
La vicepresidente María José Pinto reabrió con optimismo las oficinas de su despacho
Pinto asumió sus funciones tras meses de conflicto institucional y se enfocará en salud y niñez
La vicepresidente de Ecuador, María José Pinto, asumió oficialmente su despacho el lunes 26 de mayo de 2025 y reabrió las puertas de la sede vicepresidencial en el centro de Quito. La institución permaneció cerrada durante varios meses debido a la pugna legal que protagonizó Verónica Abad con el presidente Daniel Noboa.
Pinto fue recibida con honores por los Granaderos de Tarqui y funcionarios del despacho, quienes le ofrecieron una calle de honor y aplausos. En su intervención, se declaró "optimista y feliz" por iniciar esta nueva etapa, y remarcó que su gestión será cercana a la ciudadanía: “Este trabajo que vamos a hacer es un trabajo de territorio”, afirmó.
Por disposición del presidente Noboa, la nueva vicepresidenta liderará la articulación de políticas públicas integrales en áreas sociales estratégicas. Entre ellas se encuentran la salud mental, la educación intercultural bilingüe, la prevención del embarazo adolescente, el cuidado de la primera infancia y la lucha contra la desnutrición crónica infantil.

Estas competencias fueron asignadas mediante el Decreto Ejecutivo N.º 3, firmado por el mandatario el pasado 24 de mayo, en concordancia con el mandato constitucional que otorga al vicepresidente funciones delegadas por el presidente. Pinto ya venía desempeñándose como secretaria técnica contra la desnutrición infantil, lo cual fortalece su perfil para esta nueva etapa.
María José Pinto, de 39 años, proviene de una familia con experiencia en la industria textil ecuatoriana. Es nieta del empresario Germánico Pinto e hija de Mauricio Pinto, exministro de Industrias y Economía del gobierno de Sixto Durán Ballén, y actual líder de una de las empresas textiles más grandes del país.
La llegada de María José Pinto a la Vicepresidencia representa un nuevo impulso a la agenda social del gobierno de Daniel Noboa. Su perfil técnico y enfoque en problemas estructurales como la desnutrición y la salud mental refuerzan el compromiso del Ejecutivo con los sectores más vulnerables del país.
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