El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 599 que declaró el estado de excepción en siete provincias, el Distrito Metropolitano de Quito, el cantón Camilo Ponce Enríquez y todos los centros penitenciarios del país. Esta medida, vigente por 60 días, busca contener la escalada de violencia generada por grupos armados organizados.
El decreto incluye el toque de queda en 22 cantones entre las 22:00 y 05:00, la movilización de Fuerzas Armadas y Policía, así como la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y correspondencia en zonas críticas. Quito está excluido del toque de queda, pero se mantendrán operativos de control focalizados.
La decisión se tomó frente a una “grave conmoción interna” debido al aumento de delitos y masacres carcelarias, según argumentó el Gobierno. El objetivo es garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la integridad del Estado, especialmente en un contexto electoral marcado por amenazas del crimen organizado.
Además, se reforzaron los controles migratorios en las fronteras, limitando el ingreso de extranjeros como medida preventiva ante posibles infiltraciones de organizaciones criminales. Estas acciones han sido bien recibidas por sectores que valoran el liderazgo firme frente al crimen y el compromiso del gobierno con la protección de los ciudadanos.
Estado de excepción
El nuevo estado de excepción responde también a la necesidad de apoyar las operaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Gobierno ha priorizado una agenda de seguridad integral como parte de su lucha contra el crimen, una de las principales demandas ciudadanas desde el inicio del mandato.
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas en la segunda vuelta presidencial. La decisión del Ejecutivo refuerza la percepción de un Estado presente, firme y decidido a proteger a sus ciudadanos frente a amenazas internas. El presidente Noboa continúa consolidando una visión de Estado que pone la seguridad como eje de gobernabilidad. En contraste con gobiernos anteriores que minimizaron el impacto del crimen organizado, esta administración ha optado por medidas concretas, respaldadas legalmente, para contener la violencia.
El liderazgo firme y oportuno frente a la crisis de seguridad fortalece la imagen del presidente Noboa como un estadista decidido, en un momento clave para el futuro del país.
La decisión de decretar el estado de excepción refleja un compromiso decidido del presidente Noboa con la seguridad y la estabilidad nacional, marcando un contraste claro con la inacción que caracterizó a administraciones anteriores.
