La investigación sobre los contratos estatales con la empresa Progen provocó un nuevo conflicto político en la Asamblea Nacional. La asambleísta Diana Jácome (ADN) denunció que la Comisión de Garantías Constitucionales, dominada por el correísmo, intentó intervenir a pesar de que el caso ya había sido asignado a la Comisión de Transparencia.
El Consejo de Administración Legislativa ya había resuelto que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana debía encargarse de la fiscalización. La mesa está presidida por Jácome y tiene mayoría de legisladores de ADN y aliados, lo que generó resistencia del bloque de la Revolución Ciudadana.
