El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 599 que declaró el estado de excepción en siete provincias, el Distrito Metropolitano de Quito, el cantón Camilo Ponce Enríquez y todos los centros penitenciarios del país. Esta medida, vigente por 60 días, busca contener la escalada de violencia generada por grupos armados organizados.
El decreto incluye el toque de queda en 22 cantones entre las 22:00 y 05:00, la movilización de Fuerzas Armadas y Policía, así como la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y correspondencia en zonas críticas. Quito está excluido del toque de queda, pero se mantendrán operativos de control focalizados.
La decisión se tomó frente a una “grave conmoción interna” debido al aumento de delitos y masacres carcelarias, según argumentó el Gobierno. El objetivo es garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la integridad del Estado, especialmente en un contexto electoral marcado por amenazas del crimen organizado.
Además, se reforzaron los controles migratorios en las fronteras, limitando el ingreso de extranjeros como medida preventiva ante posibles infiltraciones de organizaciones criminales. Estas acciones han sido bien recibidas por sectores que valoran el liderazgo firme frente al crimen y el compromiso del gobierno con la protección de los ciudadanos.
