El comunista George Soros financió campañas que podrían liberar a peligrosos asesinos en Nueva York

La controversia gira en torno a dos proyectos de ley: el ''Proyecto de Libertad Condicional para Ancianos'' y el ''Proyecto de Libertad Condicional Justa y Oportuna''. El primero permitiría que reclusos mayores de 55 años soliciten audiencias de libertad condicional después de haber cumplido al menos 15 años de prisión, incluso en casos de delitos violentos. El segundo obligaría a la junta de libertad condicional a evaluar principalmente si un preso representa un peligro actual para la sociedad, en lugar de enfocarse en la gravedad original del crimen cometido.

Los defensores de estas iniciativas sostienen que miles de personas permanecen encarceladas bajo condenas excesivamente largas producto de leyes aprobadas durante décadas de políticas ''mano dura''. Según la campaña izquierdista, el sistema penitenciario de Nueva York arrastra problemas de ''discriminación racial y castigos desproporcionados'' que afectan principalmente a minorías y sectores vulnerables.

Sin embargo, los críticos consideran que las propuestas representan una amenaza directa para la seguridad pública. Legisladores conservadores, asociaciones de víctimas y ex-integrantes de las fuerzas de seguridad sostienen que las reformas podrían facilitar la liberación de criminales condenados por asesinatos particularmente brutales.

Uno de los casos más mencionados es el de David Berkowitz, conocido como el asesino serial ''Hijo de Sam'', responsable de una serie de ataques cometidos en Nueva York entre 1976 y 1977 que dejaron seis muertos y varios heridos. Berkowitz, actualmente de 72 años, cumple una condena de 25 años a cadena perpetua en la prisión de Shawangunk y ya fue rechazado en 12 pedidos de libertad condicional. Sus detractores temen que, bajo las nuevas leyes, criminales de este perfil puedan tener mayores posibilidades de recuperar la libertad.

También aparecen mencionados otros nombres notorios, como Mark David Chapman, asesino del músico John Lennon en 1980, y David McClary, condenado por el asesinato del policía neoyorquino Edward Byrne en 1988. Para sectores conservadores, la posibilidad de que individuos responsables de crímenes tan graves accedan a beneficios penitenciarios evidencia el carácter ''extremo'' de las reformas.

El multimillonario de ultra-izquierda George Soros volvió a quedar en el centro de la polémica política en Estados Unidos tras revelarse que organizaciones financiadas por su red de fundaciones han destinado millones de dólares a grupos que promueven una controvertida reforma del sistema de libertad condicional en el estado de Nueva York.

Los críticos advierten que las iniciativas podrían abrir la puerta a la liberación anticipada de asesinos condenados y otros criminales violentos, mientras que los impulsores de los proyectos sostienen que buscan corregir ''excesos del sistema penitenciario'' y dar oportunidades de reinserción a presos rehabilitados.

De acuerdo con registros de ''Open Society Foundations'', la red de organizaciones vinculadas a Soros habría entregado más de 7 millones de dólares desde 2016 a ocho grupos que forman parte de la coalición ''La Campaña Popular por la Libertad Condicional''. Aunque el dinero no fue canalizado directamente hacia la campaña legislativa, sí habría fortalecido económicamente a las organizaciones que impulsan las reformas en Albany, capital del estado de Nueva York.

Entre las entidades beneficiadas figura ''FWD.us'', organización fundada en 2013 por Mark Zuckerberg y otros empresarios de Silicon Valley para promover reformas migratorias y judiciales. Según los registros citados, ''FWD.us'' habría recibido alrededor de 3,2 millones de dólares provenientes de la red de Soros. Otros grupos favorecidos incluyen ''VOCAL Nueva York'', ''Sociedad de Ayuda Legal'', ''El Centro Para Comunidades Alternativas'', ''Liberar a los Ancianos en Prisión'' y ''La Unión de las Libertades Civiles de Nueva York'', todos vinculados a iniciativas de reforma penal y derechos civiles.

Las críticas hacia Soros fueron especialmente duras. Douglas Kellogg, representante del grupo conservador Estadounidenses por la Reforma Impositiva, acusó a las organizaciones financiadas por el magnate de impulsar políticas alejadas del sentido común y de contribuir al deterioro de la seguridad en Nueva York. Según Kellogg, las propuestas reflejan una agenda ideológica que prioriza los derechos de los delincuentes por encima de las víctimas y de los ciudadanos comunes.

Soros ha invertido decenas de millones de dólares en apoyar fiscales progresistas y candidatos favorables a reformas judiciales en diferentes estados del país. Esas campañas han contribuido a la expansión de políticas blandas con el crimen, reduciendo condenas y limitando la capacidad de las autoridades para combatir la delincuencia.

Otro de los cuestionamientos apunta al enorme peso financiero de figuras multimillonarias dentro del debate político estadounidense. Fuentes policiales citadas sostienen que familias de víctimas, detectives y agentes de seguridad carecen de recursos comparables para hacer escuchar sus posiciones frente al poder económico de grandes donantes y organizaciones activistas.

Mientras tanto, la gobernadora demócrata Kathy Hochul evitó pronunciarse claramente sobre si vetaría los proyectos en caso de ser aprobados por la Legislatura estatal. Aunque ambas iniciativas avanzaron en el Senado, todavía enfrentan dificultades para reunir respaldo suficiente en la Asamblea estatal.