso Liga2, proceso judicial que involucra a cuatro exfuncionarios presuntamente vinculados al correísmo. Aseguró que su destitución no fue un acto institucional, sino parte de una “operación política cuidadosamente orquestada”.

La denuncia apunta a Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, acusados de planificar el control de instituciones clave del Estado. Según la Fiscalía, la maniobra se evidenció mediante chats y análisis forense de dispositivos incautados durante un allanamiento al CPCCS en enero pasado.

Guarderas fue destituido por la Asamblea Nacional en diciembre de 2024, con votos del bloque correísta y sus aliados. Su salida facilitó el ingreso de Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht. Para Guarderas, esto confirmó el objetivo político de tomar el control del Consejo.

Como parte del proceso, el exconsejero exige una reparación material de $130.400, valor correspondiente al salario que dejó de percibir desde su censura. Además, denunció penalmente a Verduga y a la asambleísta Pamela Aguirre por usurpación de funciones y asociación ilícita, por su rol en la elaboración del informe que motivó su salida.

Guarderas sostiene que el caso Liga2 demuestra cómo ciertos actores políticos buscaron cooptar espacios de poder mediante mecanismos ilegítimos. Afirmó que su juicio político fue apresurado, sin sustento legal y condicionado por intereses partidistas alineados con la Revolución Ciudadana.