La jueza Camacho solicitó enjuiciar a Esther Cuesta por el caso Ligados

La petición de la jueza ocurre antes de una posible audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita, donde también se buscaría incluir a Andrés Arauz y Raúl Carrión. La causa quedó en manos del fiscal Wilson Toainga, tras la renuncia de Diana Salazar, lo que añade tensión institucional al proceso.

Para que Cuesta pueda ser juzgada, la Asamblea debe levantar su inmunidad con al menos 101 votos. En caso de no pronunciarse dentro de 30 días, la solicitud se considerará automáticamente aceptada. Esta disposición constitucional evita el bloqueo político a procesos judiciales, aunque la fragmentación legislativa actual hace improbable la aprobación inmediata.

Este nuevo escándalo político reaviva las preocupaciones sobre la influencia del correísmo en las instituciones del Estado. Los casos de manipulación en el CPCCS han sido denunciados anteriormente, pero este caso involucra directamente a figuras con poder de decisión legislativa.

De confirmarse las acusaciones, la participación de Cuesta marcaría un grave retroceso en los principios de imparcialidad y transparencia. La instrumentalización política de cargos públicos, como plantea esta causa, refleja los vicios estructurales que el socialismo del siglo XXI sembró en el aparato estatal.

La respuesta de la Asamblea será clave: si permite el juicio, se reforzará la autonomía judicial; si lo bloquea, se agravará la percepción de impunidad. El caso Ligados podría ser un termómetro del compromiso político con la regeneración democrática en Ecuador.

La solicitud judicial contra Esther Cuesta no solo representa un posible giro legal para el caso Ligados, sino que pone a prueba la voluntad del Legislativo de romper con prácticas heredadas del correísmo. El país observa con atención si se priorizará la justicia o la protección partidaria.