La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el 16 de junio de 2025 una investigación sobre jueces y fiscales que habrían liberado a sospechosos de delitos graves. El detonante fue la polémica excarcelación de presuntos secuestradores de una comerciante en Guayaquil. El ministro del Interior, John Reimberg, compareció en Quito y denunció la existencia de una “puerta giratoria” judicial que permite la liberación de individuos acusados de asesinato, extorsión y secuestro. El funcionario ironizó que los imputados son liberados por “presentar un recibo de agua”.
Reimberg reveló que más de 270 personas enfrentan arresto domiciliario dictado por jueces, lo que obliga a la Policía Nacional a asignar 800 agentes para vigilar a los implicados, incluso en zonas de alto riesgo. “No veo inconveniente en mostrar el rostro de quienes liberan a delincuentes”, declaró, pidiendo transparencia en la judicatura. El Ministerio del Interior solicitó los nombres de fiscales y jueces involucrados en estas decisiones al Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado. El objetivo es que los funcionarios responsables respondan públicamente por sus resoluciones.
La propuesta de Reimberg desató debate, pero recibió respaldo entre sectores que exigen responsabilidad y ética en el sistema judicial. El ministro insistió en que si estos jueces consideran correctas sus decisiones, deben estar dispuestos a “dar la cara” por ellas. Las críticas también apuntan a la legislación vigente, que permite maniobras procesales para dilatar sanciones. La falta de celeridad en los procesos disciplinarios agrava la impunidad.
