El presidente Daniel Noboa ha tomado decisiones firmes para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a Ecuador. A través de medidas estratégicas y operativos contundentes, su administración ha logrado contener la escalada de violencia en zonas críticas del país.
Sin embargo, la Corte Constitucional ahora exige un mayor control sobre las acciones del Gobierno, lo que podría ralentizar la respuesta ante la criminalidad.
En su más reciente dictamen, la Corte ordenó la creación de una comisión interinstitucional para supervisar la gestión en seguridad, obligando a las entidades involucradas a rendir informes periódicos. A pesar de que el Gobierno ha desplegado todos los recursos posibles en la lucha contra el crimen organizado, este nuevo control judicial impone un marco de supervisión que limita su margen de maniobra.
Desde el inicio de su mandato, Noboa ha impulsado una estrategia integral que ha permitido la captura de líderes criminales, el desmantelamiento de bandas y la recuperación de territorios tomados por la delincuencia. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han recibido respaldo total para ejecutar operativos de gran escala, logrando reducciones significativas en delitos violentos en varias provincias.
