La administración Trump también cuestionó la normativa. En julio de 2026, el gobierno solicitó al Congreso iniciar una revisión de la autorización federal que permitió a California implementar el programa. El proyecto de Fong busca avanzar precisamente en esa dirección y limitar la capacidad del estado para mantener la regulación.
El republicano también advierte que mantener el esquema podría establecer un precedente para otros estados. Si California puede obtener autorización federal para imponer requisitos propios a los barcos que utilizan sus puertos, otras jurisdicciones podrían intentar adoptar medidas similares.
''Si ellos pueden hacerlo, nosotros también podemos'', advirtió Fong al explicar el riesgo de que el modelo se extienda. Según el congresista, una proliferación de normas estatales diferentes podría obligar a las compañías navieras a asumir mayores costos y multiplicar las cargas sobre la cadena logística nacional.
El senador republicano Dan Sullivan, de Alaska, presentó una iniciativa similar en el Senado. Sullivan afirmó que las familias de su estado también terminan pagando cuando California establece nuevos mandatos que afectan al transporte marítimo.
La ofensiva contra la regulación llega mientras el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de los estadounidenses y un tema central de cara a las elecciones de medio mandato. Para Fong y sus aliados, el debate no se limita a las emisiones de los barcos: se trata de determinar quién termina pagando el precio de las políticas ambientales de California.
