La entrada en vigor de la nueva Ley de Inteligencia transformó la estructura de vigilancia estatal en Ecuador. El Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), dirigido por Michele Sensi-Contugi, asumió nuevas atribuciones con apoyo legal ampliado. Este organismo se posiciona como el ente rector de las operaciones de inteligencia del país, estableciendo canales formales de coordinación entre distintas instituciones del Estado.
El CIES coordina siete subsistemas de inteligencia, desde el militar hasta el tributario, y tiene la facultad de ejecutar operaciones estratégicas y tácticas. Además, puede emitir directrices vinculantes para las entidades públicas involucradas en actividades de recolección y análisis de información, fortaleciendo así una estructura centralizada de mando.
Uno de los puntos más polémicos es el acceso a información de ciudadanos sin orden judicial. La ley permite solicitar datos a empresas telefónicas y personas naturales o jurídicas, incluyendo geolocalización, conexiones digitales y registros técnicos. Este acceso puede realizarse incluso de manera preventiva, lo que ha generado preocupación entre sectores defensores de los derechos digitales.
También se autorizó el uso de técnicas encubiertas como la creación de identidades falsas y la mimetización social. Estas prácticas abarcan la infiltración en redes sociales y la participación activa en comunidades virtuales para obtener información. Estas facultades, según expertos, podrían poner en riesgo la privacidad y los derechos civiles si no se aplican con controles claros y mecanismos de rendición de cuentas.
