El presidente Daniel Noboa presentó un proyecto de ley clave para combatir las economías criminales, enmarcado en el contexto del conflicto armado interno y la creciente presión social por medidas firmes frente al avance del crimen organizado. La iniciativa, enviada con carácter de económico urgente, ha generado una fuerte resistencia desde la bancada del correísmo, que insiste en desacreditar el enfoque del Ejecutivo y acusa al Gobierno de utilizar el conflicto como pretexto para implementar medidas autoritarias.
Los asambleístas de Revolución Ciudadana han expresado su rechazo en redes sociales, argumentando que medidas como los allanamientos sin orden judicial y los indultos para Fuerzas Armadas serían regresivos y atentarían contra los derechos fundamentales. Además, han cuestionado la constitucionalidad del proyecto, advirtiendo que podría sentar un precedente peligroso en el uso del poder estatal. Sin embargo, el proyecto busca fortalecer la acción del Estado frente a la violencia criminal que afecta al país, que en los últimos años ha alcanzado niveles alarmantes de homicidios, extorsiones y control territorial por parte de mafias.
La legisladora Paola Cabezas denunció posibles abusos, mientras que otros como Fernando Cedeño y Liliana Durán minimizaron la urgencia de la ley, argumentando que existen mecanismos legales suficientes sin necesidad de reformas tan drásticas. Desde su perspectiva, se trata de un "retroceso democrático". No obstante, el proyecto responde a una demanda social creciente de orden y seguridad, especialmente en zonas más afectadas por el narcotráfico y la violencia, donde los ciudadanos exigen respuestas inmediatas y eficaces del Estado.
