La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el 16 de junio de 2025 una investigación sobre jueces y fiscales que habrían liberado a sospechosos de delitos graves. El detonante fue la polémica excarcelación de presuntos secuestradores de una comerciante en Guayaquil. El ministro del Interior, John Reimberg, compareció en Quito y denunció la existencia de una “puerta giratoria” judicial que permite la liberación de individuos acusados de asesinato, extorsión y secuestro. El funcionario ironizó que los imputados son liberados por “presentar un recibo de agua”.
Reimberg reveló que más de 270 personas enfrentan arresto domiciliario dictado por jueces, lo que obliga a la Policía Nacional a asignar 800 agentes para vigilar a los implicados, incluso en zonas de alto riesgo. “No veo inconveniente en mostrar el rostro de quienes liberan a delincuentes”, declaró, pidiendo transparencia en la judicatura. El Ministerio del Interior solicitó los nombres de fiscales y jueces involucrados en estas decisiones al Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado. El objetivo es que los funcionarios responsables respondan públicamente por sus resoluciones.













