El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, firmó este miércoles una nueva ley que amplía las facultades del estado para perseguir conductas monopólicas de empresas individuales, una medida presentada por los demócratas como una forma de proteger la competencia, pero cuestionada por organizaciones empresariales que advierten sobre mayores costos y una mayor incertidumbre jurídica.
La ''AB 1776'', conocida como ''COMPETE Act'', modifica la ''Ley Cartwright'', principal legislación antimonopolio de California. Hasta ahora, esta normativa se enfocaba principalmente en acuerdos entre dos o más compañías para fijar precios, limitar la producción u otras prácticas destinadas a restringir el comercio.
Con la nueva ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, únicamente el fiscal general de California o los fiscales de distrito podrán iniciar acciones contra una compañía individual por comportamiento monopólico. Los particulares no podrán presentar este tipo de demandas.
El demócrata Gavin Newsom amplió las facultades del estado para aplicar las leyes antimonopolio y generó críticas del sector empresarial
Para prosperar, los fiscales deberán demostrar que la empresa posee un ''poder sustancial de mercado''. Al mismo tiempo, la legislación establece que una compañía puede obtener y mantener legalmente una posición dominante cuando esta sea consecuencia de la superioridad de sus productos, servicios o capacidad empresarial.
La normativa también establece una excepción para pequeñas empresas. Quedan fuera de su alcance las compañías independientes con sede en California que tengan 100 empleados o menos y un promedio de ingresos anuales de hasta USD 10 millones.
Newsom defendió la legislación como parte de un esfuerzo para facilitar la actividad de los pequeños negocios y limitar prácticas que, según su administración, pueden excluir a emprendedores del mercado.
''California no se convirtió en la cuarta economía más grande del mundo por casualidad'', afirmó el gobernador, quien atribuyó parte del crecimiento estatal a los innovadores y empresarios que comenzaron pequeños negocios. Newsom sostuvo que la nueva legislación busca ''nivelar el campo de juego'', reducir obstáculos regulatorios y proteger la competencia.
El fiscal general de California y los fiscales de distrito serán los únicos autorizados para iniciar acciones por conductas monopólicas
La autora del proyecto, la líder de la mayoría demócrata en la Asamblea, Cecilia Aguiar-Curry, argumentó que la medida permitirá al Estado intervenir cuando una empresa deje de competir de manera justa y pueda aumentar precios sin controles derivados de la competencia.
Sin embargo, la Cámara de Comercio de California mantiene su oposición a la ley. El grupo empresarial sostuvo que la ''AB 1776'' es incompatible con la legislación antimonopolio federal y advirtió sobre sus posibles consecuencias para las compañías que operan en el estado.
La organización reconoció que los legisladores eliminaron varias de las disposiciones que consideraba más perjudiciales antes de aprobar la legislación. Según la Cámara, esas cláusulas habrían convertido muchas otras prácticas empresariales en potencialmente ilegales y podrían haber provocado una avalancha de demandas, cuyos costos terminarían trasladándose a los consumidores.
La Cámara también señaló que California ha aprobado cuatro nuevas leyes antimonopolio en los últimos dos años y pidió a los legisladores concentrarse en otros problemas que dificultan que el estado sea más asequible y próspero.
La líder demócrata de la Asamblea Estatal de California fue la impulsora del proyecto que ha suscitado durísimas críticas
Las críticas también encuentran un antecedente dentro de la propia administración de Newsom. El Departamento de Finanzas de California se había opuesto a una versión de agosto del proyecto y advirtió que permitir al Estado demandar a empresas individuales podría generar costos desconocidos, aunque potencialmente significativos, para investigar y procesar estos casos.
La nueva ley fue aprobada como parte de un paquete de medidas destinadas a los pequeños negocios. El conjunto también permitirá instalar comercios temporales en locales vacíos durante hasta 120 días, agilizar determinados permisos para edificios comerciales y permitir que restaurantes y bares continúen vendiendo cócteles para llevar.
