Los republicanos denuncian que las reglas climáticas de Newsom han elevado costos en el transporte y encarecieron productos para familias de todo EEUU.
Una regulación ambiental de California impulsada durante la administración del gobernador demócrata Gavin Newsom está en el centro de una batalla legislativa en Washington, donde un congresista republicano busca eliminar una medida que funciona como un ''impuesto climático oculto'' sobre el transporte marítimo y termina elevando los precios que pagan los consumidores de todo el país.
La norma, conocida como ''Vessel At Berth'', fue autorizada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en 2020, durante el mandato de Newsom, y permite a la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) imponer estrictos requisitos a determinados barcos que permanecen atracados en los puertos del estado.
El representante republicano Vince Fong, de California, lidera ahora un proyecto de ley destinado a retirar la autorización federal que permite a California aplicar estas reglas. Su argumento es que el esquema ambiental no solo afecta a las compañías navieras, sino que genera costos adicionales que terminan trasladándose a empresas y familias de todo Estados Unidos.
El gobernador comunista de California, Gavin Newsom, impulsa un proyecto para cobrar impuestos a los buques mientras se encuentran amarrados en los puertos estatales
La regulación exige que determinados buques de gran tamaño apaguen sus motores diésel cuando están atracados y utilicen una estrategia aprobada por California para reducir sus emisiones. Entre las alternativas está conectarse a la red eléctrica del puerto o recurrir a otros sistemas de energía.
El problema, según Fong, es que no todos los puertos cuentan actualmente con la infraestructura necesaria para que los barcos puedan cumplir fácilmente con estas exigencias. Los operadores que no cumplen pueden enfrentarse a multas de decenas de miles de dólares, costos que el congresista considera injustificados y perjudiciales para la economía.
Fong describe estas sanciones como un ''impuesto climático oculto'' porque, aunque California no cobre directamente ese dinero a los consumidores, los costos adicionales pueden incorporarse al precio del transporte marítimo. Las empresas navieras pueden trasladar esos gastos a importadores y distribuidores, quienes a su vez pueden repercutirlos en los precios finales.
''Es un enorme impuesto climático oculto que se está imponiendo a cada barco que entra en California'', afirmó Fong. El republicano destacó que los puertos del estado procesan más del 40% de todos los contenedores que ingresan a Estados Unidos, por lo que considera que las consecuencias de la regulación trascienden ampliamente las fronteras de California.
El congresista republicano Vince Fong impulsa un proyecto para retirar la autorización que California dispone para cobrar las alícuotas climáticas
El congresista señaló que el impacto puede sentirse en productos cotidianos. Las mercancías adquiridas a través de Amazon, los artículos que pequeñas empresas compran para sus establecimientos, los productos que llegan a los supermercados y hasta el combustible pueden depender, directa o indirectamente, del transporte marítimo.
''Cuando agregas costos adicionales a nuestro sistema de transporte y a nuestra red de envíos, esos costos repercuten en toda la cadena de suministro'', sostuvo Fong.
Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, ambos en California, se encuentran entre los principales centros de tráfico marítimo de Estados Unidos. Debido al enorme volumen de mercancías que atraviesan estas instalaciones, cualquier aumento en los costos de operación puede tener efectos en empresas y consumidores situados fuera del estado.
El gobierno de Donald Trump cuestionó la normativa y solicitó al congreso estadounidense impulsar una normativa similar a la de Fong
Los críticos de Newsom consideran que el caso demuestra cómo las ridículas políticas ambientales de California pueden tener consecuencias económicas nacionales. Según este argumento, Sacramento puede establecer regulaciones particularmente estrictas para combatir las emisiones, pero los costos derivados de esas políticas no necesariamente permanecen dentro del estado.
La administración Trump también cuestionó la normativa. En julio de 2026, el gobierno solicitó al Congreso iniciar una revisión de la autorización federal que permitió a California implementar el programa. El proyecto de Fong busca avanzar precisamente en esa dirección y limitar la capacidad del estado para mantener la regulación.
El republicano también advierte que mantener el esquema podría establecer un precedente para otros estados. Si California puede obtener autorización federal para imponer requisitos propios a los barcos que utilizan sus puertos, otras jurisdicciones podrían intentar adoptar medidas similares.
''Si ellos pueden hacerlo, nosotros también podemos'', advirtió Fong al explicar el riesgo de que el modelo se extienda. Según el congresista, una proliferación de normas estatales diferentes podría obligar a las compañías navieras a asumir mayores costos y multiplicar las cargas sobre la cadena logística nacional.
Por otro lado, el senador de Alaska Dan Sullivan impulsará una legislación similar, tras afirmar que los impuestos climáticos de Newsom se trasladan a los precios y el costo de vida en otros estados
El senador republicano Dan Sullivan, de Alaska, presentó una iniciativa similar en el Senado. Sullivan afirmó que las familias de su estado también terminan pagando cuando California establece nuevos mandatos que afectan al transporte marítimo.
La ofensiva contra la regulación llega mientras el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de los estadounidenses y un tema central de cara a las elecciones de medio mandato. Para Fong y sus aliados, el debate no se limita a las emisiones de los barcos: se trata de determinar quién termina pagando el precio de las políticas ambientales de California.
