La jueza Daniella Camacho de la Corte Nacional de Justicia pidió a la Asamblea Nacional autorizar un juicio penal contra Esther Cuesta, expresidenta encargada del Legislativo. El requerimiento surge en el contexto del caso Ligados, una investigación que expone una presunta red de influencias en el Consejo de Participación Ciudadana y otras entidades públicas.
Según la Fiscalía, Cuesta habría intervenido políticamente para evitar la designación de un funcionario bancario, favoreciendo intereses del correísmo. En los chats revelados, su nombre aparece vinculado a maniobras para bloquear la posesión de Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos y colocar a Raúl González en su lugar.
La petición de la jueza ocurre antes de una posible audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita, donde también se buscaría incluir a Andrés Arauz y Raúl Carrión. La causa quedó en manos del fiscal Wilson Toainga, tras la renuncia de Diana Salazar, lo que añade tensión institucional al proceso.
Para que Cuesta pueda ser juzgada, la Asamblea debe levantar su inmunidad con al menos 101 votos. En caso de no pronunciarse dentro de 30 días, la solicitud se considerará automáticamente aceptada. Esta disposición constitucional evita el bloqueo político a procesos judiciales, aunque la fragmentación legislativa actual hace improbable la aprobación inmediata.
